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País / Pág. 8

Encuestas de seguridad que no se hacen públicas abren debate por uso de información

Las iniciativas fueron solicitadas por el Ministerio del Interior, con el fin de realizar diagnósticos en materia de seguridad.

por
Sebastián Labrín, Santiago
Encuestas de seguridad que no se hacen públicas abren debate por uso de información

La implementación de encuestas trimestrales de seguridad y victimización; análisis de zonas de riesgos en barrios comerciales, tanto en Santiago como en Antofagasta, además de capacitaciones a funcionarios que atienden a víctimas de delitos han sido parte de los servicios que el Ministerio del Interior ha contratado, desde marzo de 2010 a la fecha, a empresas privadas.


En total, son siete las iniciativas desarrolladas, de las cuales, en seis casos se desconocen sus resultados y conclusiones. Además, dos de los estudios encargados a consultoras -con un costo superior a los $ 47 millones- fueron adjudicados a través de “trato directo”, es decir, no fueron licitados públicamente.


Se trata de los estudios efectuados por la consultora Publika Ltda. y una encuesta telefónica piloto, para medir victimización e inseguridad, encargada a la empresa Feedback Comunicaciones.


Los otros servicios contratados corresponden a capacitaciones en la Red de Asistencia a Víctimas; encuestas de victimización en sec- tores residenciales y comerciales (que superan los $ 114 millones), y una encuesta telefónica trimestral de victimización.


El costo que estas iniciativas tuvieron para al Estado supera los $ 805 millones; es decir, cerca de US$ 1,6 millón. Sin embargo, de las siete mediciones, sólo una tiene resultados conocidos: la VII Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2010, dada a conocer el 5 de abril pasado. Dicho estudio reveló que el índice de victimización bajó de 33,6% en 2009, a 28,2% en 2010, lo que se traduce en una disminución de 15,9%.


Gobierno


En respuesta a esta situación, el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, justificó mantener en reserva los resultados de los estudios, argumentando que “no sacamos nada con publicar por publicar, tenemos que dar a conocer algo que aporte información, no que enrede a la gente”.


Añadió que los resultados “no se han publicado ni se van a publicar”, hasta que no exista una encuesta o estudio que sirva de punto de comparación.


Desde el Ministerio del Interior, que encargó los estudios, aseguran que los montos comprometidos para efectuar estos estudios y capacitaciones representan sólo el 5% del presupuesto anual de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la cual, en 2010 recibió más de $ 27 mil millones.


Críticas y respaldos


La decisión de no hacer públicos los resultados, genera opiniones contrapuestas en el oficialismo y la oposición.


El diputado del PPD Felipe Harboe aseguró que el gobierno tiene la “obligación” de dar a conocer sus estudios y análisis, para conocer la efectividad de los planes en materia de prevención del delito y seguridad pública.


Según el legislador, el Ejecutivo “tiene que publicar estos estudios y, por tanto, queremos saber si éstos se licitaron o se adjudicaron a dedo; cuáles fueron los resultados y conclusiones de esos estudios, para ver si finalmente la evaluación que se está haciendo respecto a los planes implementados es positiva”.


En tanto, el senador de RN Alberto Espina respaldó la decisión del Ejecutivo de no hacer públicos los análisis, ya que, dijo, daría ventaja a los delincuentes.


“Me parece absolutamente lógico y razonable que el gobierno no publique todas las encuestas en materia de seguridad ciudadana, porque muchas de ellas son información -desde el punto de vista estratégico-, que puede ser utilizada por los delincuentes para ir cambiando sus modus operandi”.


En el tema de seguridad, los principales estudios que sirven para análisis oficiales son la Enusc y el índice de Paz Ciudadana.