Energía y zonas de sacrificio

por Alex Muñoz, director ejecutivo de Oceana

LA APROBACION por parte del Comité de Ministros de la termoeléctrica Punta Alcalde -la sexta en la pequeña localidad de Huasco-, es el síntoma de un problema más grave: la arbitrariedad con que se toman las decisiones en materia energética, privilegiando los negocios mineros y de generación eléctrica, en desmedro de una política orientada al bien común.

Interesa saber si, como sugirió una analista en este espacio, el apremio es tal que no cabe sino aprobar cualquier termoeléctrica a carbón, a pesar de sus altos impactos ambientales, económicos y sociales, o si, por el contrario, podemos hacer las cosas mejor en vista de las condiciones naturales y necesidades generales del país.

Chile sólo tiene un 4,5% de energías renovables no convencionales (ERNC) como parte de su matriz energética, lo que no está a la altura de las ventajas naturales que posee para su desarrollo. Un informe del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC por sus siglas en inglés) demostró que estas fuentes ya son competitivas. El 2011, las ERNC no sólo no encarecieron la energía, sino que redujeron en US$ 186 millones el costo operacional del Sistema Interconectado Central. Perfectamente podemos llegar a un 20% de ERNC al 2020, lo que el Presidente Piñera prometió apoyar el 2010, para luego retractarse.

De lograrse la meta del 2020 (es totalmente factible, ya que hay 4.000 MW de ERNC aprobados, lo que podría aumentar si existiera una ley que las incentivara de verdad), Chile podría emprender una transición reduciendo progresivamente el uso del carbón, dejando a las termoeléctricas en un rol de respaldo en vez de fuente principal.

Si fuésemos capaces de dotarnos de una ley, institucionalidad e infraestructura diseñadas decididamente para el fomento de las ERNC, se podría cubrir con creces las necesidades de electricidad del país en pocas décadas. Pero no sólo inquieta el desperdicio de las ventajas comparativas de Chile en esta materia. Es aún más reprochable el ensañamiento sobre localidades como Huasco, Ventanas, Coronel, Tocopilla y Mejillones, que concentran gran parte de las termoeléctricas, pese a haber sido declaradas zonas latentes o saturadas.

Hemos usado el concepto de zonas de sacrificio para describir el aprovechamiento de la vulnerabilidad de estas comunidades para aprobar, en una abierta discriminación y sin razones técnicas de por medio, industrias contaminantes que nunca se aprobarían cerca de sectores más acomodados. Los costos que ahorran las mineras y generadoras los pagan los más pobres.

¿Es sensato seguir instalando proyectos de este tipo en las zonas más contaminadas? ¿Qué hay detrás de la decisión de Punta Alcalde? Las menores posibilidades de defenderse de los afectados (y no una planificación territorial que defina la idoneidad del lugar para albergar estas industrias) explica por qué estos lugares son escogidos para emplazar tantas centrales.

Si hay una tarea fundamental que este gobierno no ha cumplido es la de encabezar un proceso democrático e inclusivo, para elaborar una política energética que, junto con asegurar el suministro al menor costo económico y los menores impactos ambientales posibles, reparta los beneficios y los costos de manera justa. Evidentemente, podemos y debemos hacerlo mejor.

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