Pamela Sánchez (31) vive en La Pintana. Trabaja como vendedora en una tienda de zapatos y su sueldo de $ 176 mil sólo le alcanza para mantener a sus tres hijos. En la comuna de Providencia vive y trabaja como dentista Emilia Rodríguez (34), en cuya consulta -ubicada en la misma comuna- puede ganar hasta $ 1.500.000 al mes. Ambas mujeres representan la realidad de Providencia y La Pintana. Los dos municipios son ejemplos del Santiago del sector oriente y del poniente: Providencia cuenta con US$ 1.000 para invertir por habitante al año (son más de 120.000), casi 13 veces más que los US$ 80 anuales per cápita de La Pintana (aquí hay más de 190.000 habitantes), según una investigación del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC, que revela el origen de las diferencias sociales que dividen al Gran Santiago. Según explica el académico y autor del estudio, Arturo Orellana, la desigualdad se incuba a partir de las capacidades y recursos disponibles de las comunas, lo que genera un círculo vicioso para las pobres y uno virtuoso para las ricas. "La población de los municipios ricos tiene satisfechas sus demandas en gran medida. Por eso, tienen más margen para invertir en otros ámbitos, fundamentalmente, en el mejoramiento del entorno, que se expresa en más y mejor planificación y proyectos de espacio público y de equipamiento urbano. Y si se puede mejorar el entorno, se potencian los atractivos de las comunas para la inversión privada. Además, si se considera que sólo un 10% del presupuesto de estos municipios depende del aporte del Fondo Común Municipal (FCM), eso les da un amplio margen para invertir en proyectos que les reportan más desarrollo y actividad a partir de recursos propios, como tranvías, un mejor diseño frente a extensión del Metro, entre otras", explica. La otra cara En la vereda opuesta, señala Orellana, "los municipios pobres dependen en más del 60% del FCM y no tienen capacidad de generar muchos recursos propios. Por eso, van alojando las externalidades negativas de la globalización como cárceles, terminales de transporte, industrias peligrosas, vertederos o autopistas en superficie. De esa forma, entran en decadencia y no ofrecen posibilidades de crecimiento con mejor calidad de vida a sus habitantes", indica el académico, y añade que el gobierno regional cuenta con un presupuesto de sólo US$ 150 millones al año para complementar los recursos de los municipios más carenciados. A juicio del investigador, el modelo de desarrollo urbano y territorial que sigue Santiago hace que la desigualdad siga incubándose. Por eso, propone un nuevo diseño institucional, semejante al de un alcalde mayor, con competencias para articular la planificación y gestión de la ciudad. Al respecto, el intendente de la Región Metropolitana, Fernando Echeverría, asegura que más del 90% de los recursos de la región se invierte en municipios carenciados. "Más que un alcalde mayor, con la organización institucional vigente existe una buena coordinación con los 52 municipios de la región. Tenemos que cubrir mayores brechas en las comunas más carenciadas, pero en el sector oriente también hay focos de pobreza como Lo Barnechea, una de las que tiene más campamentos. Santiago, por otra parte, tiene un per cápita del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de $ 8.152, el más bajo del país, y estamos trabajando en mejorar esa situación", explica.