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Reportajes / Pág. 18

La agenda ecologista después de HidroAysén

Tras celebrar el rechazo al megaproyecto hidroeléctrico en la Patagonia, los activistas centrarán sus esfuerzos en regularizar el uso del agua como un bien público.

por
Francisco Artaza
La agenda ecologista después de HidroAysén

Para fines de mes, los ambientalistas y activistas del Consejo de Defensa de la Patagonia preparan una gran cena de celebración por el término del proyecto HidroAysén.


La convocatoria incluye a Robert Kennedy Jr. y el equipo de la estadounidense Natural Resource Defense Council (NRDC); a Douglas Tompkins, a su esposa, Kristine McDvitt, y a los directivos de su fundación Conservation Land Trust, que pusieron buena parte de los más de US$ 4 millones que costó la campaña contra el megaproyecto hidroeléctrico. Pero también a los publicistas, intelectuales y colaboradores que participaron en la pelea que se prolongó por ocho años y que se ha convertido en el mayor triunfo en la historia del movimiento medioambiental chileno.


La batalla tuvo su punto cúlmine el martes 10, cuando -de manera unánime- el Comité de Ministros del Medioambiente del gobierno de Michelle Bachelet acogió las 34 reclamaciones que pesaban sobre la iniciativa que pretendía construir cinco represas en la Patagonia, invalidando de paso su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).


En la práctica, la instancia firmó el acta de defunción del megaproyecto tras seis años de tramitación y cerca de US$ 320 millones de inversión de Endesa y Colbún.


Entre los dirigentes del Consejo de Defensa de la Patagonia -movimiento que logró reunir a 80 ONG medioambientalistas y organizaciones sociales en contra de HidroAysén- están conscientes de que resultará casi imposible volver a levantar una campaña a nivel nacional e internacional de la magnitud que tuvo la pelea contra el megaproyecto hidroeléctrico. No sólo por los recursos financieros que dispusieron para su embestida, impensables para los pequeños movimientos ecologistas chilenos, sino también por el apoyo ciudadano que logró Patagonia sin Represas.


La presión de las expectativas -en todo caso- no es exclusiva de los activistas, sino que también recae en La Moneda, respecto de futuros proyectos energéticos y batallas medioambientales. El gobierno de Bachelet, a diferencia del de su antecesor, Sebastián Piñera, mantiene fuertes vínculos con los grupos ecologistas y un sector no menor de la Nueva Mayoría -la coalición oficialista- no sólo simpatiza, sino que también impulsa algunas de sus causas.


“Este triunfo potencia al movimiento ambiental, porque HidroAysén se había convertido en un proyecto emblemático, pero también tiene efectos prácticos, pues se acaban los gigantes energéticos. Con la resolución se dio una señal muy potente en contra de un modelo y una política energética que había permitido la concentración de la generación eléctrica en muy pocos actores”, señaló Manuel Baquedano, director del Instituto de Ecología Política y dirigente del movimiento contra HidroAysén.


Por lo pronto, el Consejo de Defensa de la Patagonia ya decidió que no se va a disolver tras la resolución del Comité de Ministros del martes 10. ¿Las razones? Aún mantiene temas pendientes.


El más urgente es esperar la decisión que tomen los accionistas de Endesa y Colbún frente a la determinación del gobierno de Bachelet, ya que luego del rechazo del Comité de Ministros tienen 30 días -desde el momento en que son notificados formalmente- para definir si optan o no por la vía judicial. Una alternativa que se evalúa en HidroAysén es recurrir al Tercer Tribunal Medioambiental, con sede en Valdivia, para tratar de revertir la medida.


“Patagonia sin Represas no se disuelve. Además de seguir oponiéndonos a los proyectos hidroeléctricos que siguen pendientes, vamos a participar en la creación del Estatuto de la Patagonia, que ordene y establezca el desarrollo territorial de la región”, afirmó Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia.


Más allá del futuro de HidroAysén, megaproyecto que pretendía construir cinco represas en los ríos Baker y Pascua, con una inversión cercana a los US$ 10.000 millones para producir 2.750 megawatts, en la región de Aysén hay otros tres proyectos hidroeléctricos que están en distintas fases de tramitación para obtener la autorización medioambiental: Puelo, Manso y Río Cuervo, este último está paralizado porque los ambientalistas presentaron recursos en tribunales, pues el proyecto no incluyó estudios geológicos, pese a que la represa estaría emplazada sobre una falla geológica activa.


