EL PROBLEMA mapuche hunde sus raíces en nuestra historia de un modo tan profundo y tenaz, que nadie hace muchos esfuerzos por hacerse cargo de él. De alguna forma, nos excede a todos, pues toca inescrutables honduras de nuestra vida colectiva. No puede explicarse de otra manera que Edmundo Pérez Yoma pueda decir, sin arrugarse, que el problema mapuche no representa un fracaso de la Concertación pues, explica, se trata de "una deuda del Estado chileno", como si los gobiernos no estuvieran para resolver dificultades de ese calado. Nos preocupamos sólo de los pequeños problemas, pero no de los importantes, podría haber dicho también el ex ministro, si hubiera querido parafrasear a Barros Luco. El panorama no es muy estimulante, considerando que las coaliciones que duran 20 años en el poder son más bien escasas en nuestra historia, por lo que no sería raro que en 100 años más estemos empantanados en el mismo lugar. Durante dos decenios la Concertación aplicó dosis variables de populismo, entrega de tierras y discrecionalidad política, paseándose entre la negación del conflicto y el anuncio de diversos planes efectistas, pero poco efectivos. Como resultado, tuvimos derecho a un sistema clientelista que no parece haber contribuido a mejorar sustancialmente las cosas. En rigor, habría que decir que pese a su cercanía genética con el tema, la Concertación avanzó poco y nada, prefiriendo siempre el camino corto a las soluciones de largo plazo. Para peor, tampoco cabe esperar mucho más de la derecha, por una razón muy simple: nunca ha creído en la existencia de la dificultad. Para ella, la cuestión se reduce, en el mejor de los casos, a un problema tecnocrático y, en el peor, a un mero conflicto de seguridad pública. La derecha chilena no ha desarrollado una reflexión sobre este tema, y la verdad es que no es un trabajo que se pueda improvisar en algunos días, pues aquí no hay atajos. El desafío consiste en crear sistemas de integración capaces de preservar la identidad mapuche, lo que no es fácil. Por cierto, el asunto tiene aun más aristas: los mapuches se enfrentan a un problema de representatividad y de definición. Al fin y al cabo, no sabemos quiénes pueden ser considerados mapuches ni cómo se dotan de organizaciones legítimas que eviten la manipulación por parte de minorías activas. Por de pronto, el tema se está yendo de las manos, y en su constante improvisación el gobierno incluso se vio obligado a cambiar su doctrina respecto de la Iglesia: si hace pocas semanas los sacerdotes debían encerrarse en sus parroquias, hoy el oficialismo cruza los dedos para que la mediación eclesiástica tenga éxito. Y aunque el gobierno no parece dispuesto a negociar bajo presión, parece aun menos dispuesto a permitir un desenlace fatal, y en esa absurda prueba de fuerza los huelguistas parecen tener la mejor carta. Y si acaso las cosas se agravan, nos veremos enfrentados al difícil dilema de la alimentación forzada, donde la colusión de derechos es casi insoluble. En cualquier caso, supongo que todos aquellos que defendieron con fervor la irrenunciabilidad del derecho a los feriados abogarán con el mismo fervor por la irrenunciabilidad del derecho a la vida. Digo, por un mínimo de coherencia.