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Negocios / Pág. 4

Impuesto a las emisiones de carbón impactaría en tarifas de hogares y empresas

El gobierno evalúa aplicar un impuesto a las emisiones de C02 de las centrales térmicas, que hoy representan el 30% de la matriz, como parte del plan energético al 2030. Las eléctricas y el gobierno evalúan realizar estudios para analizar el impacto de un posible tributo.

por
Jessica Marticorena
Impuesto a las emisiones de carbón impactaría en tarifas de hogares y empresas

De las más de 100 medidas que contiene el plan Estrategia Nacional de Energía a 2030, lanzado esta semana por el Presidente Sebastián Piñera, una de ellas despertó especial inquietud en la industria eléctrica. La sola idea del gobierno de evaluar un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de las centrales termoeléctricas generó ruido y sorpresa en un sector que hoy representa el 30% de la matriz de generación del país.


Ruido, porque si se fija un gravamen, las plantas carboneras deberán incorporar nueva tecnología para mitigar las emisiones de CO2 que hoy generan, encareciendo, con ello, sus inversiones. Esto se daría en momentos en que las empresas están invirtiendo del orden de US$ 1.000 millones para adecuarse a la nueva norma de emisiones para las termoeléctricas que se dictó recién el año pasado.


Y sorpresa, porque si bien el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el propio Presidente Piñera, habían planteado la opción de establecer “impuestos verdes”, en el sector empresarial había dudas sobre si finalmente la idea prosperaría.


Un ejecutivo de una eléctrica confirma que “el tema se venía monitoreando desde hace un tiempo, pero no sabíamos que se iba a lanzar ahora, y eso nos sorprendió”. Otro ejecutivo de una generadora, agrega: “Sabíamos que el gobierno analizaba alternativas para promover una matriz más limpia, pero nos descolocó que se incorporara como una de las ideas del plan”.


En algunas empresas preocupa el mayor costo que podrían tener que asumir y evalúan encargar estudios para estimar cuál sería el sobreprecio que deberían afrontar.


En el gobierno aclaran que no es una decisión que esté tomada, que se trata sólo de una alternativa y que tampoco hay un plazo perentorio para decidir. El gobierno también analiza otras opciones: que las eléctricas compensen sus emisiones con plantaciones forestales o implementar un mercado de bonos de carbono. Todas tendrán impacto en precios. “Para tener una matriz más limpia, hay que asumir mayores costos”, dice una autoridad.


El personero afirma que esta decisión no debería sorprender a los privados, “porque siempre estuvo presente en el programa energético del gobierno propender hacia una matriz más limpia”.


“Energía segura, limpia y barata”. Ese fue uno de los objetivos del programa energético de Sebastián Piñera. Pero un eventual tributo a la emisión de las carboneras tendría un efecto contrario en los precios de la energía, alertan en el sector privado, con el agravante, explican, que hoy Chile tiene una de las energías más caras del continente.


Expertos advierten que un posible gravamen subirá los costos de inversión y operación de las generadoras a carbón, y que en el corto o en el largo plazo el alza se traspasará a los clientes. “Las mayores exigencias ambientales y la incorporación de nuevas tecnologías se traducirán, necesariamente, en un encarecimiento del desarrollo a carbón”, afirma René Muga, gerente general de la Asociación de Generadoras de Chile.


Un impuesto tendría implicancias relevantes en la industria, sostiene Muga, dado que el 51% de los proyectos eléctricos con aprobación ambiental son a carbón y el 42% de las iniciativas hoy en construcción usarán ese combustible. El energético no es el único sector que aporta con CO2, indica. “La energía genera el 27% de las emisiones de Chile; el transporte, entre el 25% y 30%; la agricultura, el 20%, y la industria otro 20%”, detalla.


Para María Isabel González, ex secretaria ejecutiva de la CNE, el impacto para los usuarios no está en discusión. En lo inmediato, afirma, los mayores costos no afectarían las tarifas a clientes residenciales, pues desde 2010 las cuentas de los hogares dependen mayormente de las licitaciones de suministro. Pero, aunque esos contratos duran de 12 a 15 años, existe una ventana en la que se sentiría el efecto de un nuevo tributo. “Esas licitaciones aseguran los consumos de los primeros tres años, pero después deben hacerse nuevas licitaciones para cubrir el crecimiento que tendrá la demanda. Ahí, la tarifa para esos nuevos consumos recogería el impacto de los mayores costos de generación que significaría el nuevo impuesto”, agrega Renato Agurto, de Synex. Coincide Hugh Rudnick, académico de la Universidad Católica. “Si se definiera hoy un impuesto, el efecto para los clientes residenciales se sentiría desde 2014 en los nuevos precios licitados”, añade.


En el sector empresarial también están inquietos por la aplicación de un impuesto, pues suscriben directamente sus contratos con las generadoras y deberán enfrentar mayores tarifas a corto plazo. “Como los contratos son libres, los costos futuros se traspasan directamente a las tarifas de grandes clientes y todo lo que implique mayor inversión en el desarrollo y operación para las centrales será transferido de inmediato a ellos”, dice Francisco Aguirre, de Electroconsultores.


Uno de los sectores más afectados sería la minería, que consume más del 30% de la energía del país.


Además de subir el costo de las carboneras, María Isabel González señala que un impuesto empujaría también el costo de producir con agua. “Si subes el costo de una carbonera, una central hidroeléctrica, que compite con ella, tomará también precios mayores”, señala. Explica que, debido a que el carbón es la tecnología de desarrollo base de la matriz, el impacto sobre precios del impuesto al carbón sería muy cercano al 100%.


Eduardo Bitrán, economista y ex ministro de Obras Públicas, opina distinto. Piensa que si bien la energía será más costosa, el incremento sería marginal, versus los beneficios para el país. “Me parece sensato y eficiente que se plantee un impuesto al CO2”, señala. Aunque, agrega, “debería aplicarse no sólo al sector eléctrico, sino a todas las emisiones de fuentes fijas”.


En el gobierno admiten que “uno de los temas a analizar es el impacto que un eventual impuesto tendría en los precios de la energía y en la competitividad de la industria”. Ese estudio, según una autoridad de gobierno, se realizaría durante el primer semestre de 2012.


No obstante, en Energía aseguran que el gobierno no ha abandonado el propósito de tener energía más económica y que, con ese fin, hay que ponderar tres variables. “Si tenemos energía más segura y menos dependiente del exterior, podemos compensar el costo que implicaría tener una matriz más limpia. Lo importante es el balance de esos tres factores”, dice una autoridad. En la cartera explican que el gobierno está preocupado de la huella de carbono, que podría castigar a las exportaciones chilenas. Recuerdan, además, que la norma de emisiones para termoeléctricas de 2011 estableció los parámetros de emisiones para tres componentes principales: material particulado (MP 2,5), dióxido de azufre (SO2) y óxido de nitrógeno (NOx). Pero dejó fuera al CO2. “Entendemos que si Chile hace un esfuerzo, podemos recuperar los costos económicos y tener beneficios mayores”, explica un personero.


Si Chile opta por gravar las emisiones de CO2, seguiría el camino de países desarrollados. El caso más reciente es el de Australia, que en 2011 fijó un impuesto de US$ 24,7 por tonelada de dióxido de carbono emitido. Estudios privados de ese país indican que el costo de la energía se elevará en torno al 10%.


Desde 2009, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y Canadá ya aplican algún tipo de impuesto sobre las emisiones del carbón. Francia ha anunciado que lo implantará. Nueva Zelandia ha establecido un mercado de intercambio de cuotas de emisión.