La interminable pesadilla del Cerro Chuño en Arica

Las poblaciones, contaminadas con plomo y arsénico en la ciudad nortina, quedaron abandonadas tras la erradicación de los habitantes, muchos aquejados de cáncer. Sin embargo, nuevas familias se tomaron las viviendas, con serio riesgo para su salud, generando además un foco de delincuencia.

por Por Ramón Vásquez, Arica

Esta población nació maldita y parece que siempre será así”, cuenta Gabriel Quispe (48), quien tiene una botillería en el sector Cerro Chuño de Arica, en la XV Región, escenario de uno de los capítulos más tristes de la historia de la ciudad nortina: cerca de cinco mil personas, que hasta el año pasado residían en viviendas sociales construidas en ese lugar, hoy padecen las consecuencias de la contaminación por metales pesados que fueron depositados ahí hace 30 años.

Y pese a que los habitantes fueron erradicados, nuevas familias se han tomado esas casas abandonadas, que no fueron demolidas, generando, según vecinos, un foco de delincuencia. “Le tuve que poner rejas al negocio, porque ya me han asaltados tres veces”, agrega Quispe, mientras sube por la calle Morrillos, columna vertebral de la población.

Las propiedades vacías, de dos pisos, se ubican en angostos pasajes, sin puertas ni ventanas, con letreros del Serviu que informa que tienen orden de demolición. A un lado de estos, los vecinos erradicados pusieron otro mensaje: “Peligro: Veneno”.

En algunas, eso sí, cuelgan cortinas, conexiones hechizas al tendido eléctrico e incluso antenas de televisión por cable.

“Si están ahí, ¿por qué no podemos usarlas? Necesitamos una casa y somos pobres. No es fácil”, cuenta Yamilé Torres, quien vive con su pareja y cuatro hijos pequeños en una de estas casas, que como puerta tiene una cortina y cartones como ventanas.

La historia de la contaminación por metales tóxicos comenzó en 1984, cuando Arica recibió durante cinco años cerca de 20 mil toneladas de plomo y arsénico provenientes de Suecia, los que fueron depositados en un área llamada “Sitio F”, a dos kilómetros del radio urbano de la ciudad. Sin embargo, entre 1990 y 1992 se construyeron tres poblaciones sociales cerca del “Sito F” y, en menos de dos años, los habitantes del naciente barrio comenzaron a sufrir afecciones como leucemia, cáncer al pulmón y de piel, enfisemas, embarazadas que perdían a sus bebes y niños con malformaciones.

En 1998 las autoridades de Salud tomaron muestras a todos los habitantes de la población, para medir la cantidad de metales pesados en la sangre. “Se demoraban mucho dar los exámenes y después nos dijeron que se perdieron. Algunos los entregaron, pero dudamos, porque las personas que estaban más enfermas, tenían resultados súper buenos”, recuerda Patricia Aguirre, ex habitante del sector y madre de Abigail, quien nació con malformación de Chiari, que se genera por la inhalación constante de metales tóxicos durante el embarazo.

Ante los graves daños que evidenciaron los exámenes, los encargados del proceso quemaron los informes y otros fueron adulterados. El engaño se descubrió y la justicia obligó al Estado de Chile a iniciar un plan que consistió en el pago de $ 10 millones a cada uno de los afectados, la construcción de un centro de salud exclusivo para ellos y la entrega de nuevas casas en otro sector.

Una historia que para Yamilé Torres es secundaria. “Algo hemos sabido de lo que pasó, pero preferimos correr el riesgo que no tener dónde vivir”, asegura.

La erradicación de Cerro Chuño comenzó en 2012, pero aún no termina. De las 875 familias que deben emigrar, 278 aún no han sido relocalizadas. Las casas deshabitadas nunca se demolieron y fueron tomadas por familias chilenas y también extranjeras. Según datos del Servicio Jesuita a Migrantes, un 30% de las viviendas ocupadas corresponden a inmigrantes colombianos.

“Nosotros sólo queremos un futuro mejor. Si hay delincuencia, puede ser cualquiera: chileno o colombiano. No tiene que ver la nacionalidad”, dice Jairo, oriundo de Buenaventura, la ciudad más violenta de Colombia, según cuenta. Evita dar su nombre real y no quiere ser fotografiado: sostiene que llegó a Chile escapando de la mafia. Junto a cinco compatriotas vive en una de las casas.

Carabineros y la PDI han realizado operativos en el sector, constatando que los microtraficantes no siempre pernoctan en las viviendas, sino que las utilizan para organizar la comercialización ilícita. “Decidimos intervenir el sitio para bajar los niveles de inseguridad que tiene la población. Ha habido hechos delictuales y ataques a Carabineros. Como hubo una erradicación, el sector quedó abandonado y ya no funcionan las luminarias, lo que aumenta la probabilidad de delitos”, relata Darwin Herrera, comisario de la PDI.

Pero los vecinos no sólo reclaman por la delincuencia. Aseguran que en el sector se generó también un problema sanitario. “Todos están colgados a la luz de forma precaria. En cualquier momento puede haber un incendio. Además, como no tienen agua, hace sus necesidades en cualquier parte”, indica la vecina Carolina Rodríguez.

Tras la erradicación del sector, el Servicio de Vivienda y Urbanización cercó con rejas la población y puso protección en las viviendas vacías. Sin embargo, estas barreras fueron destruidas por quienes se tomaron los inmuebles. Desde esa entidad explican que aún no pueden demoler las casas, porque hay familias que no han sido relocalizadas y residen en conjuntos pareados que no pueden ser derribados individualmente.

“El error fue del gobierno anterior, por planificar la erradicación en etapas, lo que llevó a que no quedaran todas las casas vacías de una vez”, dice el director regional del Serviu, Juan Arcaya, quien asegura que ya solicitaron recursos al Ministerio del Interior para iniciar la demolición.



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