Res Pública Chile entra al debate por la legalización de las drogas

Una de las 95 propuestas que lanzará el Grupo Res Pública Chile (GRPC), firmada por Klaus Schmidt-Hebbel y el decano de gobierno de la UDD, Eugenio Guzmán, es la despenalización gradual de las drogas en Chile y a nivel internacional, pero con un fuerte control sobre su producción y consumo.

por María Octavia Rivas
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En 1971, el entonces Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró públicamente la guerra contra las drogas, definiendo su consumo como el enemigo público número uno de ese país. Desde luego también condenó la producción y venta de estas sustancias. Dos años después, creó la Drug Enforcement Administration (DEA) para combatir el narcotráfico a nivel internacional.

El 2012, 41 años después, en las elecciones generales de noviembre donde Barack Obama fue reelecto, dos estados de ese país declararon legal el uso de marihuana con fines recreacionales: Colorado y Washington, y otros 14 estados la permiten con usos medicinales desde hace años.

¿Qué pasó en estas cuatro décadas para explicar un cambio tan radical frente al tema?

Según plantean Klaus Schmidt-Hebbel, académico de la Universidad Católica y ex director del Departamento de Economía de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (Ocde), y Eugenio Guzmán, decano de la facultad de gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), la clave para enfrentar esta problemática es reconocer que la guerra contra del narcotráfico está perdida. Perdida en el mundo y en Chile, desde todos los puntos de vista: policial, político, económico y sanitario. Por lo tanto, el enfoque debe cambiar y se hace necesario avanzar hacia una despenalización gradual de las drogas.

Así consta en uno de los documentos que ha servido para el análisis de esta temática al interior del Grupo Res Pública Chile (GRPC), entidad creada en 2011 por encargo del empresario Andrónico Luksic, para analizar la realidad nacional y definir una serie de propuestas que ayuden a mejorar el país.

Esa fue la misión que recibió Schmidt-Hebbel hace 15 meses, para lo cual convocó a 11 destacados profesionales que, tras analizar y debatir en 18 áreas temáticas, están prontos a lanzar un libro con las 95 medidas que ellos concibieron para Chile. Son propuestas que van desde una nueva reforma tributaria hasta cambios en educación, delincuencia, políticas sanitarias, energía y medioambiente, entre otros ámbitos.

Estas conclusiones, según explicó el coordinador general de GRPC en estas páginas la semana pasada, no serán suscritas por la totalidad de los miembros del grupo, sino sólo por los firmantes de cada área: “Si bien las propuestas representan la visión de los autores de cada capítulo, en lo posible, intentan reflejar la reflexión y la crítica colectivas. Por lo tanto, los 12 integrantes de GRPC no estamos de acuerdo con cada una de las 95 propuestas, y eso creemos que hace más rico el debate que queremos generar”.

Una nueva mirada

Según apuntan Schmidt-Hebbel y Guzmán en el mencionado texto, el mundo está transitando lentamente hacia una legalización gradual de las drogas. Como ejemplos, citan la despenalización del porte de marihuana en varios países, su uso medicinal (analgésico), el intento de legalización en Uruguay y la legalización en los estados de Colorado y Washington, Estados Unidos, en las elecciones de noviembre pasado.

En ese sentido, la idea de despenalizar la marihuana como solución al tráfico ha sido una idea que han planteado diversos analistas y líderes políticos, como los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil y los estadounidenses Jimmy Carter y Bill Clinton. El actual mandatario uruguayo, José Mujica, también impulsa una política de legalización.

Los académicos consideran necesario revisar las políticas de drogas en Chile y avanzar hacia la despenalización, con un estricto control en la producción, comercio y consumo (regulación de mercados, tributación y programas de salud pública, prevención y adicción).

La idea es conseguir mejoras en seguridad ciudadana, desarrollo económico y social, lo que requiere enfrentar esta problemática en dos etapas. Primero, con cambios locales en la manera de enfrentar las drogas hoy ilegales y luego, con una revisión de los tratados internacionales.

En este punto, el análisis apunta a los convenios de la ONU sobre drogas, que prohíben la producción, el tráfico y el consumo, así como la cooperación entre las naciones para lograr este objetivo. Una mirada que -según se analizó- no ha sido eficiente por sus costos directos (para el Fisco) e indirectos (criminalidad).

Desde el punto de vista económico, una política de drogas basada en la prohibición requiere de una cuantiosa inversión de recursos fiscales para prevenir, reprimir y rehabilitar.

En el debate previo a este capítulo influyó, entre otros datos, el alza del número de detenidos por infracción a la ley de drogas y el consiguiente aumento en el gasto que esto ha significado para el Fisco (policías, justicia y Gendarmería). Mientras el 2002 se registraron 10.370 detenciones, esta cifra subió a 77.987 el 2011. Además, el 13,2% de los delitos totales del año 2010 se asoció al mercado de las drogas.

También se consideró que si bien no existen datos que permitan evaluar los costos y los beneficios de la ilegalidad y todo lo que ello implica, es un hecho que las implicancias negativas son mucho mayores que las positivas.

En este contexto, los académicos analizaron la experiencia mundial, donde queda clara la gran incidencia del uso de drogas y del narcotráfico en los índices de criminalidad.

Otro de los aspectos considerados en el estudio del tema drogas es que -en términos médicos- los efectos negativos del consumo de drogas legales son iguales -o peores- que los de las ilegales.

La postura de Schmidt-Hebbel frente a las drogas es conocida: en agosto del 2012, en una columna plasmó su diagnóstico: “Reconociendo la derrota local e internacional en la guerra contra las drogas y considerando que la ilegalidad de éstas contribuye al crimen en general, legalizarlas parcialmente (es un reto), a la vez que controlar con estrictez la producción y el consumo de algunas, para así proceder en el largo plazo al logro de acuerdos internacionales de despenalización y control de las drogas en sentido amplio”.

El capítulo firmado por Schmidt-Hebbel y Guzmán se referirá a las políticas para enfrentar la delincuencia y las drogas. Este recogerá parte del análisis que los dos académicos mencionan en el citado documento, pero podría modificar algunas de sus conclusiones.

Los otros integrantes de GRPC son Andrea Tokman (directora ejecutiva), Dante Contreras, Nicolás Figueroa, Cristián del Campo SJ, Andrea Repetto, Vicente Espinoza, Alejandro Ferreiro, Juan Andrés Fontaine, Francisco Gallego y Jorge Quiroz. El lanzamiento del libro de GRPC está programado para el 17 de mayo, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica.

Sobre su contenido, Schmidt-Hebbel señaló hace una semana que: “Hay propuestas radicales que no es posible implementar en el corto plazo y que de todas formas buscamos introducir en la agenda pública”.

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