Alcances de la reforma previsional

No cabe subestimar algunos efectos muy negativos que esta propuesta podría provocar, como un aumento en la informalidad laboral y una caída en los retornos de los fondos.

LA PROPUESTA de reforma previsional dada a conocer por la Presidenta Bachelet toca aspectos muy relevantes del mercado laboral y de la operatoria de las AFP. El tono positivo con que ha sido acogida, porque el gobierno ha expresado su ánimo de conversarla con otros sectores, no debe llevar a subestimar la peligrosidad que reviste el enfoque básico tras algunas de las medidas que se quiere impulsar, para el funcionamiento del mercado laboral, para la seguridad social y, en definitiva, para el buen funcionamiento de la economía.

Es particularmente bienvenido que el ministro de Hacienda haya aclarado que parte de lo recaudado por el 5% de cotización adicional que se propone, puede ir a fortalecer la cuenta de capitalización del mismo cotizante. El anuncio original (y lo que aún sostiene la ministra del Trabajo) consideraba que el total de esta “cotización adicional” iba a beneficiar a terceros, sean estos jubilados u otros trabajadores activos que recibirían un subsidio para mejorar sus pensiones. En esa definición el 5% tenía, por completo, el carácter y el efecto de un impuesto.

Es importante distinguir esta propuesta de “cotización adicional” para subsidiar a terceros -un impuesto al trabajo de quienes permanezcan en el sistema previsional (y no a los empleadores) y que llevaría a la informalidad a quienes busquen eludirlo- de lo propio de los Sistemas Previsionales de Reparto. En estos últimos los trabajadores activos, al cotizar, están “comprando” su derecho a una futura pensión, la que, cuando la demografía acompaña, alcanza un monto que compensa bien el esfuerzo de cotización. Esto es, un Sistema de Reparto opera como sistema de ahorro para la vejez, en que cada individuo anticipa que su esfuerzo será resarcido, y no como un sistema de impuestos al trabajo. A diferencia de lo indicado por el Ministro de Desarrollo Social, entonces, la propuesta en su versión inicial no corresponde a un mecanismo “de reparto”: es un impuesto al trabajo. En contra de la visión del ministro, en los países en que se mantienen Sistemas de Reparto, en la medida que la demografía va castigando el nivel de las pensiones, el fisco hace grandes aportes para evitar que las cotizaciones se transformen en impuestos y se destruya el mercado laboral formal.

Tan equívoco como llamar “cotización adicional” a un impuesto al trabajo es presentar las propuestas que afectan las comisiones de las AFP como fórmulas para mejorar la rentabilidad de los fondos. Con la propuesta de devolución de comisiones en caso de retorno negativo de los fondos se crea un fuerte incentivo a invertir conservadoramente, lo que afectaría la rentabilidad del ahorro previsional. La propuesta de hacer que las comisiones de intermediación financiera sean de cargo de las AFP, a su vez, castigaría la rentabilidad o la seguridad de los fondos al desincentivar inversiones en instrumentos más sofisticados, donde se aplican dichas comisiones. Ambas propuestas fallan en su lógica financiera. Más bien, reflejan un ánimo de hostigamiento a la gestión privada en la seguridad social, que, en un ánimo constructivo, debería sustituirse por iniciativas que beneficien a los afiliados, por ejemplo, procurando más competitividad en el sistema.



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