GLOBAL DEBUG cmaEdition: copesa.core.dto.CmsEdition: editionId='1598', status='2', createDate='2013-09-06 11:51:40.746', modifiedDate='2013-09-06 11:51:40.746', launchDate='null', expirationDate='null', date='2013-09-07 00:00:00.0', version='1', description='', modifiedUserId='2204', userId='2204', keywords='' Suprema admite 'graves acciones y omisiones' tras Golpe Militar | País | La Tercera Edición Impresa

Suprema admite "graves acciones y omisiones" tras Golpe Militar

Pleno del máximo tribunal realizó histórica declaración tras intenso debate interno.

por Felipe Díaz y Andrés López

Los 14 ministros que están en funciones en la Corte Suprema ingresaron al salón pleno de la instancia, en el Palacio de Tribunales, minutos después de las 13.30 horas, en una inusual puesta en escena: todos se quedaron de pie, mientras el presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros, leía una declaración pública a la que arribaron tras una intensa sesión de debate.

En el texto, el máximo tribunal reconoció “graves acciones y omisiones” en el período posterior al Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. En la redacción, que de inmediato fue considerada como “histórica”, los ministros evitaron utilizar la palabra “perdón”.

La reflexión de la Corte Suprema ocurre en la misma semana en que la Asociación de Magistrados -que representa al 70% de los jueces del país- pidió perdón por la actuación del Poder Judicial durante el régimen militar. Días antes, el Presidente Sebastián Piñera, apuntando a una serie de responsabilidades civiles durante el período, señaló que la justicia “no estuvo a la altura”.

Ambas declaraciones activaron una discusión pública que llegó hasta el máximo tribunal, donde fue creciendo la idea de que no se podía soslayar el tema.

El pleno de ayer fue el espacio propicio para iniciar dicho debate: tras una hora y media de discusión, se decidió que era la hora de emitir un pronunciamiento en el marco de los 40 años del Golpe Militar.

En el acuerdo, los jueces aseguraron que en esa época se instaló “un régimen cívico” que “violentó las garantías fundamentales de los ciudadanos”, lo que derivó en “la muerte de muchos de ellos, su desaparición forzosa, detenciones irregulares y torturas”.

“No cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, como lo fueron, en parte se debió a la omisión de la actividad de jueces de la época que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas -las que, por cierto, ofenden a cualquier sociedad civilizada-, pero principalmente de la Corte Suprema de entonces, que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas, desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia”, señala el documento.

Los magistrados indicaron que las acciones y omisiones “arrastraron a parte de la judicatura del país, que claramente, a la hora presente y con la mesura y altura de miras de hoy, corresponde decir que constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales”. Los jueces añadieron que se debe dejar en claro esta situación “para que ese comportamiento no se repita”.

Responsabilidad

La discusión interna entre los magistrados estuvo marcada por la idea de que era necesario responder a los emplazamientos, con un mensaje que no incluya una “petición de perdón”, ni una respuesta ni a los magistrados ni al gobierno.

El ex presidente de la Corte Suprema Milton Juica aseguró que no le corresponde a un organismo del Estado “pedir perdón, sino que explicar”. “Aquí es un tema de responsabilidades institucionales y la cuestión del perdón es personal. Quien lo cometió es el que debe pedir perdón (...). Creo que es impertinente todo tipo de emplazamiento al Poder Judicial”, agregó.

La ministra Gloria Ana Chevesich, en tanto, manifestó que “se dio respuestas a lo que está sucediendo en estos días con el motivo del aniversario”.

Expertos: Debate sobre efecto del mensaje

Tras conocerse la postura del pleno de la Corte Suprema, la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, explicó que esta decisión no tendría efecto en los procesos judiciales. “Causas pendientes no hay ninguna. Porque cada vez que se detectan hechos que revisten carácter de delito se inicia el correspondiente proceso. En Chile existe la cosa juzgada. En consecuencia, no me parece que puedan reabrirse procesos”. El experto penalista Juan Domingo Acosta señaló que tampoco tendría un efecto en los casos y que “el paso que han dado debe valorarse, porque apunta en la dirección correcta, que es reconciliar a todas los chilenos frente a situaciones que no están totalmente superadas”.

Los cuestionamientos

Cerca de cinco mil recursos rechazados

RR El informe Rettig indica que durante el régimen militar resultó ineficaz el recurso de amparo, que busca garantizar la seguridad de quienes están detenidos. Se señala que, entre los elementos que fallaron, está la falta de una normativa adecuada y que no se respetó el precepto que nadie puede estar preso en un lugar distinto a su casa o lugares públicos destinados a este objetivo. Otro de los problemas fue la amplia credibilidad dada al régimen militar, en que se aceptaban las afirmaciones que se daban sobre los detenidos. Entre 1973 y 1983 se presentaron cerca de cinco mil amparos.

El caso de Contreras Maluje

En noviembre de 1976 fue detenido Carlos Contreras Maluje, en plena vía pública, por el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Pese a que el Ejecutivo indicó que nunca se llevó a cabo el arresto, la Corte de Apelaciones concedió el recurso de amparo presentado a su favor. El caso fue enviado a la Corte Suprema y finalmente quedó radicado en el Segundo Juzgado Militar de Aviación, que decretó el cierre temporal de la investigación. En el año 2007, 31 años después de ocurrido el hecho, la Corte Suprema condenó a siete ex miembros del Comando Conjunto por el homicidio de Contreras.

Procesos durante el régimen

La Comisión Rettig indicó que “el Poder Judicial no reaccionó con la suficiente energía frente a las violaciones a los derechos humanos”. Esto lo atribuyó a “las condiciones del momento, las restricciones que se fueron creando (...), la falta de medios en general y de colaboración policial en particular”, lo que impidió resguardar los derechos de las personas.

Otro de los cuestionamientos que hace el informe Rettig es que se decidió “no revisar las sentencias de los Tribunales Militares de Tiempo de Guerra”. Se recuerda que este poder del Estado fue el único que no fue cesado.



SUPLEMENTOS Y REVISTAS

País

Página 2
lt
    LaTercera.com
    SIGUENOS TAMBIEN EN:
    ACTUALIZA TU EXPLORADOR: