Carlos Tenorio

Abogado de familia Luchsinger-Mackay: "Agricultores y mapuche deberían demandar juntos al Estado"

El jurista conversó con La Tercera sobre el caso Luchsinger-Mackay. Aquí defiende aplicación de la Ley Antiterrorista y empatiza con víctimas “de lado y lado”.

por Por Pedro Cayuqueo

“Para muchos debo ser un antimapuche”, reflexiona Carlos Tenorio, abogado temuquense que ha liderado la persecución penal tras emblemáticos casos en La Araucanía. Pero el defensor particular de la familia Urban en Ercilla y de los Luchsinger en Vilcún, lejos está de aquella caricatura. Se define como liberal, regionalista, hincha cruzado y orgulloso del carácter intercultural de la región.

Hoy es querellante en el caso Luchsinger-Mackay, proceso de alta connotación pública que reconoce complejo y estresante. Y que tras la detención de los actuales once imputados el pasado 30 de marzo, subraya el profesional, “inició una nueva etapa”.

¿Por qué?

Es un proceso nuevo, un juicio complejo y tensionante por el hecho mismo, el más grave cometido en la región en mucho tiempo en el marco del conflicto. También por la importancia de algunos imputados en la propia dinámica del pueblo mapuche.

La machi Francisca Linconao no era desconocida para usted.

Ella había tenido participación en un recurso de protección por violación de la ley forestal contra uno de mis clientes y que ganó. Fue la primera vez que se mencionó el Convenio 169 de la OIT. Y la conozco porque es un actor relevante dentro del quehacer regional, una autoridad cultural reconocida, caso diferente al de Córdova de quien hasta se dudaba fuera machi.

Atendiendo el Convenio 169 sobre condenas o medidas cautelares alternativas a la prisión para autoridades indígenas, ¿no ameritan otro trato?

Creo que no se cumple el estándar que establece la OIT. Esto ya se discutió en el caso de Córdova. La condición de machi no te puede dar beneficios porque, jurídicamente, todos comprendemos que a las personas que ostentan una investidura religiosa, cualquiera sea, se les exige un grado de comportamiento por sobre la media del resto. Esa condición pesa en contra y no a favor. Pasó así con el sacerdote John O’Reilly.

Un punto de inflexión fue el testimonio de José Peralino. Sin embargo, él se desdijo.

A mí me parece un testimonio consistente, hubo tres declaraciones de su parte y en ellas reconoce su participación y la del resto de los imputados, señalando remordimiento. Es la primera vez que vemos a una persona que rompe estos verdaderos pactos de silencio.

Pero él se desdijo en el tribunal y acusó presiones de la policía.

Yo creo que no se desdijo, es un tema de argumentación que se verá en el juicio oral. Yo tengo una opinión distinta de la que sostiene reiteradamente la defensa.

¿Qué opinión le merece la sanción a la defensora penal mapuche Manuela Royo?

Solo puedo decir que ella excedió el marco de la cortesía profesional. Me parece que los abogados debemos siempre mantener la cordura y la compostura.

El delito de incendio con resultado de muerte tiene una alta penalidad en Chile. ¿No contamina la ley antiterrorista el proceso?

El delito base es ese, pero la connotación, el perfil de las víctimas, las amenazas previas y la dinámica de lo que aconteció me hace sostener que ese delito base no es suficiente. ¿Qué es lo otro que me ofrece el ordenamiento penal chileno? La ley antiterrorista. Allí calzan los otros elementos que ocurren en este caso, pero el problema es más estructural.

¿En qué sentido?

El problema no es la ley antiterrorista, es nuestro arcaico Código Penal de 1874. Lo que busca la familia Luchsinger es justicia, no venganza.

¿Es el crimen de Matías Catrileo la génesis de este caso?

Así lo creo. Cuando asesinaron a Catrileo en el fundo Santa Margarita me llamó don Jorge Luchsinger y comentamos que era un hecho gravísimo que traería problemas de convivencia en la zona. Tanto así que luego de ese crimen hubo varios atentados y él decidió vender sus campos.

La familia Catrileo denuncia denegación de justicia en el caso de su hijo.

Entiendo que hubo una condena contra un funcionario de Carabineros que pudo no dejar satisfecha a la familia. Ahora, como abogado me parece una aberración que la justicia militar haya visto el caso y no la justicia civil. Y como padre no puedo sino empatizar con el dolor de la familia y su sensación de injusticia.

Como abogado de causas emblemáticas, ¿son los tribunales los llamados a resolver el conflicto?

Si alguien cree que a través de sentencias judiciales esto se va a resolver está muy equivocado.

Usted responsabiliza directamente al Estado.

Acá el gran ausente es el Estado y la política. Lo que se está incubando hoy entre agricultores y comunidades es un conflicto fratricida en una comunidad regional fracturada. Hay un responsable y es el Estado junto al centralismo. Creo que agricultores y mapuche deberían demandar juntos al Estado.

En La Tercera, el líder de la CAM, Héctor Llaitul, desmarcó a su organización del crimen.

No tengo ninguna duda al respecto, la CAM no tuvo participación. Ellos hasta hicieron un comunicado al día siguiente del crimen manifestando su repudio.



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