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Las principales diferencias de la Ley Antiterrorista chilena con el mundo

En Chile y Perú el delito es calificado como un hecho que produce temor. En España se persigue como la subversión del orden constitucional.

por
Javiera Matus y Felipe Díaz
Las principales diferencias de la Ley Antiterrorista chilena con el mundo

En Estados Unidos se pagan recompensas por entregar información sobre terroristas. En Perú, los magistrados que ven estos delitos realizan los juicios al interior de las cárceles y mantienen su anonimato. Y en España, un presunto terrorista puede estar incomunicado hasta un mes. Estas son algunas de las principales diferencias que establece la Ley Antiterrorista chilena con las del resto del mundo.


En Chile, esta norma quedó en entredicho tras los anuncios realizados el miércoles por el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, de no aplicar la Ley Antiterrorista durante el gobierno de Michelle Bachelet y hacer un estudio para la posible modificación de la legislación.


Además, en las últimas causas donde la fiscalía y el Ministerio del Interior invocaron la norma, los tribunales no acreditaron el delito terrorista.


El último y más emblemático caso fue la condena dictada por el tribunal oral de Temuco, el pasado 28 de febrero, de 18 años de cárcel para Celestino Córdova por el delito de incendio con resultado de muerte (ver recuadro de casos emblemáticos). Esto, luego de que quemara vivo al matrimonio de Jorge Luchsinger y Vivianne Mackay, el 4 de enero de 2013, en su casa en Vilcún, IX Región.


De acuerdo a Myrna Villegas, abogada especialista en el tratamiento jurídico del terrorismo y doctora en Derecho, después de los atentados del 11 de septiembre, la normativa internacional ha hecho hincapié en que la finalidad de este delito no es sólo causar temor, como lo establece la legislación chilena. También tiene una finalidad política. Según Villegas, se trata de un atentado a la democracia.


“Tiene una finalidad política y para eso utiliza el temor. Es un medio en la conducta. En la legislación española, se define como grupo terrorista al que persigue la subversión del orden constitucional. La ley chilena no reconoce la finalidad política de destrucción al orden democrático. No sanciona ideas, castiga hechos. Definirlos sobre las bases del temor es inadecuado (ver recuadros de países)”, sostiene la abogada.


De esta forma, Villegas plantea que es fundamental “preguntarse quién es capaz de destruir o poner en peligro las bases de la democracia. Desde luego, no los mapuches ni grupos de anarquistas. Un terrorista comete delitos, causando temor, para que se adhieran a su finalidad. Eso es un terrorista y nada de eso existe en nuestra ley”.


Añade que el único crimen que se acerca -en términos teóricos- a la calificación de delito terrorista en Chile fue el asesinato al fundador de la UDI, el senador Jaime Guzmán. “Sin embargo, al no haber formado parte de una estrategia sistemática de derechos humanos, me parece que es más una conducta atentatoria contra la Ley de Seguridad del Estado. Si fuera asesinato sistemático, podría ser”, dice.


Según Jaime Couso, académico de Derecho de la U. Diego Portales, para que un delito como el incendio con resultado de muerte provocado por Celestino Córdova sea considerado terrorista, “son casos en que el objetivo no es matar a esas personas, ni cometer ese incendio, sino que usar ese medio para generar terror en la población”.


Para Gonzalo Boye, abogado chileno radicado en España, quien defendió a la viuda de un chileno víctima de los atentados del 11 de marzo de 2004, “de los errores cometidos en España, en esta materia, se puede aprender mucho”. Así, critica principalmente las técnicas que utiliza la policía establecidas en la ley, especialmente en España. “Mantener a seres humanos en aislamiento por cinco, 10, 20 o más años es una bestialidad que en nada ayuda a solucionar el problema; parte de la solución pasa por privar de argumentos, no por privar de derechos”.


De acuerdo a Boye, una Ley Antiterrorista, para ser eficaz, debe ser legítima. “Aquellas leyes que provengan de períodos previos a la restauración democrática, al menos en España, no pasarían el filtro de constitucionalidad si afectan a derechos fundamentales”. En esta línea, añade que “las comparaciones son odiosas y afrontar un fenómeno armado requiere establecer una adecuada política criminal. Chile tiene que generar una legislación democrática para enfrentar el problema”.