Reducción de multas en caso cascadas

El fallo del Tribunal Constitucional hace pertinente separar las atribuciones de investigación y sanción que hoy concentran las superintendencias, y revisar la forma en que se determina el monto de las multas.

LA SEMANA pasada el Tribunal Constitucional (TC) acogió la queja por inconstitucionalidad que efectuara Roberto Guzmán -quien ha sido asesor legal de Julio Ponce, uno de los controladores indirectos de SQM-, a raíz de la cuantiosa multa que había recibido hace un año atrás por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), debido a su participación en el “caso cascadas”. El recurso de inaplicabilidad había sido presentado luego de que el superintendente de Valores y Seguros decidiera aplicar hace un año la que llegó a ser conocida como “multa más grande de la historia”, ya que según el regulador le correspondía al propio Guzmán una sanción por 550 mil UF (o el equivalente a US $21,5 millones de hoy), lo que sumado a las multas que recibirían los otros afectados -entre los que figura el propio Ponce- se alcanzaba la histórica cifra de UF 4 millones (o unos US$ 158 millones actuales).

La contundente sentencia del TC -con 7 votos a favor y 3 de minoría- significó un duro golpe para la SVS, debido a que rebajó la multa a un tope de sólo 15 mil UF, al estimar que no se advierte la razón concreta de por qué se opta por un determinado monto. El tribunal razona que “un régimen punitivo no es proporcional cuando no ofrece información jerarquizada o priorizada acerca de las consecuencias o efectos de los comportamientos que constituyen una infracción (…) Resulta a todas luces evidente que la norma cuestionada no fija parámetro alguno o baremo a considerar para singularizar el monto de la multa”. De allí que el tribunal concede que hubo un actuar arbitrario en la forma como se aplicó la multa. El fallo no sólo tiene efectos para quien presentó esta acción, sino que sienta un precedente que podría extenderse al resto de los sancionados en este caso, como asimismo para la futura determinación de multas por parte del regulador.

A la luz de lo resuelto por el TC se hace pertinente revisar la institucionalidad que actualmente supervisa y regula el mercado como asimismo el régimen de aplicación de sanciones. Es indispensable asegurar que se limite al máximo cualquier actuación discrecional por parte de la autoridad, para lo cual parece necesario separar las funciones de investigar y sancionar, hoy concentradas en la misma superintendencia. La reciente propuesta liderada por el Ministerio de Hacienda de crear una Comisión del Mercado Financiero avanza en esa línea, pues además de garantizar mejor la mirada sistémica que debe tener el regulador sobre el funcionamiento del mercado financiero, privilegiará la necesaria separación de roles en fiscalización y sanción, estableciendo contrapesos al accionar de los actuales superintendentes y evitando eventuales comportamientos arbitrarios o los constantes tropiezos.

Se hace también necesario examinar la forma en que se aplican las multas y su cuantía. Estas, tal como lo sugiere el fallo del TC, deben responder a razones lo más objetivas posibles -guiadas bajo el principio de proporcionalidad establecido en la Constitución y fijadas bajo criterios de razonabilidad- y ser efectivamente disuasivas, para inhibir conductas contrarias al normal funcionamiento del mercado de capitales. De allí que multas que puedan ser estimadas como “bajas” probablemente no cumplirán su rol de evitar conductas indeseables, pero mediante estas tampoco puede pretenderse resarcir todo el eventual daño que se haya causado al mercado, pues en la mayoría de los casos existe la posibilidad de seguir acciones civiles por parte de los afectados. Es probable que este delicado equilibrio no esté bien resuelto en la ley, como parece desprenderse del fallo del TC.



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