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Opinión / Pág. 44

Bombas y terrorismo

Señor director: En su edición del sábado 12 de agosto, en una columna de opinión, el ministro del Interior se refiere al terrorismo, su regulación e impacto social, manifestando una crítica al fallo judicial del denominado “caso Pitronello”, al no considerarlo como delito terrorista. Así, afirma que la acción de colocar explosivos per se busca […]

Señor director:

En su edición del sábado 12 de agosto, en una columna de opinión, el ministro del Interior se refiere al terrorismo, su regulación e impacto social, manifestando una crítica al fallo judicial del denominado “caso Pitronello”, al no considerarlo como delito terrorista. Así, afirma que la acción de colocar explosivos per se busca infundir temor, lo que permitiría la concurrencia del delito terrorista.

Coincido en la necesidad de considerar la colocación de artefactos explosivos como conducta terrorista, debido a su gravedad y a la representación que hace el victimario del temor y la gravedad de las potenciales consecuencias sobre las personas o la propiedad, al decidir el uso de un artefacto explosivo. Pero me sorprende que sea el ministro del Interior el que endose responsabilidad a los jueces por no calificar el delito como terrorista, ya que el argumento del fallo de mayoría radica en la imposibilidad del Ministerio Público de probar la intención de infundir temor en la población por parte del autor del atentado. 

La necesidad de prueba de dicho elemento subjetivo es nueva en nuestro ordenamiento jurídico, ya que fue justamente el ministro Hinzpeter, quien junto al Presidente Sebastián Piñera, envió al Congreso el boletín 7211-07 y luego promulgaron la Ley 20.467 que, en lo particular, modificó la Ley 18.314 antiterrorista, eliminando el inciso segundo del artículo primero donde estaba la presunción legal que sostenía que el uso de artificios explosivos o incendiarios hacía presumir la intención de causar temor en la población. 

Al eliminar dicho inciso se creó una nueva obligación para los fiscales: probar que se buscaba infundir temor en la población. Elemento subjetivo de difícil prueba judicial. Si no se hubiere eliminado dicho inciso, habría sido la propia ley la que hubiere presumido el elemento determinante del tipo penal del delito terrorista, y probablemente no estaríamos en presencia de un fallo judicial de esta naturaleza. 

En consecuencia, no parece apropiado que la autoridad de gobierno que propuso y promulgó la modificación de la ley hoy critique y enjuicie a quienes aplican el texto de su propia autoría.

Felipe Harboe B.
Diputado 

 

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Opinión / Pág. 76

Bombas y terrorismo

SE HAN colocado cerca de 150 bombas en nuestro país en los últimos años. Es indiscutido que la colocación de artefactos explosivos constituye un método de acción típicamente terrorista, desde que su detonación -mucho más allá de la capacidad específica de daño del artefacto- lleva implícita la aptitud de alterar la tranquilidad ciudadana, asegurando que […]

SE HAN colocado cerca de 150 bombas en nuestro país en los últimos años. Es indiscutido que la colocación de artefactos explosivos constituye un método de acción típicamente terrorista, desde que su detonación -mucho más allá de la capacidad específica de daño del artefacto- lleva implícita la aptitud de alterar la tranquilidad ciudadana, asegurando que con su explosión se provocará temor. Es por ello que, conforme a la  experiencia y sentido común, resulta evidente que el colocador de una bomba considera necesariamente, dentro de su finalidad, el que al menos una parte de la población sienta temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie. 

El terrorismo alcanza, destruye o menoscaba otras certezas y seguridades que deben brindar la democracia y el estado de derecho. Cuando se detona una bomba en un ferrocarril, el daño ocasionado al vagón es secundario. Lo primario es el temor de los ciudadanos que emplean diariamente ese medio para transportarse. Esto es particularmente grave, ya que por su naturaleza un acto terrorista es apto para forzar modificaciones en comportamientos de los ciudadanos, restringiendo su libertad, al obligarlos a abstenerse de realizar ciertas actividades cotidianas o a perturbar la forma y oportunidad en que tales actividades se realizaban previamente. 

Un estándar aconsejable es observar la reacción de la opinión pública o de los medios de prensa frente a un hecho determinado. ¿La detonación de una bomba que hiere gravemente a una persona o causa la muerte de otra, capta la atención de los ciudadanos o es difundida por los medios de prensa del mismo modo que si tales heridas o muerte hubieran sido provocadas por un accidente de tránsito? Obviamente que no, y la razón evidente de esta diferencia radica en que en el caso de una bomba se añade inexorablemente el temor de muchas personas de llegar a ser, o haber podido ser, la víctima que dicho incidente haya causado.

Tampoco deben desatenderse las múltiples dimensiones que puede asumir el terrorismo. Resulta incorrecto pretender definirlo en función de su localización, magnitud, tipo de arma, potencia o capacidad para provocar la muerte. La experiencia mundial acredita la existencia de fenómenos de terrorismo que toman diferentes formas, entre los cuales podemos nombrar el narcoterrorismo, el bioterrorismo, el anarcoterrorismo, el terrorismo de Estado o el ciberterrorismo. En nuestra legislación se atiende al poder destructivo de los objetos, exigiendo gran capacidad destructora sólo si se trata de lo que la normativa llama “armas o artificios”; en cambio, cuando se está en presencia de bombas, el legislador considera aptas para un cometido terrorista a las de cualquier tipo.

Finalmente, es imprescindible recordar que la lucha contra el terrorismo ha sido definida como un desafío prioritario en múltiples ocasiones y por variadas instancias, en muchas de las cuales nuestro país ha estado presente o es parte. Las principales organizaciones internacionales y regionales lo han condenado, al tiempo de exigir a los estados -no limitadamente a los gobiernos, sino al conjunto de poderes independientes que componen el Estado- adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y sancionar estas conductas.  

Rodrigo Hinzpeter
Ministro del Interior y Seguridad Pública