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Opinión / Pág. 29

Uso de gas lacrimógeno en protestas violentas

El Ejecutivo parece haber actuado de manera apresurada, sin mayores antecedentes que justifiquen su decisión.

EL GOBIERNO ha decidido suspender el uso de gases lacrimógenos para controlar manifestaciones violentas a la espera de que el Ministerio de Salud realice estudios sobre los niveles de toxicidad de esos elementos, a fin de determinar si tienen efectos nocivos permanentes en la salud de las personas.
La medida, que priva a la policía de un mecanismo para dispersar a grupos de personas cuando las protestas callejeras se salen de control, podría haber sido analizada más a fondo, pues no se han presentado pruebas de daños mayores, más allá de situaciones puntuales que, según expertos médicos, pueden afectar a personas con cuadros específicos. Se trata de los mismos productos usados durante años por la fuerza pública, cuyos voceros han explicado que se ajustan a un estándar internacional y son adquiridos a empresas certificadas. El gobierno ha reaccionado ante los comentarios surgidos a raíz de un artículo en un diario español que cita a una sola fuente (un doctor de la U. de Chile) y alude a “investigaciones científicas” que no especifica, así como a acusaciones de manifestantes recogidas por la TV durante las protestas del sábado pasado contra el proyecto HidroAysén.
La señal del Ejecutivo es cuestionable en tres niveles. A Carabineros envía el mensaje de que están en duda algunos de los mecanismos que usa para el control de manifestaciones violentas, y de que ha estado usando productos que dañan la salud de la gente, cuando su objetivo es proteger el orden y la seguridad pública y ha actuado dentro del marco legal. Los policías tienden así a sentir cuestionada su labor y menoscabado su profesionalismo ante la opinión pública, fenómeno que ya ocurrió en el pasado y que este gobierno prometió corregir. Peor aun cuando el ministro del Interior expresa que la suspensión del uso de lacrimógenos “representa más respeto hacia los manifestantes”. En un segundo nivel, los grupos que acuden a las manifestaciones con intención de realizar desmanes están informados de que ésta contará con un elemento menos para enfrentarlos, lo que en la práctica bien puede alentar conductas violentas. Ayer se inauguró la nueva política en una protesta en un campus universitario de Santiago, donde hubo 10 policías heridos tras tres horas de enfrentamientos con encapuchados. Más lógico sería prevenir el eventual mal uso de estas herramientas que prohibir la herramienta en sí.
Finalmente, la ausencia de gases lacrimógenos bien podría terminar propiciando enfrentamientos más intensos, en el caso de verse la policía obligada a repeler los ataques de manera más directa, incluso a chocar de frente con los manifestantes. Paradójicamente, entonces, el peligro para éstos podría ser mayor. Es de esperar que las manifestaciones ya anunciadas con ocasión del discurso presidencial del 21 de mayo se desenvuelvan en medio de un clima pacífico, como una forma legítima de expresión ciudadana. En el lamentable caso de que eso no ocurra, la  decisión del gobierno respecto de los gases lacrimógenos arriesga con hacer menos manejables para la policía esas protestas.
El Ejecutivo parece haber actuado de manera apresurada en un tema relevante y sin mayores antecedentes que lo justifiquen, exhibiendo una debilidad que puede resultar contraproducente para lograr que el ejercicio de la libertad de manifestarse se dé en un marco civilizado y de respeto a los derechos de los demás.