Saltando un muro perimetral y forzando la puerta de acceso a la cocina, dos delincuentes ingresaron a una casa ubicada en calle Cerro Providencia, en Las Condes. Al encontrarse con la asesora del hogar, de 78 años, los desconocidos la apuntaron con un arma y la encerraron en una pieza, para luego huir -sin dejar huellas- con un botín cercano a los $ 6 millones. Atracos de este nivel de violencia llevaron a que en 2011 se presentaran 111.330 denuncias (5.971 más que en 2010) ante el Ministerio Público. Pese al aumento de 6% de causas, las condenas contra los responsables bajaron en 19% comparado con 2010, según reveló un informe de la Fiscalía Nacional. A este antecedente se suma que el 87% de los denominados "robos violentos", es decir, casi nueve de cada 10 atracos, terminó sin el delincuente condenado. Si bien desde el gobierno ven con preocupación las cifras, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se encargó ayer de restarles dramatismo: "Vamos a conocer la encuesta (Enusc) en los próximos meses y vamos a tomar las medidas -de ser necesario- para corregir las políticas públicas que no estén funcionando bien". El tema fue tratado ampliamente en el comité de seguridad, en La Moneda, donde, además, se abordó la realidad de las comunas con mayor tasa de denuncias. El ranking lo lideró Santiago, con 19.602 casos; Providencia, con 11.597, y San Miguel, con 8.697 denuncias. "Caso a caso" Al buscar respuesta al problema, expertos coinciden en identificar fallas estructurales, que van desde alcanzar una persecución penal estratégica hasta mejorar las herramientas para identificar a los imputados desconocidos y revisar las causas que son archivadas por falta de información. Patricio Tudela, director del área de Análisis y Estudios de la Fundación Paz Ciudadana, dice que "sin duda hay un problema estructural, que debe ser abordado mejorando la gestión de la información y las competencias para el análisis criminal". Juan Ignacio Rosas, investigador de la Facultad de Derecho de la U. Mayor, agrega que "hay casos en que no hay ningún dato para identificar al responsable, y también ocurre que en estratos bajos hay gente que se siente amenazada y no sirve como testigo para algunas causas". Mauricio Duce, académico de la Facultad de Derecho de la U. Diego Portales, profundizó en el análisis, y explicó que un problema del sistema es investigar "caso a caso" y no privilegiando un análisis de inteligencia que permita detectar patrones comunes en delitos. "Cuando investigas buscando un patrón común, puedes esclarecer casos o realizar actividades de inteligencia para detectar si hay bandas operando. Hay ahí una debilidad, el sistema está en un enfoque caso a caso", dijo Duce. El académico entiende que este análisis está relacionado con las causas que terminan archivadas, y agrega que "el sistema probablemente está mandando a archivo algunos casos que no debiera, debiéramos tener un control más intenso de esas decisiones y un seguimiento de las mismas". La interpretación es compartida por Lucía Dammert, experta en seguridad, quien dijo que se debe pasar a una "política delictual 2.0", donde sabiendo que hay un déficit en la información recogida en los partes policiales, "no se puede sólo culpar a la policía. Lo único que puede servir es la persecución penal estratégica" que, a su juicio, implica que un fiscal busque patrones comunes con los casos que permanecen archivados sin antecedentes. Con ello, dijo, se pondrían nuevos antecedentes y se reactivan las causas.