Gobierno regulará contratos de asesorías en colegios subvencionados

La Tercera detectó al menos ocho consultoras que venden asesorías para mejorar la enseñanza a colegios de su propiedad o de familiares.

por E. Simonsen / P. Salazar (Santiago)
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En 2008 comenzó a operar la primera normativa chilena que entregó recursos a los colegios a cambio de resultados. La ley de subvención preferencial (SEP) da a los colegios más de $ 32 mil adicionales al mes por cada niño vulnerable y les obliga a presentar planes de mejora, que son medidos según sus resultados Simce. Para ello, pueden contratar asesorías externas, especies de consultoras especializadas, las Agencias de Asistencia Técnica Educativa (ATE).

En los primeros cuatro años de funcionamiento del sistema se creó un verdadero mercado de agencias: hoy el Mineduc tiene contabilizadas más de 800 y, hasta 2010, el rubro movió más de $ 24 mil millones, el 10% del presupuesto de la ley SEP. Sólo las dos más grandes -Arquimed y la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago- recibieron más de $ 5 mil millones, mientras más de tres mil colegios, un cuarto del total a nivel nacional, solicitaron algún tipo de asesoría.

Pero también es un sector desregulado. Tanto, que varios sostenedores de establecimientos subvencionados son también dueños de ATES y se prestan servicios a sí mismos o bien contratan familiares, según revela una investigación realizada por La Tercera. Algo que no está prohibido por ley, pero que en opinión del Ministerio de Educación constituyen “malas prácticas”. De hecho, anuncia cambios. “Hoy no estamos contentos en la forma en que están organizadas las ATES ni cómo funcionan”, dice el ministro Harald Beyer.

Otras críticas al sistema: sólo existe un registro de ATES (ver recuadro), no un sistema de certificación; los directores de colegios tienen pocas herramientas para evaluarlas.

“Los colegios municipales deben llamar a licitación, los subvencionados pueden hacer contratos directos, sin cotizar antes”, confiesa el representante legal de una ATE.

Según el análisis que realizó La Tercera, con datos solicitados al Mineduc a través de la Ley de Transparencia, entre 2008 y 2010, al menos ocho ATES prestaron servicios a colegios de los cuales eran dueños o con los que estaban directamente relacionados. Estas son: Corporación Aprender, Gestión Educacional Ltda., Innovación Tres, Grupo Educativo, Fundación Educacional Gabriela Mistral, Fe y Alegría, Rotekap y Astoreca. El monto de los servicios entregados por estas agencias a sus propios colegios supera los $ 800 millones en esos tres años.

Los casos

La Corporación Aprender es una entidad sin fines de lucro, dueña de tres colegios. A dos de éstos (Polivalente, de La Pintana y Sagrado Corazón, de Lo Espejo), la entidad prestó servicios por $ 88 millones. Y lo hizo a través de sus dos ATES: la misma corporación y el Centro de Capacitación Aprender Limitada. Los contratos con esos colegios representaron más del 50% de lo que facturó la entidad entre 2008 y 2010, según consta en los datos del Mineduc y cuyo total asciende a $ 136 millones. Los otros colegios asesorados fueron los municipales de Cerrillos y un subvencionado de Osorno.

“Nadie mejor que yo, en mi caso, para asesorar a mis colegios, porque soy capaz de demostrar las capacidades que tengo. Es como preguntarse si está normado que un doctor pueda atender a su hijo. Si el doctor me merece toda la confianza y será el que mejor lectura le dé a los exámenes, ¿por qué no?”, dice Luz Pacheco Matte, representante legal de la ATE, quien aclara que han asesorado a unos 20 a 25 colegios de forma permanente.

“Creamos la ATE, porque al principio contratamos asesoras para nuestros colegios y nos rechazaron la rendición de cuentas. Tenían que estar registradas como ATE y tampoco podíamos contratarlas como asesoras a tiempo completo”, sostiene Mariana Aylwin, directora ejecutiva de la Corporación Aprender, quien agrega que sus docentes necesitan capacitación y debe recurrir a asesores externos, a quienes subcontrata la agencia.

Pacheco aclara que, como son sin fines de lucro, todos los recursos extras que ingresan a través de la agencia son para los colegios. “Gracias a la agencia tenemos dos orquestas sinfónicas y hemos mejorado la biblioteca”, agrega.

Astoreca también es una entidad sin fines de lucro sostenedora de colegios. San José, colegio de su propiedad y ubicado en la comuna de Renca, es uno de los 42 establecimientos que capacitó entre 2008 y 2010. La entidad no quiso referirse al tema.

