Corte Suprema bloquea artículos de reforma judicial y da duro golpe a Cristina K

La Corte declaró inconstitucional nueva norma sobre elección popular de la instancia que nombra y destituye a los jueces.

por C. Pezoa A./Agencias

Un duro revés sufrió ayer el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández, luego de que la Corte Suprema de Argentina declarara inconstitucional la reforma al Consejo de la Magistratura, ente encargado de nombrar y destituir a los jueces del país, uno de los elementos más importantes de la reforma judicial que impulsa el gobierno. De esta manera, por seis votos a favor y uno en contra, los magistrados de la Suprema invalidaron la iniciativa oficialista (aprobada por el Senado el 9 de mayo), por medio de la cual se modificaba la composición del Consejo y se introducía la elección popular para la designación de algunos de los miembros (ver recuadro). “Es inválido obligar a los jueces, abogados y académicos a someterse a elecciones populares”, determinó la Corte Suprema en su sentencia, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

La anulada normativa formaba parte de un paquete de seis proyectos impulsados por la Presidenta para poner en marcha una amplia reforma judicial, con el objetivo de “democratizar la justicia”, según el gobierno argentino. Sin embargo, tanto la oposición política como diversas asociaciones de abogados consideran que esta iniciativa pone en peligro la independencia del Poder Judicial.

Entre las principales críticas a la transformación del Consejo estaba el hecho de que los nombres de los postulantes a consejeros serían incluidos en las listas de los candidatos de los partidos políticos. En esa línea, se preveía que la elección en las urnas de los miembros del mencionado ente tendría lugar el próximo 11 de agosto, día de las primarias internas y simultáneas de todas las fuerzas políticas, de cara a las legislativas del 27 de octubre de este año. Además, se oponían al hecho de que para participar en la elección de los consejeros, los partidos debían presentar listas bajo un mismo nombre en al menos 18 del total de 24 distritos, requisito que sólo cumple el oficialista Frente Amplio.

Con esta decisión, la Corte Suprema avaló ayer el fallo de la jueza federal María Servini de Cubría, quien el pasado 12 de junio determinó “dejar sin efecto jurídico la convocatoria prevista para la elección” de los miembros del Consejo. Esta decisión de la magistrada llevó al Ejecutivo a presentar un recurso ante la Suprema para que se zanjara el asunto obviando instancias intermedias. El lunes, en tanto, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, había pedido revocar la sentencia de Servini de Cubría.

Horas antes de que se hiciera público el fallo de la Suprema, la Presidenta Fernández había embestido, una vez más, en contra del poder judicial argentino. A través de su cuenta de Twitter, sostuvo que existe la “Cámara Federal en lo Clarín y Rural”, en referencia a jueces que han otorgado medidas cautelares y han obligado “al gobierno a suspender sus intenciones contra el Grupo Clarín (por la ley de medios) y la Sociedad Rural Argentina”, por un litigio por la venta de un predio, según consignó el diario local La Nación. El ministro de Justicia, Julio Alak, estimó que el fallo de la Corte “no es una derrota” para el gobierno. En todo caso, señaló que el fallo de la Corte “desconoce la voluntad popular” y que la justicia es el “único (poder) que no tiene origen democrático”, según informó el diario Clarín. Desde la acera opuesta, tanto la oposición como ex funcionarios del gobierno valoraron positivamente la decisión del máximo ente judicial.

Paralelamente, un juzgado federal de primera instancia ayer declaró inconstitucional la prohibición del Banco Central de comprar divisas para ahorrar o invertir, que data de julio de 2012.

Artículos de la discordia

En una resolución de 67 páginas, la Corte Suprema declaró inconstitucionales los artículos 2, 4, 18 y 30 de la Ley 26.855. En ellos, la reforma judicial kirchnerista establecía la ampliación de 13 a 19 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura, de los cuales 12 debían ser elegidos por voto popular. Antes, jueces, abogados y académicos eran elegidos por sus respectivas entidades. Además, modificaba la mayoría de votos necesaria para designar y destituir jueces, que pasaba de los originales dos tercios, a la mayoría simple (mitad más uno de los miembros).



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