*

Edición Impresa Cambiar fecha
Opinión / Pág. 40

Cambiar para que todo siga igual

EL PROYECTO de Superintendencia de la Educación Superior presentado por el ministro de Educación, Harald Beyer, es totalmente insuficiente y debe ser rechazado por cuanto no termina con el lucro en la educación superior; al contrario, blanquea el negocio de las universidades privadas, haciendo oídos sordos a las demandas de los chilenos y chilenas que […]

por
Gabriel Boric, presidente de la Fech

EL PROYECTO de Superintendencia de la Educación Superior presentado por el ministro de Educación, Harald Beyer, es totalmente insuficiente y debe ser rechazado por cuanto no termina con el lucro en la educación superior; al contrario, blanquea el negocio de las universidades privadas, haciendo oídos sordos a las demandas de los chilenos y chilenas que pedimos un cambio real en nuestro sistema educativo.


El 7 de agosto del 2011, el recién asumido ministro de Educación, Felipe Bulnes, fue al programa Tolerancia Cero y planteó que se proponía poner fin al lucro en educación superior. Fue sumamente enfático y claro al respecto. Parecía difícil creer que él, como parte del gabinete de un gobierno donde tres ministros activos tienen lazos con universidades que lucran, pudiera emprender semejante tarea.


Tuvieron que pasar cinco meses para que supiéramos que nuestra intuición no fallaba. El proyecto de Superintendencia de Educación Superior, elaborado por el ex ministro Bulnes, y presentado por el actual ministro Beyer, marca un paso más en la senda del gobierno de Sebastián Piñera de cambiar las cosas para que todo siga igual.


El proyecto se propone lo siguiente: que las transacciones entre sociedades relacionadas con los dueños de las universidades se realicen a precio de mercado. ¿Lo logra? No.


La propuesta de Superintendencia de la Educación Superior se limita a exigir que este tipo de intercambios sean aprobados por tres miembros “independientes” del directorio. Basta un simple acuerdo entre los miembros involucrados y los independientes de apoyarse mutuamente para que esta frágil barrera sea burlada. Más aún, habría que precisar que no existe tal cosa como un “mercado de los inmuebles para educación superior” para comprender lo ilusoria de esta restricción.


Pero no es lo más grave. El problema que movilizó a los estudiantes no fue que las transacciones de las universidades privadas se realizaran a precio de mercado. Fue el lucro. Normas como la que prohíbe el lucro en educación superior son normas preventivas. Se trata de situaciones en las que el legislador identifica una fuente de conflicto tan grande para los actores involucrados, que decide establecer una prohibición a todo evento, para evitar las, al parecer, irresistibles tentaciones.


Así lo entendía Andrés Bello, como se desprende de las numerosas normas de este tipo que pueblan nuestro Código Civil; así también lo entendieron, incluso, los militares. Resulta sorprendente que siga sin entenderlo el gobierno de Sebastián Piñera.


El movimiento estudiantil estará disponible para dialogar y llegar a acuerdos siempre que éstos vengan acompañados de una voluntad política real de realizar cambios estructurales en nuestra educación. No lo estará si acaso la disposición del gobierno es efectuar pequeños ajustes que simplemente maquillen la profunda crisis de la educación en nuestro país. Ya basta de atacar los excesos de un sistema de mercado que a todas luces no funciona, llegó la hora de apuntar a transformar su esencia.