El calvario de los inocentes encarcelados

En 2015 fueron 47.279 las personas que resultaron inocentes o no condenadas al finalizar sus procesos judiciales. Identificación errónea, declaraciones falsas y mala conducta de trabajadores públicos son los principales problemas que el Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública detectó en estos casos, en los que algunos, incluso, ya habían sido declarados culpables. La historia de Mauricio Avilés y L.A.G.C. dan cuenta del calvario que viven los inocentes que -sin embargo- terminan en la cárcel.

por Tamy Palma Silva

Marcelo Avilés (42) es robusto, moreno, de baja estatura y fue colectivero hasta el 7 de diciembre de 2012, cuando su vida tuvo una caótica pausa: en Rahue Alto, Región de Los Lagos, una mujer tomó a las 17.25 un colectivo marca Hyundai Accent manejado por un hombre y con un pasajero a bordo que se bajó minutos después de que ella subió. El chofer, según el expediente judicial del caso, le dijo a la mujer que pasaría a recoger a su hijo al Hospital Base de Osorno. Ella accedió. Inmediatamente, él puso pestillo a todas las puertas y le advirtió que “se callara, si no, la iba a matar”. Raudos, y en medio de amenazas, salieron de la ciudad hasta estacionarse en una carretera. En el lugar, la mujer le entregó 60 mil pesos a su victimario, quien la agredió física y sexualmente, para luego dejarla herida y abandonada.

La víctima recordó algunos dígitos de la patente y, ese mismo día, se acercó a Carabineros para poner una denuncia contra un joven al que describió como alto, delgado, musculoso y con “ropa deportiva o atlética”, según señaló la víctima a Sonia González, una peatona que la asistió al verla golpeada, rasguñada y con la ropa rota.

Al otro día, la PDI juntó una muestra de 12 fotografías de personas que podrían haber sido su atacante, dadas las características físicas que describió la mujer y que dio origen a un retrato hablado. De ellos, el único hombre moreno, corpulento y diferente a los otros colectiveros que le mostraron a la mujer era Marcelo Avilés. Su foto, pese a la descripción que dio inicialmente la mujer, fue la que removió sus recuerdos y no titubeó para culparlo de la agresión de la que había sido víctima.

Cinco días más tarde, cerca de la una de la madrugada, tocaron la puerta de Avilés para llevarlo detenido. “Llegaron y dijeron que me andaban buscando por un acoso sexual”, cuenta. Su domicilio fue registrado por completo en busca de pruebas que coincidieran con la descripción de la víctima. El último dígito de la patente registrada por la mujer coincidió con la del auto de Avilés. Con ese dato, lo llevaron a la oficina de la PDI de Osorno para una extensa interrogación. “Expliqué que a esa hora había sido testigo de un choque que tuvo un amigo en su vehículo. Incluso estuve en el juzgado de Policía Local. Luego, estuve en una actividad con mis compañeros”, recuerda Avilés. Al margen de su defensa, fue detenido por delito de abuso sexual y hurto. Antes, un funcionario que lo interrogó, a quien Avilés identifica como Alex Álvarez Loncomilla, le dijo: “¿Te doy un consejo? Te vas a acordar de mí siempre. Declárate culpable de que tú le tocaste un seno a la galla o le tocaste el pelo, y con eso vas a estar dos o tres meses preso y te vas y nadie se va a acordar de ti”. Avilés se negó.

Los compañeros del sindicato de colectiveros, donde participó -hasta hoy- activamente, organizaron protestas y se acercaron en reiteradas oportunidades a la PDI para pedir que les tomaran declaración. El organismo no lo hizo.

El día en que Avilés, supuestamente, cometió el delito, había participado de una convivencia con sus compañeros: “A esa misma hora y ese mismo día, en el sindicato estuvieron jugando pimpón, tomando tecito y comiendo berlines. Ellos hicieron una descripción muy detallada de todo lo que habían hecho con Marcelo. Pese a todo, la fiscalía se negó a tomarles la declaración en varias oportunidades”, recuerda Solange Llorente, abogada defensora de Avilés.

Marcelo Avilés estuvo en prisión 45 días. En la cárcel le decían “el violador” o “el violeta”. Cuando su caso salía en los noticiarios, sus compañeros de encierro se reían de él. “Al principio, todos me miraban y cuestionaban. Después no. Me decían ‘¡oye, alto; oye, musculoso, ven pa’ acá!’”. eso duró “hasta que les pedí que hicieran una declaración notarial a sus compañeros de trabajo y pedí audiencia de revisión de prisión preventiva”, recuerda su abogada. Su caso, entonces, pasó a arresto domiciliario total por 35 días y, luego, estuvo durante 11 meses con arresto domiciliario nocturno.

