El perfil del magistrado que decidió alejarse de la mediática causa

por S. Labrín

Hace cinco años que el juez Freddy Cubillos se pasea por los estrechos y fríos pasadizos del Centro de Justicia. Una labor que no ha estado exenta de causas complejas como el análisis de los antecedentes en la llamada colusión de las farmacias.

Fue en marzo de 2011, cuando el magistrado ordenó a 15 de los 17 ejecutivos formalizados por alteración fraudulenta de precios, la medida cautelar de firma mensual.

Además, fue quien condenó -en febrero de 2009- al abogado Pedro Toledo a la cuatro años de libertad vigilada por la estafa que cometió en enero de 2007 contra uno de sus clientes de la Región de Valparaíso, a quien engañó con $ 1.080 millones, durante un juicio de paternidad.

Entre sus pares, Cubillos es considerado un juez "con criterio y que tiene plena convicción en sus resoluciones". Ejemplo de ello, fue la decisión de "libertad inmediata" que adoptó al percatarse de la usurpación de identidad que afectó a un joven de 21 años, quien pasó tres semanas encerrado en la cárcel de San Miguel, imputado por delitos que cometió su hermano. Un hecho que, según dijo entonces, "se están presentando de forma más habitual de lo que debieran".

Entre sus resoluciones que generaron polémica fue haberse negado a dejar en prisión preventiva a David Cid Aedo (32), imputado por el fiscal Andrés Montes como presunto encubridor del robo al banco Security donde fue asesinado a balazos el cabo de carabineros Luis Moyano Farías, el 18 de octubre de 2007.

En cambio, el juez Cubillos ordenó que el hombre quedara en libertad, pero sujeto a firma dos veces a la semana y la prohibición de salir del país. Entre sus argumentos estuvo que, pese a que habían pasado seis meses del crimen, la fiscalía "no tenía pruebas suficientes" para solicitar su arresto preventivo.