CDE advierte sobre pago "indebido" de bono a Myriam Olate en Gendarmería

El organismo se querelló por fraude al Fisco contra quienes resulten responsables.

por Víctor Rivera

A casi cuatro meses de que se iniciara la polémica por la millonarias jubilaciones de Gendarmería, las que en algunos casos superaban los $ 5 millones -como en el caso de la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS), Myriam Olate-, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en la causa que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte.

El organismo presentó ayer la acción judicial por el presunto delito de fraude al Fisco contra todos quienes resulten responsables del perjuicio causado. Según argumentó el CDE, “al interior de Gendarmería, y tal como consta en la carpeta investigativa, se han realizado una serie de maniobras orientadas a la obtención fraudulenta de pensiones abultadas que exceden el tope legal”. Además, señaló que en el caso de Olate, se pagó una bonificación “indebida”.

Al límite que hace referencia el CDE es el máximo de 60 UF ($ 1.778.000) que estableció la Contraloría para las jubilaciones, de acuerdo a la Escala Única de Sueldos del servicio público. En ese sentido, el organismo añadió que la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) -donde imponen los funcionarios del servicio- no debió calcular las pensiones sobre el tope legal.

En el libelo también se argumenta que “hay un número no determinado o a lo menos, hasta el momento no singularizado, de personal de Gendarmería que a sabiendas de la ilicitud en su actuar, por una parte, continuó o comenzó a cotizar en Dipreca, y, por otra, accedió a pensiones de retiro que eran absolutamente improcedentes (...) Por su parte, al interior de Gendarmería, con la colaboración de Dipreca, se instaló un mecanismo que tenía por objeto ubicar a ciertas personas en ciertos lugares del escalafón institucional para que, con la agrupación de ciertas asignaciones a su sueldo, pudiesen acceder a una pensión de retiro cuantiosamente por encima del límite”.

Aunque la acción judicial no está dirigida contra ningún funcionario en específico, el CDE da cuenta de tres casos: “A título ilustrativo y sin perjuicio de lo que se determine en la investigación, queremos destacar algunas situaciones particulares que acreditan la actuación dolosa y fraudulenta que fundamenta la querella”.

Se trata de Myriam Olate, ex subdirectora técnica de Gendarmería; Oscar Garcés, ex jefe de gabinete de la entidad carcelaria entre 2014 y 2015, y Edita Cortés, ex funcionaria, que en su base de cálculo de pensión se incluyó la asignación de funciones críticas hasta noviembre de 2015, siendo que su desvinculación se produjo el 1 de agosto.

En el caso de Olate, el CDE advierte diversas situaciones. Una de estas es la detectada por Contraloría: el ente contralor, en 2014, señaló a Gendarmería que la periodista no debía cotizar en Dipreca, y sí en un sistema de AFP. “No obstante haber sido advertida por el ente Contralor (...) que ordenó la desvinculación de la ex funcionaria del sistema previsional de que se trata, igualmente esa repartición procedió, con infracción a la normativa vigente, y en un evidente actuar doloso, a emitir la resolución 347 de 2015, otorgándose a aquella la pertinente pensión en retiro”.

La querella también apunta a las responsabilidades de la Dirección de Previsión de Carabineros . “Se le advierte a la Dipreca, y también a Gendarmería, que ésta (Olate) no reúne los requisitos para cotizar en Dipreca y que debe, por consiguiente, cotizar en el sistema de Fondo de Pensiones (AFP), debiendo trasladar sus fondos previsionales a una de estas instituciones y Dipreca informó que ya ha sido desvinculada, y que ya no cotizará más en esa institución, cuestión que no sólo es absolutamente falsa, por cuanto ella no fue desvinculada, continuó cotizando en dicha institución (...) Además reviste especial gravedad, puesto que la entidad previsional le ha mentido al ente contralor, evidenciando con su conducta su rol activo en el fraude por el cual nos querellamos”.

Olate se jubiló con una pensión cercana a $ 5,2 millones, la que actualmente está en proceso de invalidación por parte de Dipreca tras requerimiento de Contraloría.

En el libelo también se señala que en su caso “se advierte el pago indebido de la bonificación compensatoria de la asignación de modernización, toda vez que la funcionaria, descontando las cuotas correspondientes a ésta, percibía remuneraciones por sobre el tope imponible. Se incorporó una bonificación indebida”.

El abogado querellante, Máximo Pavez, “valoramos la acción del CDE ya que aportará a que la causa avance de manera exitosa. Además, esto da cuenta de que el Consejo actúa conforme a convicciones jurídicas y no a colores políticos”.



SUPLEMENTOS Y REVISTAS

País

Página 22
lt


    LaTercera.com
    SÍGUENOS TAMBIEN EN:
    ACTUALIZA TU EXPLORADOR: