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Gobierno desecha cambio constitucional, opta por veto y admite futura judicialización

Ejecutivo dijo que hizo todos los esfuerzos por alcanzar un consenso en torno a un cambio a la Carta Fundamental.

por
C. Agurto/C. Valenzuela/P. Fierro
Gobierno desecha cambio constitucional, opta por veto y admite futura judicialización

Desechar la posibilidad de una reforma constitucional para asegurar la preeminencia de los sindicatos en la negociación colectiva, reactivar el veto presidencial que suprimió algunos de los pactos de adaptabilidad de jornadas y promulgar el proyecto de ley. Esa fue la decisión anunciada ayer por el gobierno para la reforma laboral, tras el rechazo del Tribunal Constitucional (TC) a la titularidad sindical y la extensión de beneficios a nuevos afiliados, aspectos centrales del nuevo cuerpo legal.


“La Presidenta de la República ha instruido a los ministros tramitar a la brevedad el referido veto, procediendo a la promulgación de la Reforma Laboral una vez que éste sea despachado”, fue parte de la declaración del Ejecutivo, leída por el ministro vocero, Marcelo Díaz, en el Patio de los Naranjos del palacio de La Moneda, acompañado de los ministros de Trabajo, Ximena Rincón, y de Hacienda, Rodrigo Valdés.


El gobierno aseguró que, pese a los cambios obligados al proyecto, la reforma “sigue siendo el mayor avance para las relaciones laborales desde la recuperación de la democracia”. Díaz aseguró que cuando este proyecto sea promulgado “los trabajadores podrán contar con una huelga efectiva, con piso de negociación, mayor información para el ejercicio de sus derechos colectivos y la extensión pactada de beneficios”.


La decisión del gobierno desestima el ingreso de una ley corta destinada a readaptar la reforma, particularmente el capítulo dedicado a la negociación colectiva, a lo dictaminado por el TC.


Ley corta


Cuando ingresó el veto presidencial al proyecto -que suprimió materias como la adaptabilidad de jornadas, horas extraordinarias y quórums exigidos para negociar- el Ejecutivo adelantó además el probable envío de una ley interpretativa para resolver los vacíos dejados por el fallo del Tribunal, que declaró inconstitucional la norma que establecía la imposibilidad de que grupos distintos a los sindicatos negociaran colectivamente en empresa donde ya existiesen organizaciones sindicales.


Fuentes del gobierno dijeron en ese momento que como la reforma laboral sustituía del Código del Trabajo todo el capítulo dedicado a la negociación colectiva, la sentencia del TC obligaba a redactar una nuevo articulado, aunque éste tuviese que ser muy similar al hasta ahora vigente, es decir, reconociendo la coexistencia de sindicatos y grupos negociadores. Ello implicaba eventualmente reponer el artículo 314 bis del actual Código Laboral -suprimido por la reforma- que fija los requisitos para el procedimiento de negociación entre empleadores y grupos de trabajadores que se unan para tales efectos en una empresa.


Sin embargo, dicha opción ahora fue descartada. “El Ejecutivo no impulsará nuevas iniciativas legales referentes al proyecto de relaciones laborales, focalizando sus esfuerzos en su adecuada y oportuna implementación”, señaló el vocero de Gobierno.


El escenario planteado por el gobierno abre dudas sobre cómo se regularán los requisitos y obligaciones para la negociación colectiva de grupos negociadores. Consultada sobre este punto, la ministra Ximena Rincón sostuvo que “lo que queda es una normativa en orden a cómo se llevan adelante las negociaciones colectivas, cuáles son las formas de hacerlas presente, hay todo un procedimiento”. Pese a lo anterior, reconoció que “habrá probablemente mucha judicialización en torno a qué se puede o no hacer”.


Para la oposición, la decisión del Ejecutivo implica la desaparición de los grupos negociadores y augura una alta judicialización. “Con esto se suprimen los grupos negociadores y no hay intención de regularlos o mejorar su existencia. Finalmente queda una legislación llena de ambigüedades y contradicción difícil de aplicar por los vacíos que tiene internamente, lo que va a generar una tremenda judicialización en el proceso laboral, en las relaciones de los trabajadores con los empleadores”.


Grupos negociadores


El abogado laboralista Luis Lizama subraya que “la decisión de promulgar el proyecto tal cómo está lo dejará plagado de inconsistencias, incongruencias y vacíos. De partida no habrá ninguna regla respectiva a los grupos negociadores. No cabe duda de que esta es una decisión deliberada que apunta a radicar en la Dirección del Trabajo y los tribunales de Justicia, muy favorables a la opinión del Gobierno, la definición sobre las facultades de sindicatos y grupos”. Apunta, por ejemplo, a los recientes fallos de la Cuarta Sala de la Corte Suprema, que se han alineado con posturas afines a las organizaciones sindicales.


El cambio en la visión del gobierno sobre la tramitación de la ley corta coincide con la decisión del nuevo ministro del Interior, Mario Fernández , de solicitar 72 horas para revisar el fallo del TC. Sin embargo, conocedores de las conversaciones sostienen que se trataría más bien de una postura impulsada por la titular del Trabajo.


Fernández ayer sostuvo una serie de reuniones con la dirigencia del Partido Comunista, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).


Por su parte, el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, había planteado su intención de reponer en la ley corta los pactos de adaptabilidad, elemento valorado por el sector privado. Al anunciar la decisión del Gobierno, el jefe de las financias públicas dijo que “el Ejecutivo no impulsará nuevas iniciativas legales referente al proyecto de relaciones laborales, focalizando sus esfuerzos en su adecuada y oportuna implementación. Quiero decirles, (eso) es harta pega para el Ministerio del Trabajo”.


Valdés añadió que el Gobierno se empeñó por varias semanas en construir un acuerdo “que dejara una posibilidad mejor en la ley, pero no tenemos los votos para poder hacerlo y no logramos que la oposición nos acompañara en este esfuerzo”. Por lo tanto, agregó, “la decisión de la Presidenta ha sido: adelante con el veto y a terminar esta discusión de la reforma laboral con esto”.


CUT y empresarios


Tras conocer la decisión del gobierno, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa valoró el camino del veto. “Expresamos nuestra satisfacción por la decisión que ha asumido el Ejecutivo al reconocer de manera hidalga que hay poca comprensión de la importancia que tiene la titularidad sindical”.


Entre los empresarios, en cambio, se abrió aún más la incertidumbre, por la judicialización que eventualmente traerá la decisión del Ejecutivo. Así, lo advirtieron los presidentes de las ramas productivas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Los privados temen, en particular, por las decisiones que adopte, caso a caso la IV sala, dados sus fallos anteriores.