Tras enfrentarse cara a cara con su supuesta víctima, quien nunca dejó de responsabilizarlo de la agresión, robo y abuso sexual, y la exposición de los múltiples testimonios sobre las actividades que tuvo el día del ataque, se concluyó que las pruebas de la parte querellante no tenían relación con Marcelo y los jueces, tras dos años de calvario, finalizaron el proceso con una resolución absolutoria.

Según cifras de la Defensoría Penal Pública (DPP), en 2015 fueron 47.279 personas que resultan inocentes o no condenadas al finalizar sus procesos judiciales. La cifra es estudiada desde 2013 por el Proyecto Inocentes de la DPP, inspirado en los trabajos realizados por Innocence Project (Proyecto Inocencia) de Estados Unidos. Desde agosto de ese año, con el fin de estudiar los errores del sistema judicial tanto en sus pericias y procedimientos, como también la falla de algún agente del Estado (fiscales, policías, etc.), el proyecto, liderado por el abogado de la Unidad de Estudios de la Defensoría Nacional, Humberto Sánchez, y el periodista Alexis Matamala, ha recopilado 50 casos de personas que han sido condenadas y que se ha comprobado, posteriormente, su inocencia o desvinculación del hecho por el cual fueron privadas de libertad durante el proceso o por resolución judicial. “Los elegimos porque en estos casos se puede observar la existencia de un error que llevó a esta privación de libertad”, cuenta Matamala.

La forma de ingreso que tienen cada caso es distinta y se someten al estudio de un comité editorial integrado por abogados del sistema público y privado, y sociólogos. “A veces ingresan cuando ya están terminados”, dice Matamala. La otra forma de ingreso es durante la tramitación del caso. Ahí, se realiza un seguimiento en el que se entrevista con cámaras a los presuntos culpables y a sus familiares, como también se graba parte de las audiencias. Según integrantes de la defensa de Mauricio Ortega, -ex pareja de Nabila Rifo, a quien sindicó como responsable de su golpiza-, antes de la primera declaración que ella dio, a Ortega se le realizó un seguimiento grabado en caso de ser declarado inocente.

Según Matamala, este proyecto ha servido para evidenciar los escasos mecanismos que existen en Chile para deshacer una condena de alguien que está en la cárcel y que es inocente. Agrega que “en nuestro país el único mecanismo hábil dispuesto para eso se llama recurso de revisión, cuyas causales son de muy difícil configuración”.

Las cifras, que se pueden ver en la página web www.proyectoinocentes.cl, creada para la difusión de los casos reunidos, muestran que el 32% de las causas de error en el sistema se da por identificación errónea, como el caso de Marcelo Avilés. Entre los delitos cometidos en los que se ha procesado a un inocente, el 43% es por robo (en diversas tipificaciones), el 13% se reparte entre abuso sexual, homicidio y homicidio frustrado. El 55% de ellos pasan entre uno y 99 días en la cárcel, seguido por un 15%, que pasa entre 200 y 299 días privado de libertad.

“Todavía tengo problemas para tener relaciones con mi señora y no hay día en que no piense en el infierno que viví”, confiesa L.A.G.C. (60), quien pidió reserva de identidad para no perjudicar a su hijo que lleva su mismo nombre. Su caso es el primero, tras la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal, en que la Corte Suprema asume que en la investigación hubo un error judicial.

L.A.G.C. tiene dos hijos y hasta el 26 de julio de 2013, llevaba 33 años de matrimonio. La estabilidad duró hasta mayo de ese año, cuando el hombre entabló una relación paralela durante dos meses con una mujer 30 años menor: la pareja de su sobrino y madre de seis niños. Ese año, mientras buscaban dónde establecerse, L.A.G.C. les prestó una casa que tenía en el sector El Cobre, en Los Andes, que heredó tras la muerte de sus padres y en la que vivían otros familiares.

Según cuenta el abogado defensor de L.A.G.C., Rodrigo Molina, cuando el sobrino de su representado se percató del engaño de su pareja, la enfrentó. Ella, entonces, le dijo que estuvo siendo abusada sexualmente por su tío. Incrédulo, su pareja le pidió que grabara con una cámara, con una grabadora de voz y que, a la vez, mantuviera encendido su celular cuando la relación sexual, según ella forzada y violenta, ocurriera. Ella acató todas las instrucciones.

