Las políticas económicas seguidas por el gobierno de Cristina Fernández desafían muchas de las convicciones más profundas que tenemos la mayoría de los economistas. Remoción del presidente del Banco Central cuando se niega a traspasar seis billones de dólares en reservas al gobierno, expropiación de los fondos de pensiones con objeto de allegar más de cuatro billones de dólares cada año a las arcas fiscales, hostigamiento de medios opositores y de empresas extranjeras, fijación de precios, adulteración de cifras de inflación y crecimiento, y mucho más. Los textos elementales de economía, y también los más avanzados, sugieren que un escenario dominado por políticas como las anteriores llevará a poco crecimiento y bajo bienestar. Nada de eso ha sucedido con nuestros vecinos allende los Andes, que vienen creciendo como avión desde el 2003. Ya el 2005 habían sobrepasado los niveles de producción alcanzados antes de la crisis del 2001, y durante el período 2005-2010 crecieron a tasas anuales promedio en torno al 7%. Todo parece indicar, entonces, que estamos en presencia de un milagro económico, un país que crece rápido, con políticas que no se asocian con el desarrollo o el crecimiento económico, sino todo lo contrario. Desgraciadamente, no es así. Los efectos de corto plazo de las políticas transandinas, analizadas una a una, no son grandes. Pero los efectos negativos se acumulan y, con el tiempo, su efecto llega a ser importante. No tener datos oficiales confiables de inflación imposibilita contratos indexados en pesos, lo cual encarece la provisión de ciertos bienes y servicios (por ejemplo, viviendas). Las distorsiones que esto crea seguramente cuestan unas décimas de producto cada año, no más. Expropiar los ahorros previsionales llevará a tasas de ahorro menores, con una fuga de capitales importante, pero mientras sigan altos los precios internacionales de la soya y otras exportaciones, bastará con gravar esos ingresos y no se notará mayormente. Nuevamente, algunas décimas de producto perdidas y no mucho más. Que el gobierno ejerza presión sobre inversionistas extranjeros para que vendan sus empresas a empresarios locales de su confianza, que se persiga judicialmente a gerentes de empresas extranjeras, de seguro reduce la inversión extranjera, pero los efectos toman años en manifestarse con fuerza, por lo cual, por el momento, sólo unas décimas adicionales de menor producción. Que el gobierno haya decidido mantener artificialmente bajos los precios de la energía, remunerando de manera apropiada sólo las nuevas inversiones, ha llevado a que las inversiones más recientes sean en tecnologías menos eficientes, como la térmica, pero donde las inversiones que pueden ser expropiadas son menores. En el corto plazo, el precio promedio de la energía se mantiene bajo, debido a precios artificialmente bajos para inversiones antiguas, mientras que en el largo plazo cae la productividad y, eventualmente, el precio de la energía será mucho más alto de lo que hubiese sido con políticas apropiadas. Por el momento, ni siquiera unas décimas de producto perdido. Que se haya producido un notable deterioro del nivel profesional en el sector público, donde operadores políticos o intelectuales poco sofisticados -aún recuerdo al regulador del sector eléctrico que argumentó que la competencia en dicho sector no es posible, porque todos los electrones son iguales- han reemplazado a profesionales con calificaciones técnicas, probablemente conlleva un deterioro importante del desarrollo y crecimiento. Pero casi nadie se percata. Si tomamos el efecto combinado de las políticas anteriores, estamos hablando, seguramente, de un par de puntos del producto perdidos cada año luego de un período inicial en que ni siquiera esto es obvio. Nada dramático ni notorio mientras duren los precios altos de las exportaciones argentinas. Y como las políticas seguidas han permitido a la Presidenta Fernández beneficiar, al menos en el corto plazo, a grupos importantes de electores, lo más probable es que la Señora K sea reelegida con una sólida mayoría. Cabe preguntarse por qué los electores no dan suficiente peso a los costos de mediano y largo plazo de las políticas de gobierno. Puede ser que sean cortoplacistas, pero, a mi juicio, el factor clave, especialmente en países ricos en recursos naturales, es otro. Los votantes se equivocan sistemáticamente al asignar la responsabilidad de los vaivenes de la economía. Cuando la economía crece, dan más mérito al gobierno del que realmente tiene, cuando hay recesiones, culpan al gobierno más de lo que corresponde. En este contexto, y dados las enormes fluctuaciones de precios de las exportaciones de la mayoría de los países en América Latina, se tiene un escenario propicio para políticas populistas. Al final, sin embargo, el efecto cumulativo de políticas que no promueven el crecimiento se hace patente. Hace 25 años, el poder adquisitivo promedio de los argentinos más que duplicaba aquel de los chilenos, hoy son prácticamente iguales. Al paso que vamos, en algunas décadas habremos dejado atrás a nuestros vecinos, si no en el fútbol, al menos en materia de crecimiento y desarrollo.