“No debiese ser, por eso a lo mejor Alfredo se desligó de la ATE. Pero hay que darle transparencia al sistema”, dice Raúl Herrero, gerente general de Rotekap, agencia que hasta 2010 tenía como uno de sus socios a Alfredo Rodríguez, sostenedor del colegio Renacer, de Puente Alto, al cual le prestaron servicios por $ 25 millones. La empresa ha colaborado también con colegios de Chillán y La Ligua por un total de más de $ 95 millones.

Distinto es el caso de Fe y Alegría, entidad vinculada a la Red Ignaciana, que realizó capacitaciones y asesoramiento por $ 130 millones a 47 colegios, nueve de los cuales son de fundaciones asociadas a la agencia. Su representante legal, Guillermo Soto, aclara que ellos no son sostenedores, sino agrupan a fundaciones que, a su vez, administran colegios.

Relaciones familiares

Jorge Antonio Cifuentes Narváez es profesor, tiene negocios en el área de oleaginosas, siete vehículos y 14 propiedades avaluadas en más de $ 3.900 millones. También es el padre de una familia dedicada a la educación: sostenedor, junto a su esposa y a través de distintas sociedades, de 10 colegios. La ATE Fundación Gabriela Mistral es de propiedad de la familia y es administrada hoy por su hijo, Alejandro Cifuentes Cubillos. Suscribió contratos con cinco de sus colegios, por un monto total de $ 265 millones. “Los colegios no tienen nada que ver con la administración de la ATE. Yo no estoy ligado a los colegios. Si bien la fundación fue creada por la familia Cifuentes, hoy día no existe una relación directa administrativa entre ambos”, aclara Alejandro.

A diferencia de los otros casos, en éste la mayoría de los servicios fueron para sus propios establecimientos: el 90% de los recursos que recibió la agencia, según el Mineduc, provinieron de allí. Sólo una escuela externa, San Blas, de Valparaíso, aparece como asesorada por ellos. “No hemos querido expandirnos”, acota.

La ley de subvención escolar preferencial no establece prohibiciones para contratar empresas relacionadas, algo con lo que el Mineduc no está de acuerdo. “Lo que nosotros queremos es que haya una independencia clara entre los colegios y quien presta el apoyo, para que no haya conflicto de interés”, dice Beyer.

Verónica Simpson, jefa de la división de Educación General del Mineduc, agrega que “a fines de año estará lista una nueva normativa que prohibirá las malas prácticas, como la autocontratación que hoy existe”.

No es lo único. Se perfeccionará el sistema de evaluación para que los colegios puedan distinguir entre las agencias buenas y las de mala calidad. La norma (que será una modificación al reglamento de la ley SEP) también permitirá evitar la contratación de parientes, como ocurre en los colegios municipales.

Dentro de las ATE registradas por La Tercera que entregan servicios cruzados, se encuentra Grupo Educativo, que pertenece a Paulina Araneda, ex integrante del CEP, y por la académica de la U. de Chile, Claudia Peirano. El esposo de esta última, el ex vicepresidente de la DC, Walter Oliva, es propietario de la red de colegios Crecemos, dueña de ocho establecimientos, entre ellos los Dagoberto Godoy de La Granja, El Bosque y Lo Prado. Todos éstos contrataron los servicios de Grupo Educativo por un monto de $ 26 millones.

Los mismos establecimientos se asesoraron con la ATE Innovación Tres, cuyos dueños son Oliva y su madre, Aurelia Munizaga. Oliva aclaró que la empresa partió haciendo asesorías en el año 2000 y que en 2009 se certificaron como ATE. Sus colegios fueron sus únicos clientes entre 2009 y 2010, por un monto total de $ 165 millones. Aunque Oliva aclara que la ATE no es la única área donde opera Innovación Tres. Según sus datos, cerca del 40% de los ingresos de la entidad proviene de la ATE, el resto viene de otro tipo de asesorías educacionales. “No importa este doble vínculo, si está bien fiscalizado y creo que esa es nuestra situación. En la medida que tengamos un trabajo transparente y honesto hacia los alumnos y profesores, no veo preocupación”, dice Oliva.

Similar es el caso de Grupo Educativo, que también asesoró a otros seis colegios y facturó más de $ 100 millones. “Nuestra consultora tiene múltiples áreas y sólo una parte funciona como ATE. La mayor parte de nuestro quehacer son trabajos con clientes internacionales, como el Banco Mundial, o nacionales, como la U. Católica; municipios, con los que operamos a través de fondos de mejoramiento; fundaciones y grandes empresas, que hacen un aporte a la educación”, sostiene Paulina Araneda. Para ella, la relación con los colegios de la red Crecemos no representa más del 2% de su quehacer.

“En el espíritu de la legislación actual, lo que se busca es la no contratación de parientes, pero no está claro. En el nuevo reglamento queremos ser explícitos”, sostiene Simpson. Las sanciones para las ATE que incurran en estas prácticas incluirán hasta la salida del sistema.

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