Carretera eléctrica y participación

por Lawrence Susskind, profesor del MIT; Daniela Martínez, Abogada

LA CARRETERA eléctrica crea un proceso llamado Estudio de la Franja Troncal (EFT) que se usará para determinar el trazado de líneas de transmisión. Actualmente, el gobierno decide cuándo construir una línea y por dónde debe ir. Luego la licita y la empresa que se la adjudica determina su trazado. De aprobarse el EFT, un consultor privado recabará información, analizará las alternativas y recomendará el trazado que será aprobado por el Ejecutivo.

En la superficie esto parece una idea sensata. En nuestra opinión, el resultado será nefasto. La falencia del EFT es que asume que existe un trazado óptimo que puede ser “descubierto” por “expertos” sin ayuda de los ciudadanos. El EFT así no se hace cargo del problema que se presenta siempre que se construye una línea, que es cómo resolver la competencia de diferentes usos por el territorio.

Considere este ejemplo. El gobierno decide que se construirá una línea de 150 km. Luego de evaluar criterios técnicos y económicos, el consultor determina que existen tres trazados posibles. Según el EFT, el consultor debe elegir la “mejor alternativa de trazado” según criterios “sustentables” y “aspectos sociales y productivos”. Sus opciones son si impactar una zona residencial, un parque nacional o un cementerio indígena. Multiplique esta pregunta por cientos de km de línea. ¿Cuál es la “mejor alternativa”? ¿Mejor para quién? La verdad es que no existe una solución óptima. La mejor alternativa para unos, no lo es para otros. Por esto es esencial diseñar un proceso que balancee los intereses en competencia y legitime el resultado. Un análisis técnico no puede lograr esto por sí solo.

La experiencia chilena e internacional indica que no hay legitimación sin participación. Acá, el EFT falla gravemente al no considerar la colaboración de los actores involucrados. Ahora, no toda participación legitima un resultado. La clave está en diseñar esta colaboración considerando las “mejores prácticas” ya probadas en otros países.

Una “mejor práctica” consiste en que los actores participen en la determinación de los impactos a analizar en los estudios técnicos que se realicen. Esto no puede ser labor exclusiva del gobierno y el consultor privado, como en el caso del EFT. La experiencia indica que si las comunidades no pueden presentar sus argumentos dentro del EFT, lo harán ante tribunales, quienes tendrán que decidir entre todo o nada, aprobar o rechazar el trazado propuesto. Esto en ninguna forma asegura un equilibrio entre los intereses en conflicto.

Hoy debemos pensar qué diseño de colaboración puede darnos los resultados más justos, estables e informados. El EFT es el lugar para empezar, ya que a diferencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, donde las decisiones sobre un proyecto han sido tomadas antes que se pueda opinar, el EFT empieza al inicio, antes de que la decisión del trazado haya sido tomada.

En el contexto de una institucionalidad “ambiental” cuestionada por todos los sectores, rediseñar el EFT para incorporar la colaboración de los actores involucrados es crucial. Esperemos que esto sea ampliamente debatido en el Congreso.

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