LA TERCERA EDICION IMPRESA | jueves 13 de septiembre de 2012
Bancada DC y algunos diputados del PPD tomaron distancia de la ofensiva iniciada el día previo a raíz de dichos de la ministra.
Ampliar
Hasta la cafetería de la Cámara de Diputados llegó en la tarde de ayer el jefe de la bancada DC, Jorge Burgos, con la idea de reunirse con sus pares de la Concertación.
El vicepresidente de la falange portaba un mensaje que finalmente, y ante el fracaso de la cita, debió transmitir directamente al PS: los diputados de su colectividad habían arribado al acuerdo de restarse de la ofensiva opositora para empujar una acusación constitucional en contra de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.
Así, la falange se desmarcaba de una idea que había sido promovida por algunos de sus propios legisladores el día previo, y que ahora es impulsada únicamente por los diputados socialistas, el PC, el PRSD y algunos PPD.
El día martes, los diputados opositores que integran la Comisión de Medio Ambiente, Patricio Vallespín y Roberto León, junto al PS Alfonso de Urresti, habían solicitado expresamente la renuncia de la secretaria de Estado, anunciando, además, que sus bancadas estudiarían la utilización del instrumento acusatorio.
En sus manos tenían la resolución del pleno de la Corte Suprema que acusaba una “intromisión” del gobierno a raíz de una serie de declaraciones en las que la ministra Benítez señalaba que la decisión de la Suprema de paralizar la construcción de la central Castilla “ponía en entredicho la institucionalidad ambiental”.
Así, la idea de promover una acusación constitucional fue cobrando fuerza la tarde del martes, pues los diputados consideraban que la propia justicia consignaba la existencia de una infracción constitucional por parte de Benítez, lo que se transformaba en un argumento a favor del libelo.
Es por ello que los jefes de bancada, a última hora, decidieron acelerar las gestiones para conseguir el acuerdo de sus diputados.
No obstante, en la mañana de ayer las dudas comenzaron a instalarse entre las filas opositoras, particularmente en la bancada de diputados de la DC.
Fue así que en la tradicional reunión-almuerzo los representantes de la falange discutieron largamente sobre el tema y finalmente se impuso el análisis sobre la inconveniencia de abrir un nuevo foco de conflicto con el gobierno, considerando, además, que no se trata de una cartera de primera línea en el Ejecutivo.
Además, los informes jurídicos de los asesores de la bancada desestimaban la existencia de sustento para impulsar el libelo.
“Consideramos discutible que proceda una acusación, pues el sentido de la norma no tiene que ver con las opiniones, por más ‘desmadradas’ que sean, sino por decisiones que signifiquen alzarse en contra de un fallo”, explicó el propio Burgos.
Una postura similar fue defendida por un sector de la bancada del PPD, donde si bien se discutió la pertinencia de utilizar la herramienta, se dejó en suspenso una decisión de conjunto.
“Los dichos de la ministra son imprudentes, no me parecen adecuadas sus declaraciones sobre la labor de la Corte Suprema, pero de ahí a iniciar una acusación constitucional me parece exagerado”, dijo el diputado y vicepresidente PPD Felipe Harboe, quitando piso también a la ofensiva.
La decisión de la bancada de la DC y de los parlamentarios del PPD de desmarcarse de la ofensiva que habían iniciado el día previo terminó tensionando ayer los ánimos al interior del conglomerado opositor.
En medio de este escenario, la bancada de diputados del PS salió a defender la idea de la acusación, anunciando que insistirá de todas formas en ella, ya que se requieren sólo 10 firmas para su presentación. De hecho, comenzaron a hacer circular una minuta con algunos argumentos jurídicos y opiniones de constitucionalistas respecto del tema.
“Creemos que corresponde una acusación constitucional, el pronunciamiento de la Corte Suprema fue tajante y nítido y corresponde que el poder autorizado para ello haga exigibles las responsabilidades de la persona que vulneró la Constitución”, dijo el jefe de bancada PS, Marcelo Shilling.
RR “La tendencia jurisprudencial de la sala laboral de la Corte Suprema, en diversas sentencias a partir de 2006 (...) han dado lugar a interpretaciones que no se ajustan a los estándares tradicionales de interpretación de la ley, como ocurre, por ejemplo, con la exigencia de un elemento subjetivo en materia de prácticas antisindicales -exigencia de dolo-, o bien la nueva doctrina de la semana corrida”. Ese es uno de los párrafos del proyecto de acuerdo N° 581, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 20 de junio y que fue “recordado” ayer por el ministro Andrés Chadwick.
La moción -entre cuyos autores están el PS Osvaldo Andrade y el DC Jorge Burgos- buscaba “manifestar su preocupación” por el cumplimiento de normas laborales.
En su cuarto párrafo, el proyecto dice que el Poder Judicial “goza de independencia respecto de los otros poderes del Estado”, pero que “así como es necesario garantizar la independencia entre los poderes del Estado, también es indispensable hacer lo propio con el mecanismo de control respecto del ejercicio de las competencias que la Constitución otorga”.
Aprobado por 39 votos a favor y una abstención, aunque la Concertación fue mayoría en este “téngase presente” hacia el Poder Judicial, también tuvo el voto a favor de los oficialistas Nicolás Monckeberg y Claudia Nogueira.
