LA TERCERA EDICION IMPRESA | lunes 21 de mayo de 2012
El régimen de Raúl Castro permite desde 2011 la libre compraventa de casas y automóviles tras décadas de prohibición. No hay datos oficiales al respecto, pero es vox pópuli que muchos extranjeros y cubanos residentes en el exterior invierten en propiedades.
Ampliar
En las calles de La Habana se empiezan a ver cambios, en un país volcado a un incipiente proceso de apertura económica. Entre las mansiones coloniales derruidas y los solares abandonados de la capital cubana, se observan también casas recién reformadas, a menudo convertidas en esos restaurantes privados bautizados como “paladares” en el argot popular. El local La Galería, por ejemplo, en el barrio residencial del Vedado, o Divino, un elegante restaurante que llama la atención en la marginal zona de Mantilla, en la periferia habanera.
Las reformas de Raúl Castro han abierto, en los últimos años, pequeños espacios para la iniciativa privada y, desde noviembre de 2011, permiten también la libre compraventa de casas. Prevista por el gobierno sobre todo para afrontar el grave déficit habitacional, la reforma de la vivienda es también especialmente atractiva para el capital extranjero, estiman expertos.
“Esta medida va a tener un impacto enorme”, consideraba, tras la aprobación de la reforma en noviembre, el cubano-estadounidense Carlos Saladrigas, uno de los grandes empresarios del exilio de Miami y director del think tank Cuba Study Group. Se estima que sobre todo la comunidad cubana en Estados Unidos busca posibilidades de invertir en la isla. Y el sector inmobiliario es una buena oportunidad para ello.
La nueva ley de la vivienda, sin embargo, permite oficialmente la libre compraventa sólo a cubanos y extranjeros residentes, por lo que la inversión tiene que fluir por canales indirectos. La compra la hace un familiar, a menudo un cubano casado con un extranjero.
“Ha habido ventas, sobre todo de pequeños apartamentos”, cuenta Ernesto, un cubano de 47 años que trabaja en La Habana como “corredor” o agente inmobiliario, una ocupación en realidad ilegal en la isla. Por eso prefiere no figurar con su nombre real. Es a menudo “gente que vive en Europa”, agrega.
Las sumas barajadas en el mercado inmobiliario cubano son inimaginables para un cubano residente en la isla, donde los sueldos en el sector estatal están alrededor de los US$ 20 mensuales, en un país que prohíbe además oficialmente la acumulación de capital.
“Estaré sobre los US$ 15.000 o US$ 20.000”, cifra Yoandra Alvarez, la administradora de Divino, la inversión en su “paladar”. Alvarez está casada con un empresario italiano que vive en Cuba desde hace años y la propietaria oficial del restaurante es su madre. La casa ya la tenían, la inversión fue para construir la cocina y el bar antes de inaugurar el local en diciembre. “Son cosas que se nos ocurrieron ahora con los cambios que ha habido en el país, la posibilidad de poder abrir negocios privados”, agrega.
“Posiblemente haya dinero de distintas fuentes, pero la principal me parece que viene del exterior”, dice el economista disidente Oscar Espinosa Chepe, sobre las inversiones en restaurantes o propiedades inmobiliarias. “Para comprar casas o irse incluso ubicando ante un posible cambio, que todo el mundo sabe que vendrá, más tarde o más temprano”, vaticina.
Alfredo, un graduado universitario cubano de 36 años, tiene previsto comprar con su esposa española una vieja casona de estilo colonial en el barrio de Centro Habana. Los US$ 50.000 que piden los dueños los invertirá su esposa, pero la propiedad estará a su nombre. El quiere hacer la compra, pese a que su plan, en realidad, es salir del país pronto. “Para tenerla más adelante”, dice.
“Cuando yo empecé en esto, hace 20 años, un apartamento de un cuarto valía US$ 3.000 o US$ 4.000”, cuenta el corredor Ernesto. “Ahora en la ley están en US$ 15.000”, agrega. “Hay casas que se venden en US$ 300.000 y que en su momento valdrán dos millones de dólares”, cree.
Los corredores o “facilitadores” de vivienda informales se dedicaban antes sobre todo a la “permuta” o el intercambio de casas, la única operación inmobiliaria autorizada durante mucho tiempo en la isla. La compraventa, así como los pagos para compensar intercambios desiguales de vivienda, eran ilegales.
Según cifras oficiales, en la isla se registraron, entre enero y marzo, 2.730 operaciones de compraventa y 10.660 donaciones de casas tras la nueva ley aprobada en noviembre. Al mismo tiempo, los cubanos habían inscrito 70.200 propiedades hasta finales de marzo. El registro adecuado de las casas es indispensable para cualquier operación. Hasta ahora, muchas personas no contaban con títulos de propiedad o los tenían desactualizados.
