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Santiago / Pág. 38

La Moneda se pone al día con trámite pendiente desde 1845

Ministerio de Bienes Nacionales descubrió que la Presidencia nunca ha tenido los permisos para usar el Palacio de La Moneda.

La Moneda se pone al día con trámite pendiente desde 1845

En 1845, el Palacio de La Moneda empezó a despojarse de las máquinas acuñadoras que tenía ahí la Casa de Moneda, para dar paso a la sede de gobierno y para ser el lugar donde los presidentes pudieran fijar su domicilio. Cuando eso sucedió, con Manuel Bulnes inaugurando el cambio, algo fue olvidado: nadie se preocupó de hacer los papeleos para que los documentos quedaran regularizados; es decir, que dijeran “Destínese a la Presidencia de la República el inmueble fiscal ubicado en calle Moneda s/n, Santiago”.


En septiembre de 2011, el Ministerio de Bienes Nacionales inició una revisión del estado de la administración de los inmuebles fiscales y, entre otras cosas, descubrió -en febrero pasado- que el Palacio de La Moneda no contaba con los papeles que permitieran usar el edificio proyectado por el arquitecto Joaquín Toesca en 1785. “Para que un inmueble del Estado pueda ser ocupado por algún organismo público, el Presidente de la República o el Ministerio de Bienes Nacionales en su nombre debe realizar un acto administrativo conocido como ‘destinación del inmueble'”, explica la seremi de Bienes Nacionales, Romina Zuloaga.


Eso fue lo que la mencionada cartera no encontró ni en carpetas ni archivos digitales de La Moneda. Formalmente, entonces, ese edificio seguía siendo la Casa de Moneda, finalidad para la que fue construido entre 1785 y 1805.


Cuentas claras


Antes de cambiarse a su actual ubicación, la sede de gobierno funcionaba en el antiguo Palacio de los Presidentes, lo que hoy es el Correo Central, en la Plaza de Armas. “Pero cuando se construyó La Moneda, éste era el edificio civil más destacado. Ofrecía la prestancia y los metros cuadrados necesarios”, dice el director del Centro de Patrimonio Cultural de la UC, Fernando Pérez.


La seremi de Bienes Nacionales cuenta que cuando le informaron al Presidente Piñera sobre la falta de un documento que permitiera el funcionamiento del Ejecutivo en el edificio, él pidió regularizar la situación lo antes posible.


En paralelo al proceso ejecutado por el ministerio, el director administrativo de la Presidencia, Aldo Sabat, cuenta que él se percató del escenario en 2010, cuando quiso poner al día las cuentas de los servicios básicos de la Presidencia y los cuatro ministerios que funcionan ahí: Interior, Segegob, Segpres y de Desarrollo Social. En eso estaba cuando también notó la ausencia de la “destinación” de La Moneda para que fuera usada por la Presidencia y las otras carteras. “Esto no era correcto, más allá de que fuera lo acostumbrado o aceptado. Ahora estamos haciendo el proceso de destinación del Palacio”, explica Sabat.


Cuando el trámite esté listo, se realizará una ceremonia pública. “Queremos hacer un acto emblemático para dar una señal de la importancia que tienen los inmuebles del Fisco”, dice Zuloaga.


Los otros 4.000


Hoy existen 4.000 inmuebles fiscales en la Región Metropolitana. “De esos, 1.500, que son utilizados por la administración pública, se están actualizando”, advierte la seremi.


Las restantes 2.500 propiedades del Estado (repartidas entre edificios, pedazos de terreno, departamentos y casas) tampoco habían sido fiscalizadas hacía décadas. El 70% de ese total pertenecía a alguien que había fallecido sin dejar herederos, razón por la cual habían pasado a manos del Estado. Por ley, éste no puede quedarse con esas propiedades por más de dos años, y deben ser vendidas o donadas. Algo que hasta ahora no ha ocurrido.


De esos 2.500, también, se detectaron 795 propiedades con un grado de ocupación irregular. “Se trata, por ejemplo, de terrenos desocupados, en los que los vecinos han ido corriendo sus muros para agrandar sus propiedades o de viviendas que, luego de morir sus dueños, quedaron en manos de la empleada de la casa, sin que pagaran nada”, explica la seremi.


El ministerio decidió vender estos inmuebles. “Si no lo hacemos, gastamos plata manteniéndolos. Cuando los vendamos, esas platas se pueden usar para educación o salud”, dice la ministra Catalina Parot, quien señala que por los 66 que se están vendiendo actualmente recibirán $ 3.000 millones.