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Opinión / Pág. 70

Militares a la vista

EL NOMBRAMIENTO de Cheyre en el Servel no es sorprendente. Se ha recurrido a lógicas de cuoteo corporativo para nombramientos en organismos colegiados estatales otras veces, esté o no contemplada en las bases de dichos entes una representación funcional de ese tipo. La ley sólo obliga a que los consejeros del Servel no tengan vinculación […]

EL NOMBRAMIENTO de Cheyre en el Servel no es sorprendente. Se ha recurrido a lógicas de cuoteo corporativo para nombramientos en organismos colegiados estatales otras veces, esté o no contemplada en las bases de dichos entes una representación funcional de ese tipo. La ley sólo obliga a que los consejeros del Servel no tengan vinculación política expresa (“no podrán estar afiliados a partidos políticos mientras ejerzan su cargo”), pero ¿y las filiaciones implícitas? Es decir, ¿es éste un nombramiento político y, si lo es, de qué tipo? ¿Qué tienen que ver los militares con las elecciones? Uno tendería a pensar que nada, aunque ¿no será ésta una vieja historia y lo único sorprendente es que algunos se sorprendan?


Intervenciones castrenses en elecciones vienen produciéndose desde la Independencia (en su momento hubo acarreo vía milicias, hoy se habla de “voto” y “mesas” militares). Desde el gobierno de Juan Antonio Ríos los militares ejercen el rol de “garantes electorales”, inicialmente para frenar riñas entre bandas de cohecho. Vaya a saber uno por qué después que ello se resolviera se ha seguido votando en medio de guardias armadas, a no ser que el asunto siempre haya sido turbio. La Constitución de 1925, es bien sabido, fue una imposición del Ejército, que implantó una dictadura legal presidencialista con apoyo militar. Bajo su vigencia, cada vez que surgían problemas, oficiales en servicio activo o en retiro entraban al gabinete. Además de Ibáñez, “elegido” dictador el 27, el otro ejemplo extremo fue el gabinete presidido por Carlos Prats de más de cuatro meses y con elección parlamentaria incluida. Luego vendría el fin de las elecciones, aunque se realizaron tres plebiscitos, dos sin registros electorales (los quemaron), estando el señor Cheyre, por aquel entonces, en plena carrera ascendente de oficial de Ejército, y Juan Ignacio García oficiaba, desde 1977, de director del entonces Registro Electoral (hoy Servel), hemos de suponer que un tanto ocioso en esa primera larga época en el cargo.


Con o sin dictadura, la misma lógica se ha mantenido. El 77, en Chacarillas, Pinochet (Guzmán) sostuvo que, entrando ya en el período de “normalidad o consolidación” (es decir, hoy), “el poder será ejercido directa y básicamente por la civilidad” (nótese la precisión del adverbio “básicamente”, Guzmán puro), reservándose las Fuerzas Armadas el papel de guardianes de la institucionalidad. Por eso, y a pesar de todas las reformas/no reformas de lo “básico” de la Constitución del 80, seguimos bajo un régimen cívico-militar.


Cuestión que, si estoy en lo correcto, explica por qué una desconocida (con estudios en inteligencia militar) accedió al Ministerio de Defensa, luego a la Presidencia y están de nuevo por consagrarla; por qué persisten articulados constitucionales sobre “seguridad nacional”; por qué esa repartición es peculiar (pensemos en su presupuesto secreto y en ese nebuloso quién maneja a quién); por qué ex comandantes en jefe pasan a ser o subsecretarios (Izurieta) o jefes de gabinete del ministro (Codina), y a ex ministros dados a “uniformarse” y a “desfilar” se les nombra consultores de Ejército (Vidal). En suma, se juega con cartas marcadas, los militares no han dejado de intervenir, y mucha gente, por lo mismo, no vota.

Alfredo Jocelyn-Holt, Historiador