A fines de enero, durante un encuentro de los líderes del Consejo de Defensa de la Patagonia que se realizó en el fundo que el matrimonio Tompkins tiene en Cochrane, ya sabían con un 90% de certeza que el proyecto de HidroAysén estaba muerto.


Bajo esas expectativas, los líderes ambientalistas definieron los pasos siguientes al fin del megaproyecto hidroeléctrico. “Vamos a ir tras las aguas de Endesa”, resolvieron los más de 30 dirigentes reunidos.


La premisa que los convenció de la embestida apuntaba a que “mientras Endesa esté preocupado de defender sus derechos de agua no seguirá pensando en construir represas”, explicó uno de los ambientalistas que estuvo en esa reunión.


Endesa tiene cerca del 80% de los derechos de aguas no consuntivos en Chile, los que recibió gratis tras la privatización de la empresa. A pesar de que HidroAysén no pueda construirse en los próximos años, Endesa seguirá teniendo los derechos de agua en las cuencas de los ríos Baker y Pascua, por lo que en el futuro podría presentar nuevos proyectos hidroeléctricos en esa zona.


El primer paso de los ambientalistas es lograr que se cambie el Código de Aguas chileno, que data de 1981, para que se consagre el agua como un derecho humano y por ende, le otorgue al Estado la potestad de definir las prioridades en el uso del agua. Primero para consumo humano de agua potable, para la agricultura y la producción de alimentos, después para la industria, primero hidroeléctrica y en último término, para la minería.


Este es sólo un primer paso. El segundo es que en la nueva Constitución planteada por Bachelet se consagre el agua como un bien de uso público y se le den las potestades al Estado para fiscalizar e intervenir en las concesiones.


El anuncio lo hizo la Mandataria en la cuenta pública del 21 de mayo, tras lo cual se constituyó el Comité Hídrico, que se abocará a implementar la estrategia del gobierno respecto del uso de este recurso.


La semana pasada, los ministros Ximena Rincón (Segpres) y Alberto Undurraga (Obras Públicas) se presentaron en la Comisión del Agua de la Cámara de Diputados, que preside Denise Pascal, y pidieron detener la tramitación del proyecto de ley para cambiar el Código de Aguas que se estaba trabajando desde el 2008. En la comisión faltaban por votar sólo tres artículos; sin embargo, el gobierno les pidió esperar el envío de una moción sustitutiva. Fijaron un plazo de ocho semanas.


La decisión sobre HidroAysén generó inquietud en el empresariado y en sectores que consideran que la señal del Comité de Ministros podría poner en jaque proyectos de inversión similares, con el impacto que tendría una situación de esa naturaleza en la política energética del país.


Apenas tomada la resolución, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, se apresuró a explicar que el gobierno no ha renunciado a desarrollar el potencial hidroeléctrico de la zona de Aysén, respetando a las comunidades y el medioambiente, e hizo hincapié en que el rechazo al proyecto de Endesa y Colbún no implicaba un “veto” a las hidroeléctricas de gran tamaño.


Ahora, uno de los desafíos de La Moneda es lograr compatibilizar las expectativas que generó en los medioambientalistas la decisión de los secretarios de Estado con agenda energética comprometida por el propio gobierno.


Desde el mundo medioambiental le han enviado señales al ministro Pacheco de que no pondrán obstáculos a una mayor gasificación de la matriz energética en los próximos años, siempre y cuando cumplan las termoeléctricas con las normas medioambientales y exista un manejo territorial adecuado. La condición es que estas termoeléctricas a gas sean sólo una medida de transición mientras se desarrollan proyectos de ERNC. Al gas, además, no le quedan más de 20 años de explotación industrial antes de que las reservas se agoten y sus precios se disparen, por lo que será obligatorio emigrar hacia otras fuentes de generación.


“Una mayor gasificación ahora nos da el respiro para el desarrollo de la matriz energética con ERNC”, dice Baquedano.


Pero todos están convencidos de ese camino. Y con los ojos puestos en lograr el 100% de ERNC en la matriz energética, apuestan a potenciar las políticas de eficiencia en el sector.


Con todo, en el gobierno deben lidiar con las expectativas generadas tras HidroAysén y la incertidumbre que se generó en el sector privado respecto de la agenda energética, en especial luego del portazo al emblemático proyecto.