U. del Mar: directivo declaró que ex rector no informó sobre asesoría

por Andrés López

Tres efectivos de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI llegaron a las dependencias de la casa central de la Universidad del Mar, en Reñaca. La razón: interrogar a sus directivos a raíz de la investigación sobre posible negociación incompatible que involucra a la casa de estudios y al ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Luis Eugenio Díaz Corvalán.

El documento, al cual tuvo acceso La Tercera, revela a través de los testimonios la forma en que se concretó el contrato de $ 60 millones, que suscribió en enero de 2011 el plantel con una sociedad de la cual Díaz figura como socio, para enfrentar el proceso 2012. Sólo un mes antes, la CNA había concedido la acreditación de la U. del Mar por dos años con el voto de Díaz. Según el reglamento de la institución, un miembro de la comisión queda inhabilitado de vincularse a una universidad acreditada, debiendo esperar seis meses o dejar su cargo en la comisión.

El fiscal Carlos Gajardo, en la petición de allanamientos, indicó al tribunal que se trata de una negociación incompatible, “sin perjuicio de poder constituir derechamente un delito de cohecho”. Uno de los primeros interrogados fue el actual presidente de la junta directiva, Eduardo Villaseñor Castro. Sobre la cuestionada asesoría, indicó que “me enteré de esta situación a mediados de 2011, por los medios, en donde criticaban que existiera un contrato de este tipo”.

Agregó en su declaración ante la PDI que “ fue suscrito por Héctor Zúñiga, lo que estaba dentro de sus facultades (...), sin que fuera informado a los miembros de la junta directiva, ignorando si el presidente de ese entonces tenía o no conocimiento al respecto”. Durante ese período, Villaseñor era vicepresidente de la instancia. Luego, los detectives interrogaron en calidad de imputado al ex rector Zúñiga, quien señaló que dejó el cargo en noviembre de 2011 e integraba la junta directiva junto a Villaseñor, Raúl Baeza y Sergio Vera. “Yo firmé el contrato (...) sólo se firmó uno solo con la Sociedad de Gestión Ltda., el cual tenía un monto de $ 80 millones, más unos premios por resultado, que correspondían a un 15% a 20%”. Según la investigación, ese premio podría ir de 15 a 45 millones de pesos por los años de acreditación. Respecto del motivo por el cual no se efectuó el pago total del contrato, Zúñiga declaró que “esto se debió a que el señor Luis Eugenio Díaz solicitó que lo liberaran de continuar con el contrato”.

Aclaró que solicitaron asesorías para subir el período de acreditación de dos a cuatro años en la postulación de diciembre de 2012. “Como ya había ocurrido en otras dos circunstancias, se contrataron asesorías de este tipo entre un reducido grupo de personas, que conocía los protocolos que nunca el Consejo Nacional de Acreditación había divulgado y que estaba sólo en el background de los consejeros, que decidían por votación secreta el otorgamiento o no de la acreditación”, declaró.

Agregó que Díaz era representante de las universidades privadas y que dio charlas en diversas ocasiones con otros miembros de la CNA, por lo que los protocolos no tenían un carácter reservado. “No contratamos a la sociedad del señor Díaz para que nos entregara información privilegiada o para traficar influencia”, indica.

El abogado de Zúñiga, Carlos Manríquez, dijo que “las decisiones al interior de la corporación son materias que, en general, se informan en las reuniones de las juntas directivas. Este proceso de acreditación se venía desarrollando por varios años, en los que estaban todos los estamentos en conocimiento”.