LA TERCERA EDICION IMPRESA | miércoles 20 de junio de 2012
La empresa fabricante de la nave accidentada en septiembre del año pasado entregó sus conclusiones al juez que investiga el caso.
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A nueve meses de la tragedia del avión Casa 212 que cayó al mar cuando intentaba aterrizar en el archipiélago Juan Fernández, la empresa Airbus Military, fabricante de la nave, entregó al ministro en visita Juan Cristóbal Mera un informe en que se detallan las causas del accidente y proponen medidas para evitar un nuevo incidente.
En las conclusiones del documento entregado ayer y que tiene 291 páginas, el director de seguridad de vuelo de la empresa española, Luis Gracia Diez, señala que la principal causa de la caída al mar del avión es porque volaba a baja altura y pasó por un canal, formado entre la Punta O’Higgins y la isla Santa Clara, donde había dos torbellinos de fuertes ráfagas de viento que generaban condiciones extremas para volar. “La causa más probable del accidente es la pérdida del control del avión, mientras realizaba el tramo con viento de cola a través del canal, a una altura aproximada de 650 pies (198 metros) o inferior, en una trayectoria muy plana, al encontrarse unas condiciones meteorológicas muy adversas (...), que expusieron a la tripulación a unas condiciones extremas de vuelo”, dice el documento.
La pericia agrega que el día del accidente, en que fallecieron 21 personas, en el sector de Juan Fernández había “una atmósfera muy inestable y cambiante, con niveles de turbulencia eventualmente fuertes y posiblemente poderosas ráfagas descendentes, con movimientos verticales convectivos de masa de aire en toda la zona de las islas (...). Como último factor se añade la exposición final a fuertes vientos cruzados y arrachados (inconstantes), muy variables de intensidad y dirección en muy cortos períodos de tiempo”.
El accidente
El peritaje indica que al momento del despegue las condiciones meteorológicas eran aceptables y que la tripulación estaba debidamente calificada para este tipo de misiones.
Además, el documento establece que se acreditó que la teniente Carolina Fernández iba en el asiento del copiloto, como encargada de las comunicaciones, y que el teniente Juan Pablo Mallea estaba en el puesto del piloto, al mando de la nave. También se estableció que el avión iba con los depósitos llenos de combustible y que tenía un sobrepeso de 164 kilos, pero no tuvo incidencia en el vuelo.
Los peritos indican que cuando llegó a la isla, el Casa 212 tenía una autonomía de vuelo de 90 a 115 minutos y que los vientos que había eran arrachados (inconstantes) de 25 a 35 nudos (46 a 64 km/h).
Entonces, según detalla el documento, el avión hizo una pasada de inspección de la pista y realizó un giro para volver. Sin embargo, esta vuelta fue a baja altura y frustró el aterrizaje, virando hacia el oeste, hacia el estrecho que forma Punta O’Higgins con isla Santa Clara. Ahí trató de hacer un giro hacia la izquierda y un ala chocó contra el mar, provocando que quedase en posición invertida.
Crítica a la pista
Uno de los factores que incidió en el accidente, según el peritaje, fue que el aeródromo no tiene ningún procedimiento de aproximación donde se especifiquen los circuitos para realizar el aterrizaje y las alturas que deben ser utilizadas. “El escaso margen de altura sobre el agua con el que la aeronave realizó el vuelo por el canal hace que ésta sea más vulnerable a las posibles descendencias que pudiera encontrar, sin dejar margen a la tripulación”.
Para llegar a esta conclusión, los peritos de Airbus Military solicitaron análisis de una empresa canadiense, la Universidad Politécnica de Madrid y el informe de los fabricantes del motor y las hélices. En el documento se concluye que el Casa 212 no tenía ningún defecto ni mal funcionamiento que pudiera afectar la seguridad del avión, y que la misión se planificó de acuerdo a los procedimientos vigentes de la Fach.
El documento también propone cuatro recomendaciones: la primera es publicar cartas aeronáuticas con los tramos de aproximación y altura en relación a las condiciones meteorológicas; también, dotar al aeródromo de elementos para determinar el clima para ese lugar, dado que tiene condiciones climáticas distintas a las de Bahía Cumberland; difundir a los operadores meteorológicos el análisis del comportamiento de los vientos cuando tienen mucha intensidad, y las técnicas más recomendadas para sortear estas dificultades.
El peritaje será enviado a la Fach para que sea remitido a la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos (Jiaa) y finalice su análisis sobre las causas del accidente. Una vez entregado ese peritaje, el juez cerraría el caso.
Tras recibir el informe, el ministro en visita Juan Cristóbal Mera manifestó que confía en la calidad de los peritos que realizaron el análisis, porque “tienen renombre mundial”, y dijo dudar de que otro peritaje tenga el mismo nivel. “Las conclusiones señalan que esas serían las razones; son razones copulativas, que tienen que concurrir ambas como razones inmediatas”, señaló.
Los abogados querellantes cuestionaron la independencia del peritaje, dado que fue financiado por el fabricante. Además, apuntaron a la responsabilidad de la Fach de no enviar a pilotos con más experiencia y de carecer de protocolos de vuelo para esa zona. “El conocimiento de los procedimientos de vuelo hacia la isla no eran más que de la experiencia y la transmisión verbal de pilotos a pilotos. No había un procedimiento previamente establecido, como requiere un estándar de seguridad”, dijo el abogado Alfredo Morgado. En tanto, el representante de la familia de la teniente Fernández, Maximiliano Delgado, recalcó que hay responsabilidad de la Fuerza Aérea.
Ante estos cuestionamientos, el director de Operaciones de la Fach, general Arturo Silva, dijo que “las decisiones que se adoptan en vuelo son una facultad exclusiva de la tripulación y las toman en virtud de los elementos que ellos encuentran. Esto es una doctrina internacional. En este caso, la tripulación tenía la experiencia y preparación para realizar esta misión”.
