Brasil, después de Dilma

por Carta desde Washington Alvaro Vargas Llosa

En un par de semanas, si no sucede un imprevisto, Dilma Rousseff será destituida del cargo de Presidenta de su país, Brasil, de forma definitiva. Con ella morirá la era “Lula” de la que fue prolongación y baluarte: una era ciclotímica que tuvo un auge simbolizado, precisamente, por la selección de Río como sede de los Juegos Olímpicos que actualmente se desarrollan allí y de Brasil por el Mundial de Fútbol de 2014, pero que termina con un desmoronamiento político, económico y moral.

El Senado votó esta semana el informe que pide formalmente el “impeachment” de la Presidenta apartada interinamente del cargo desde el 12 de mayo; el margen no deja lugar a dudas: eran necesarios sólo 41 votos para superar esta, la penúltima instancia del proceso, pero fueron 59 los senadores que le pusieron a Dilma la cruz. Cifra con doble significación. Es muy superior a los 21 votos que respaldaron a la mandataria y a la mayoría simple que exigía la ley en esta instancia, pero, además, supera los dos tercios que serán necesarios en la votación definitiva, en pocos días, en la misma Cámara.

El proceso, además, ha contado con un elemento constitucional inapelable: la participación del Supremo Tribunal Federal, cuyo presidente dirigió la sesión senatorial donde se votó el informe. Esa misma institución fijará la fecha de la votación definitiva y avalará, otra vez, con su participación la constitucionalidad de la actuación de los senadores.

Esto quita al Partido de los Trabajadores el argumento jurídico contra el “impeachment” que la propia Dilma intenta ahora hacer valer apelando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (institución a la que su gobierno anatematizó, durante un prolongado enfrentamiento, hace no mucho tiempo, en alianza con los países del Alba. La constitucionalidad del “impeachment” no está en duda. Pero sí está bajo una negra nuble la condición moral de muchos de quienes votaron contra la Presidenta desde que el proceso se inició en la Cámara de Diputados y de quienes forman parte de la oposición. De allí que el PT haya batallado como gato panza arriba tratando de generar, dentro y fuera del país, una corriente abrumadora de solidaridad que intimidase a los congresistas y medios de comunicación, otrora simpatizantes del “lulismo” y hoy enfrentados a él, y vaciara de legitimidad las actuaciones contra Dilma. Un elemento central de esta campaña apunta al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), liderado por el actual Presidente interino, Michel Temer: fue aliado del gobierno de Dilma durante cinco años y medio pero que le dio posteriormente la espalda al PT y precipitó los acontecimientos que dieron un vuelco a la historia reciente de ese país.

La participación del PMDB en la corrupción de Petrobras y otras empresas públicas ha sido de mucha importancia aun si mayor ha sido la del propio PT. Prueba de ello es que esa participación ha cobrado una víctima tan significativa como el anterior presidente de la Cámara de Diputados, pieza medular del proceso de destitución de Dilma. Otros partidos, incluyendo al principal de la oposición al “lulismo”, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), también están salpicados aunque en menor grado que los que fueron parte de la coalición gubernamental.

De allí la paradoja de un proceso de destitución muy popular -fue abrumador el respaldo a la salida temporal de Dilma en mayo y lo es ahora a la expulsión definitiva- y un gobierno interino con escaso apoyo popular. La caída de tres ministros de Temer al poco de inaugurada su gestión no ayudó a consolidar su apoyo, pero en cualquier caso las expectativas eran muy bajas. Todo lo cual apunta, en principio, a pesar de la dificultad de la Constitución, a unas elecciones anticipadas. El escenario más realista para que ellas se produjesen sería el de la anulación, por parte del ente electoral, de las elecciones de 2014, con el argumento de que los actos cometidos por Dilma para alterar los presupuestos y ocultar la inflación de gastos las vician de raíz. Sin embargo, y a pesar de que la población prefiere unas nuevas elecciones a la continuidad de la administración Temer, cuyo apoyo, según una encuesta reciente, bordea el 20%, es mucho más probable que se mantenga el calendario electoral. Así, se celebrarían elecciones locales en octubre de este año y comicios presidenciales en 2018, algo que conviene a los intereses políticos de los adversarios del PT. A la administración actual esto le conviene; así podrá consolidarse e incluso tentar la posibilidad de la continuidad más allá de 2018 por la vía del actual ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, cuya aspiración presidencial es objeto de cuchicheos en los mentideros del país político. Al PMDB, el partido de Temer, le conviene también, porque, en la medida en que la administración sea capaz de enderezar la economía, ese logro prevalecerá sobre los cuestionamientos éticos que ahora mismo abruman a la organización. En cuanto al PSDB, aunque existe el riesgo de que el PMDB renazca de sus cenizas con Temer, el horizonte de 2018 tiene ventajas. Entre ellas, el margen de tiempo para que Lula -que todavía lidera las encuestas- acabe de ver arruinada su reputación y se agrave la impopularidad que en principio debería acompañar los esfuerzos de Temer por corregir las finanzas del Estado mediante sacrificios.

Ambas cosas -el futuro penal de Lula y el futuro fiscal de Temer- son de suma importancia para el futuro de Brasil. Aunque no es probable que la campaña internacional de Lula en defensa propia (incluyendo su pedido de intervención del Consejo de Derechos Humanos de la ONU) tenga éxito, se trata de un enemigo mucho más temible que Dilma. Su relativo apoyo popular, aunque minoritario, es bastante mayor que el de ella; su capacidad de mesmerización del electorado más susceptible al populismo es considerable y el aparato político sobre el cual se empina, bien que mermado, prolonga su figura en nutridos bolsones electorales del país, especialmente el norte y nordeste.

El agravamiento de su situación penal es, pues, un arma valiosa para sus adversarios, pero también para quienes aspiran a reformar las estructuras políticas y económicas. Ya ha sido imputado formalmente y deberá afrontar un juicio por intento de obstrucción de la justicia, a lo cual se suman las acusaciones de la fiscalía relacionadas con su aparente participación en la corrupción de Petrobras, que según los fiscales el ex presidente conocía de muy cerca. La destrucción judicial de Lula implica la deslegitimación de todo lo que encarna ideológicamente, o al menos eso esperan tanto el PSDB como el PMDB, la clase dirigente empresarial y la clase media. Si no es así, será grande la capacidad de respuesta del populismo a los intentos por modificar un modelo de desarrollo que ha llevado a Brasil a no tener crecimiento económico desde finales de 2010 y a soportar el año pasado una inflación de precios de dos dígitos (la peor en 13 años).

Si bien esto se expresa en términos crudos y quizá injustos en el Brasil de hoy, lo cierto es que sólo si la situación penal de Lula se agrava será posible, al menos durante un período, la deslegitimación de su modelo y la posibilidad de una reforma en serio.

El otro asunto del que depende buena parte del futuro es, precisamente, el inicio de esa reforma bajo el actual gobierno. Temer llegó con afanes de cambio radical pero su ministro de Hacienda ha tenido que hacer concesiones ante un Congreso en el que no cuenta con mayoría, apenas con un beneplácito temporal para sacar del camino a Dilma. Así, ha habido que ceder en la negociación sobre la deuda de los estados, que Meirelles ha aceptado renegociar a cambio de que haya moderación, pero sólo moderación, en los aumentos de salario de la burocracia. Todo ello con miras a la reforma principal: una limitación legal del gasto público expresada.

La deuda estatal brasileña ya equivale al 70% del PIB y la recaudación fiscal se ha ido a pique con la contracción de la actividad económica (el PIB caerá este año más de 3% otra vez). En ese escenario apremiante, Meirelles trata de maniobrar sin perder de vista la necesidad política de que su jefe, Michel Temer, siga en el cargo y tal vez su propia proyección electoral. Temerosos de que Meirelles se entusiasme más de la cuenta, los del PSDB han empezado a cuestionarlo, acusándolo de hacer demasiadas concesiones en la negociación con el Congreso y los gobiernos de los estados. Han llegado a hablar de “populismo fiscal”.

Para que el PSDB de Aecio Neves (y del actual canciller, José Serra) mantenga las esperanzas de una victoria en 2018, necesitan que sea este gobierno el que cargue con la impopularidad de poner la casa en orden. También -el reverso de la misma moneda- es preciso que Temer evite un populismo fiscal que podría revertir su alicaída popularidad. Un factor que añadirá complejidad a esta encrucijada una vez que Dilma salga de la Presidencia de forma definitiva es el propio PT. Independientemente del horizonte penal de Lula, no hay duda de que la base “petista” ha sido determinante para el populismo brasileño de la era política epónima. La venganza del PT consistirá no tanto en culpar al gobierno de los mismos males que lo aquejan -la corrupción- como en lanzársele a la yugular en materia económica y social. El PT podrá así dar rienda suelta a unos instintos que ha debido reprimir parcialmente (sólo parcialmente) en todo este tiempo dado que el gobierno que administraba el Estado era el de sus propios líderes.

La caída definitiva de Dilma será el final de una era política. Pero no es seguro que sea también el final de la incertidumbre. Dependerá de los actores que se la cargaron… pero también de los que trataron de impedirlo.



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