Alrededor de las 13 horas de ayer, los titulares de Energía, Economía y Medio Ambiente ingresaron por la puerta norte de La Moneda y enfilaron rumbo a la oficina del ministro del Interior. La reunión de Rodrigo Hinzpeter con Juan Andrés Fontaine, Ricardo Raineri y María Ignacia Benítez no era casual. Los secretarios de Estado se reunieron para analizar la "zonificación" que hará el gobierno para que futuros proyectos energéticos no afecten áreas protegidas, reservas naturales y monumentos de la naturaleza. Cinco días después que Sebastián Piñera pidiera a la firma Suez Energy relocalizar la termoeléctrica Barrancones -que originalmente debía instalarse a 25 kilómetros de Punta de Choros-, la gestión que realizó el Presidente seguía siendo el principal tema de debate en La Moneda. Prueba de ello es que el propio Mandatario, en un gesto inédito, irrumpió en la tradicional reunión de comité político -que reúne a los ministros políticos con los dirigentes de la Alianza- , para explicar los motivos de su intervención. Durante su comparecencia -que se prolongó por alrededor de 20 minutos- Piñera reiteró lo que había dicho a primera hora del día en el Encuentro Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa: que cumplió con su deber al proteger a un santuario de la naturaleza. Y fue particularmente enfático al subrayar que actuó conforme a derecho, saliendo al paso de la molestia del mundo empresarial y de los dichos del senador UDI Jovino Novoa, quien sostuvo que su gestión se produjo "al margen de la institucionalidad". La exposición de Piñera abrió el debate dentro del comité político. El presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, le preguntó qué ocurriría con otros proyectos termoeléctricos que enfrenten manifestaciones de rechazo. Su respuesta fue taxativa: la solicitud de relocalizar Barrancones fue una "excepción", fijando una idea que fue replicada por la Alianza y los ministros Raineri, Ena von Baer y Cristián Larroulet. En La Moneda, aseguran que los mensajes que transmitió ayer Piñera no sólo buscan aplacar los cuestionamientos surgidos en sectores de la Alianza y representantes del sector privado. También, pretenden contener los crecientes reclamos por el emplazamiento de otras centrales. En Palacio han tomado nota de las manifestaciones en contra de la construcción de la termoeléctrica Castilla, en la Tercera Región, y de la hidroeléctrica Alto Maipo, en Santiago. Sin embargo, aseguran que tras su resolución en Barrancones, Piñera adquirió capital político para aprobar otros proyectos controversiales en un futuro próximo. Este escenario coincide con lo que el propio Mandatario ha señalado en privado, en cuanto a que no cederá a presiones de grupos de poder, parlamentarios u organizaciones medioambientales. En el comité político de ayer, el senador UDI Hernán Larraín le planteó al Presidente la situación de la termoeléctrica Los Robles, proyecto que pretende instalarse cerca de un área protegida en la Séptima Región. El Mandatario no hizo alusión particular a esa iniciativa, aunque recalcó que su decisión respecto de Barrancones fue una excepción. Mala señal Las señales enviadas ayer por Piñera fueron recibidas de distinta forma por el mundo empresarial. "Puede ser un hecho aislado y no un precedente permanente. El Presidente no puede tomar dos veces este tipo de decisiones", dijo el consejero del SEP y director de empresas, Rafael Aldunate. Para el presidente de Edelpa y ex presidente de la Sofofa, Fernando Agüero, la decisión fue "particular". "Espero que el Presidente y el gobierno pronto dé curso a la aprobación de otra central termoeléctrica", dijo. Para Luis Schmidt, ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, el problema es de normativa. "Hay una institucionalidad que no corrige esta situación y esperamos que la nueva institucionalidad sí lo haga", dijo. En tanto, Larroulet reforzó la postura de La Moneda y dijo que "se puede compatibilizar perfectamente la inversión energética y el cuidado del medioambiente".