Ultima oportunidad para la pesca

por Alex Muñoz, director ejecutivo de Oceana

La pesca está en crisis. La gran mayoría de los recursos pesqueros en Chile están sobreexplotados, básicamente debido a una administración y legislación débiles, funcionales a los intereses de los actores económicos. El jurel es un caso emblemático. Si a mediados de los 90 se extraían cerca de cinco millones de toneladas, este año con suerte desembarcarán alrededor de 200 mil. La actual discusión de la reforma a la ley de pesca es la última oportunidad que tenemos para tomar medidas drásticas tendientes a recuperar nuestras principales pesquerías antes que colapsen.

El debate sobre el proyecto de ley ha sido confuso, en parte debido a que confluyen aspectos económicos -asignaciones de cuotas individuales y fraccionamiento entre flota artesanal e industrial- y otros relativos a la sustentabilidad. Si bien la repartición de los recursos es relevante, son los criterios que aseguran la pesca sostenible los que deben garantizarse prioritariamente para dar viabilidad en el largo plazo a este sector de la economía.

Afortunadamente, la reforma propuesta incluye algunas normas fundamentales para un buen manejo pesquero. En primer lugar, la determinación de las cuotas globales de pesca (cuántas toneladas se pueden capturar entre todos los pescadores) se hará de acuerdo a recomendaciones científicas y no por los beneficiados, como ocurre hoy. Segundo, se protegerán los ecosistemas marinos vulnerables, incluyendo el cierre preventivo de todos los montes submarinos. Tercero, se implementarán medidas para mejorar el monitoreo y reducir la captura incidental de especies sin valor comercial, así como de la práctica de arrojarlas de vuelta al mar, muertas o moribundas.

Desde luego, el proyecto tiene carencias. Hay medidas que traen el doble beneficio de proteger el medioambiente marino y apoyar al sector pesquero artesanal que, sin duda, tiene mejores prácticas, da más empleo y reparte entre más manos los ingresos, en comparación con el sector industrial. En esa línea, falta una protección a los caladeros históricos de la pesca artesanal, que son las áreas más productivas, donde las especies desovan y se reproducen. También se debe garantizar la exclusividad de las primeras cinco millas para la pesca artesanal.

Además, se debe considerar seriamente poner un límite a la industria de la harina de pescado. Las capturas quedan reducidas a un 25% de su volumen al convertirse en harina, fomentando la sobrepesca. Se debería introducir la obligación de destinar parte de la pesca a productos de consumo humano.

Adicionalmente, la ley debe reconocer la propiedad del Estado sobre los recursos pesqueros. Las cuotas de pesca deben ser, a lo más, una medida de ordenación o autorización revocable para efectuar una actividad y no un derecho de propiedad de los pescadores sobre los peces.

Una estricta legislación es un avance, pero no es suficiente. Independientemente de la forma cómo se asignan las cuotas, debemos entender que el cambio fundamental debe estar dado por el fortalecimiento del Estado, dotándolo de autoridad efectiva y presupuesto para fiscalizar el cumplimiento de las reglas, de manera que los actores pesqueros no sigan haciendo lo que quieran.

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