Rectores acusan que reforma promueve "intervención" del gobierno en Ues. estatales

Proyecto crea un Consejo Directivo en cada plantel, con cuatro representantes del Presidente.

por Daniela Muñoz

La solicitud de renuncia y posterior destitución de la rectora de la U. de Aysén, Roxana Pey, abrió el debate entre las universidades estatales respecto de los límites que debe tener el gobierno de turno al interior de estos planteles. Además, alertó a los rectores sobre uno de los capítulos del proyecto de reforma a la educación superior que establece normas comunes para las instituciones del Estado.

En la iniciativa, que está siendo revisada por la Comisión de Educación de la Cámara, se propone la creación de un Consejo Directivo, compuesto por nueve miembros, cuatro de los cuales serán designados por el Presidente de la República.

Este consejo será la máxima autoridad colegiada resolutiva de la institución y puede “proponer al Presidente o Presidenta de la República, en virtud de un acuerdo fundado adoptado por mayoría de sus integrantes y en virtud de una causal previamente establecida en sus estatutos, la remoción del rector o rectora, con exclusión del afectado”, señala el proyecto.

Esta figura es considerada por los rectores como una intervención excesiva del gobierno de turno al interior de las universidades del Estado. ¿Cómo funcionan actualmente los gobiernos universitarios en estos planteles?

La mayoría de las universidades estatales tiene la figura de Junta Directiva, que data de la normativa creada en 1981. Esta instancia tiene, por ejemplo, en la U. de Santiago, dos integrantes designados por el Consejo Académico, dos personas que no desempeñen cargos en el plantel y dos representantes del Presidente de la República, además del rector.

También hay planteles que tienen un Consejo Superior. Es el caso de la U. de Los Lagos y la U. Tecnológica Metropolitana (Utem) que fueron creadas en 1993. Por ejemplo, la U. de Los Lagos tiene un Consejo Superior integrado por tres representantes del Presidente de la República y cinco consejeros definidos entre los académicos democráticamente, y el rector. Además, hay estudiantes y funcionarios, pero sólo tienen derecho a voz.

Y en el caso de la U. de Chile cuentan con estatutos que incluyen un Consejo Universitario y un Senado Universitario, que es triestamental.

Según planteó el rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, lo que propone el proyecto “se aleja de la tradición por la proporción de representantes gubernamentales, porque siempre ha habido un grado de participación del Presidente, pero nunca a ese punto”.

Respecto del Consejo Directivo propuesto en el proyecto, el rector de la U. de Los Lagos, Oscar Garrido, indicó que “llama la atención la composición de los miembros, prácticamente los representantes del gobierno quedan casi en iguales condiciones que los representantes académicos y universitarios”.

“Esto atenta contra la autonomía universitaria, en nuestra universidad los órganos de gobierno funcionan bien”, agregó Garrido.

El rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, también criticó la propuesta.“Queremos ser universidades estatales y no gubernamentales, nuestro régimen jurídico tiene que garantizar la autonomía y proyección más allá de los gobiernos de turno”, dijo.

Según Valle, el proyecto “establece una interferencia excesiva del gobierno de turno en las universidades estatales y eso amenaza la independencia que debe tener siempre una institución del sistema político”. También subrayó que los planteles “pertenecen al país y no pueden estar expuestos a los vaivenes políticos de la contingencia”.

En esto también coincide Garrido: “El principio que el sistema universitario estatal debe resguardar es que los planteles mantengan su condición de estatal y no pasar a constituirse en instituciones gubernamentales atrapadas por los gobiernos de turno”.

El rector de la U. de Magallanes, Juan Oyarzo, en tanto, criticó que el Presidente de la República tenga la facultad de remover al rector o rectora: “Estamos en nuevos tiempos en que los principios democráticos debieran orientar la toma de decisiones ”.

El rector Garrido también criticó esto: “Pareciera que el interés de quienes redactaron el proyecto es intervenir los planteles estatales, desconociendo el tremendo esfuerzo que hacemos con escaso apoyo institucional del Estado”.

Oyarzo afirmó también que “el nombramiento de cuatro miembros del Consejo Superior por parte del Ejecutivo es un exceso, pues sobrepasa lo que actualmente sucede”.

En tanto, el rector de la U. de Tarapacá, Arturo Flores, planteó que “si comparamos el Consejo Directivo con nuestra actual Junta, el porcentaje de representantes de la Presidencia de la República crece a un 44% (4 de 9)”.

Y agregó que “claramente se notará la presencia del Presidente en este organismo colegiado. En consecuencia, hay una duda razonable respecto de si esta composición no afecta la autonomía de la institución”.



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