El video, en el que se puede ver a L.A.G.C. y su amante teniendo relaciones sexuales durante dos minutos, se dan besos y a ratos ella solloza, asunto que no preocupó a su compañero en ese instante. Un día después de ese último encuentro, L.A.G.C. pasó 99 días en prisión y 10 meses en arresto domiciliario nocturno acusado de abuso sexual: “Recuerdo que me hicieron declarar durante horas y un funcionario de la PDI me decía que nadie me iba a creer, que mejor me declarara culpable”, recuerda el hombre.

Un CD, que fue expuesto en las audiencias, en el que se encontraba el video -y, luego, el audio captado antes y después de la relación-, fue la prueba que utilizó la parte querellante para acusar de abuso sexual a L.A.G.C. Sin embargo, en todas las instancias se exponía sólo el registro audiovisual. “Nunca abrieron el audio que se grabó con MP3. Cuando tuve acceso a la carpeta y a las pruebas, me percaté de eso y lo escuché completo”, recuerda el abogado Molina. Esa prueba fue clave, ya que develó las contradicciones en los testimonios del sobrino de L.A.G.C. y su mujer sobre la versión que tenían del presunto abuso y las conversaciones telefónicas que ella grabó ese día. Tras la incorporación de dicho audio, y pese a haber arriesgado 10 años de cárcel, consideraron que la situación no establecía el delito por el que estaba formalizado L.A.G.C., puesto que fue una situación planeada, en la que no se comprueba ninguno de los hechos descritos por la mujer como uso de cuchillos, violencia y maltratos. “De ella ni de mi sobrino supe nunca más. La familia los echó de la casa en cuanto supieron de la demanda y no volvieron a aparecer”, dice. Finalmente, el 12 de diciembre de 2014, L.A.G.C., fue declarado inocente.

El caso de L.A.G.C. se suma al segundo lugar de mayores causas de errores en el sistema, según el análisis interno de Proyecto Inocentes. Un 30% de inocentes es considerado culpable por declaración falsa y mala conducta de agentes del Estado.

Uno de los principales problemas que se arrastran es la búsqueda de trabajo de los inocentes encarcelados. La Fundación Paternitas, encargada de la reinserción de ex presos, no abre cupos para inocentes que se enfrentan nuevamente al mundo laboral, como sí lo hacen con los declarados culpables. Mauricio Avilés pudo seguir siendo colectivero, sin embargo, L.A.G.C. tuvo un lento regreso a las actividades que realizaba. “A mí, nunca nadie me ha pedido disculpas ni me ofrecieron ayuda de algún tipo”, cuenta Marcelo Avilés. El Defensor Nacional, Andrés Manhke, explicó que están haciendo acuerdos con otras fundaciones, como Pro Bono, para permitir que “las personas que están dentro del Proyecto Inocentes accedan a asesoría legal de parte de los abogados de dicha institución para efectuar demandas indemnizatorias por los perjuicios que sufrieron al estar injustamente privados de libertad”.

L.A.G.C. buscó psicólogo de manera espontánea y, asesorado por su abogado Rodrigo Molina, pusieron una demanda civil contra el Fisco en el que piden $ 200 millones. “Lo principal es que la jueza que lo mantuvo en prisión se haga responsable de su negligencia”, dice Molina. La sentencia se resolverá, esperan, a fines de este año.

“Por lo menos, agradezco que mi familia y mi señora me apoyaron”, dice L.A.G.C., experiencia que comparte con Avilés. Aunque asumen que enfrentar el estigma de haber sido procesado por un caso de abuso sexual no se supera. “Yo nunca volví a hablar el tema con mi familia. Por vergüenza y por pudor”, revela L.A.G.C. Lo único que los consuela es que en sus antecedentes sólo aparece el caso en los sistemas de Carabineros y fiscalía como medida de seguridad interna. Una vez absueltos por inocencia, pese a que nadie les ofrece disculpas ni hay apoyo monetario o psicológico, al menos en el certificado de antecedentes no queda registro alguno de su experiencia. “Claro, como si eso bastara”, reflexiona Marcelo.



SUPLEMENTOS Y REVISTAS

Reportajes

Página 19
ltrep


    LaTercera.com
    SÍGUENOS TAMBIEN EN:
    ACTUALIZA TU EXPLORADOR: