Ministro de Justicia: "La reforma a conservadores y notarios va con o sin su apoyo"

El ministro Teodoro Ribera anuncia que enviará al Congreso el proyecto de ley que regula a los notarios antes del 21 de mayo. Dice, además, que la implementación del Nuevo Código Procesal Civil quedará en manos del próximo gobierno.

por Pamela Jimeno Ocares
Ampliar

DICE que hay que actuar con realismo político y que como ex parlamentario -fue dos veces diputado entre 1990 y 1998- no le "venden cuentos" sobre cómo funciona el Congreso. Que el tiempo es escaso y por eso ya trazó las metas para su cartera hacia 2014. Hace un par de semanas, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, anunció la reforma al Código Procesal Civil, la primera en 109 años, y con eso copó casi toda la agenda de su propio segundo tiempo. Pero es ambicioso: está pronto a sumar otros proyectos complejos, como la ley que crea el Servicio Nacional de Asistencia Jurídica (que moderniza el actual sistema y lo dota sólo de abogados profesionales) y el que reforma el negocio de los notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros judiciales, cuya ley data de 1943 y nunca ha cambiado.

A cuatro años del último intento por regular a dicho sector, Ribera anuncia que enviará el respectivo proyecto de ley al Congreso antes de la próxima cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera. "Vamos a tramitar el sistema que modifica la ley de notarios y conservadores, que tiene un alto sentir popular y que requiere una gran disposición y apertura política", afirma.

¿Está descartado retomar el texto que dejó el gobierno anterior?

Efectivamente. Vamos a enviar un nuevo proyecto al Congreso y nuestra intención es mandar la reforma antes del 21 de mayo. La ingresaremos en el Senado y la idea es darle pronta tramitación. Es una reforma muy profunda, muy ciudadana y muy meritocrática.

¿Y va con la aprobación de los notarios y conservadores?

Los notarios tienen pocas posibilidades. Una es que el sistema se licite, otra es que en el sistema se introduzcan criterios meritocráticos y de mayor exigencia, y otra es que pudieran quedar igual. Que queden igual no es viable, porque la apreciación ciudadana de que el sistema es poco transparente en materia de designación, que su aporte a la seguridad jurídica podría ser insuficiente y que los controles externos no son adecuados, generan un cuestionamiento que no es conveniente para los auxiliares de administración de justicia.

El proyecto del gobierno anterior proponía licitar el negocio notarial para bajar los aranceles, elevar la seguridad jurídica y romper con el monopolio que se cuestiona a notarios y conservadores, pero usted hace un tiempo lo descartó.

Nosotros esperamos que la Asociación de Notarios y Conservadores impulse un proyecto modernizador, democrático, meritocrático y de mayor aporte a la justicia. Ahora si ellos no apoyan este proyecto, lógicamente que pueden surgir proyectos más extremos, más radicales. En la medida que no apoyen un proyecto de este estilo, eso hace que las fuerzas o la presión por impulsar una modificación más radical se torne más cierta.

¿Cuál es el problema con el sistema notarial y de conservadores?

Nosotros queremos un sistema notarial y de conservadores meritocrático, eficiente, pero también más controlado, con mayor aporte a la seguridad jurídica, que se modernice. Es que aquí pasa lo siguiente: hoy, cualquier hombre que sepa leer y escribir, de buen corazón y recto, puede ser notario.

Los notarios cumplen requisitos como el título de abogado, cierta experiencia, postular al cargo...

Sí, perfecto, pero su aporte jurídico para certificar la firma de otro, para certificar que es el mismo día y hora que se firmó, para certificar la comparecencia de las partes, eso lo puede hacer cualquiera. Basta que sepa leer y escribir y sea recto. Por tanto, necesariamente la modificación pasa porque asuman en plenitud su carácter de abogados y que su contribución a la fe pública sea sustancialmente mayor a la que hacen hoy día.

¿Cómo materializa ese principio el proyecto que usted propone?

El aporte jurídico y su responsabilidad tienen que ser mayor. Ellos tienen que involucrarse más en la actividad de fe pública, tienen que hacer una mayor contribución a la misma. Queremos que se revisen los poderes, que exista mayor certeza jurídica de lo que se redacta, queremos que no hayan cláusulas que violenten normas claras de derecho público, que el notario haga una contribución jurídica mayor y que se responsabilicen más de lo que firman, porque lo otro lo puede hacer cualquiera.

¿La Asociación de Notarios está de acuerdo con estas ideas?

Si esto, lo que planteo, no tiene sustento, entonces la respuesta es que cualquiera puede ser notario. Y si cualquiera puede ser notario, entonces abramos el sistema notarial a cualquiera que sepa leer y escribir, no tenga antecedentes penales y sea un buen hombre.

¿Pero si el gremio no apoya la reforma, el gobierno podría endurecer el proyecto?

El gobierno va a modernizar el sistema notarial sí o sí. Con el apoyo de los notarios o sin su apoyo.

¿Entonces, no ha descartado la licitación del negocio?

Es una opción absolutamente válida en un evento de que no sean posibles avances sustanciales en su calidad de auxiliares de administración de justicia. Yo no hablo en hipotético. Estoy seguro, porque he conversado con la Asociación, de que ellos están conscientes de los desafíos que les impone la modernidad. Hoy estamos en un Chile más transparente, más democrático, donde se impulsa la meritocracia, donde las tecnologías de la información están presentes, donde la calidad del servicio debe ser mayor, y ellos estos principios los comparten. Habrá que ver lo que ocurrirá en el Congreso, porque estamos decididos.

Nuevo Código Civil

"El derecho puede producir fuerte impacto en la actividad económica. Si hay algo que requiere el desarrollo de una economía social de mercado, por un lado, es seguridad jurídica, y por otro, que haya una amplia circulación de bienes", afirma el ministro Ribera en relación al efecto económico de la reforma al Código Procesal Civil enviada al Congreso.

¿Por qué reformar el Código Civil?

En el mundo han existido reformas en los países de la Ocde, donde los procedimientos civiles se han orientado a que se busque la verdad más objetiva y que la resolución del conflicto sea más pronto. El problema que tenemos en Chile es que el Código Procesal Civil está enfocado principalmente en cobranzas y en falsas cobranzas. El eje principal no está en resolver materias civiles, sino en servir de fundamento a resoluciones de Impuestos Internos que exigen agotar todos los medios de cobro para poder castigar una deuda impaga.

¿Por qué falsas cobranzas?

Gran parte de los juicios ejecutivos que se inician no concluyen con sentencias, sino que son iniciados para (a) darle mayor credibilidad a las empresas que hacen cobranza extrajudicial (como multitiendas) o (b) son procedimientos que se inician sólo para tener el sello de ingreso al tribunal y luego dejarlo morir para poder castigar la deuda impaga. Los tribunales están sirviendo para una finalidad distinta que es la resolución de un conflicto entre partes, y de esa manera estamos destinando a un poder del Estado, que tiene un rol muy especializado, a servir para una finalidad no prevista, como es dar credibilidad a la cobranza extrajudicial o cumplir una exigencia del SII para castigar deudas. Es el entramado que tenemos.

Los abogados dicen que los jueces son el brazo ejecutorio del sector financiero...

Hoy el Poder Judicial está sirviendo para cumplir resoluciones administrativas que no conducen necesariamente a una labor jurisdiccional real, sino que los tribunales se usan para cumplir un requisito formal impuesto por el SII. Pero eso recarga al tribunal de papeles, de trámites administrativos y desenfoca labor jurisdiccional.

Usted dice que es una práctica dejar morir las causas ¿Por qué?

Las normas jurídicas que tenemos están más bien orientadas a la defensa del deudor, del que no cumplió sus compromisos y no de aquel que tiene razón y requiere ser resarcido. Los sistemas se han ido degenerando, al punto que, aparentemente, quien cobra, teniendo justo título o fundamento para ello, ve difícil resarcirse de los daños. Hoy, en la práctica, porque unos apelan a resoluciones interlocutorias, incidentes, quien tiene justo título sobre la gran mayoría de las causas no puede cobrar.

¿Hay un mercado en el derecho dedicado a dilatar los casos?

No un mercado propiamente tal, pero hay incentivos. Quien corre riesgo de pagar sabe que dilatar el juicio puede resultar, ya sea porque agota al demandante o porque posterga su obligación de pago.

¿Por parte de los abogados?

No quiero presumir tanta mala fe de los colegas, pero sí hemos tomado la precaución que en el nuevo procedimiento el principio de buena fe de la actuación de las partes está expresamente establecido.

¿Cómo se va a evitar eso? ¿Cuáles son los puntos clave de la reforma?

Primero estamos introduciendo la oralidad, la inmediatez, la digitalización. Eso ya acorta los procedimientos. Segundo, cuando obligas a que junto con la demanda también se presentan las pruebas y en la respuesta a la demanda también van las pruebas, se acelera todo el proceso. Con el Código actual el proceso es lento y cuando el juez establecía los puntos de prueba, ésta se apelaba por las partes, el juez resolvía, cuando resolvía luego iban a la Corte de Apelaciones, y después volvían al juez. Con la reforma ya no. Si usted va apelando con las resoluciones, la apelación queda hecha, pero se resuelve en la sentencia definitiva. Eso trae como consecuencia que se acortan los plazos, sin generar indefensión de las partes, lo que es importante.

Se dice que la reforma chilena está inspirada en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, de 2000.

Ellos regularon los procedimientos civiles para que, en definitiva, el sistema de apelaciones sobre apelaciones y de dilaciones estuviera mejor regulado y que el juez resolviera muchas de las apelaciones con sentencias interlocutorias en la sentencia definitiva. Algo de eso hay en la reforma nuestra.

¿Cuándo estará en marcha el Nuevo Código Procesal Civil?

Creemos que al próximo gobierno le tocará implementar el Nuevo Código Procesal Civil. Para eso contemplamos que exista una implementación gradual y que pueda ser en un lapso de cuatro años, partiendo por regiones, para ir mejorando lo que vaya surgiendo.

Proyecto sobre Oficial de Ejecución se está "trabajando"

¿Cuál es el valor de la figura del Oficial de Ejecución que crea la reforma al Código Procesal Civil?

En el derecho comparado, la ejecución en algunos sistemas está encargada al Estado. En otros, a agentes privados y en otros, es mixto. Centralizados o descentralizados. La ejecución es un tema esencial para implementar el derecho. Una ejecución que demora es una ejecución que retarda el ejercicio real de la justicia. Dado que está comprobado que en gran parte de los juicios ejecutivos no existe resistencia del deudor, lo que deseamos es que el Oficial asuma las labores de tipo administrativas y operativas que hoy recaen en los tribunales de justicia, pero salvaguardando que si hay oposición, siempre sea el juez el que asuma la resolución del conflicto.

¿Si el Oficial de Ejecución es clave, por qué aún no hay un proyecto?

La reforma Procesal Civil va unida a diversas modificaciones con leyes especiales, de tipo orgánica constitucional y de quórum simple, y no se ha enviado la ley que regula al Oficial, porque necesitamos, primero, una resolución del Congreso en torno a hacer suya la reforma global. Una vez que sea aprobada, al menos la idea de legislar, acompañaremos las leyes complementarias respectivas, que estamos trabajando.

¿Cuáles van a ser las características del nuevo Oficial de Ejecución?

En el extranjero hay sistemas diversos. En algunos son abogados, en otros son sólo profesionales y en otros personas con carrera funcionaria o meramente administrativa. Pero en la medida que le transfiramos al Oficial mayores atribuciones, tendremos que exigir una formación académica mayor.

¿Mayor en el área de la justicia ?

Tenemos que verlo. No estamos pensando en cuidarles el negocio a los abogados. Estamos pensando en cuidar los derechos de la gente.

¿Podría ser un auxiliar de justicia?

Debe haber un tutelaje sobre él y algunos creen que debería estar en tribunales. Lo estamos viendo.

  • Sé el primero en comentar comentarios
     
SUPLEMENTOS Y REVISTAS

Negocios

Página 6
      LaTercera.com
      SIGUENOS TAMBIEN EN:
      ACTUALIZA TU EXPLORADOR: