Caso tsunami: juez se inhabilita por muerte de amigos

por Sebastián Labrín

En medio de la creciente tensión política y las acusaciones cruzadas, producto de la decisión de la fiscalía de formalizar a ocho ex funcionarios públicos por la falta de alerta de tsunami, uno de los actores que encabezaría el proceso judicial del próximo 7 de mayo decidió salir de la escena. Y no sólo para alejarse de las atentas miradas de familiares de las víctimas e imputados, sino que también para no reabrir uno de sus peores recuerdos: la pérdida de tres viejos amigos y la destrucción de la casa que lo vio nacer.

Amparado en estos argumentos, el magistrado del 7° Juzgado de Garantía, Freddy Cubillos, decidió inhabilitarse de la investigación que busca establecer las responsabilidades en la muerte de 156 personas y la desaparición de otras 25. Entre ellas, sus fallecidos amigos de infancia de Constitución, en la Región del Maule, y una de las zonas más debastadas por el ingreso de las olas.

Espera e incertidumbre

Una semana antes de la catástrofe natural del 27/F, Cubillos y 13 familiares (11 de esa zona afectada y dos de Santiago) se embarcaron en un viaje a Brasil, específicamente, al balneario de Camboriú.

El plan, dicen sus cercanos, era compartir en familia, recorrer y alejarse de la contingencia en Chile, antes de regresar el 27 de febrero. Sin embargo, a primera hora de ese día, cuando se alistaban para retornar, una guía del hotel en que se alojaban les dijo con preocupación: "Los chilenos no pueden volver a su país, porque hubo un fuerte terremoto en el sur".

Tras ingresar a portales de noticias internacionales, el magistrado comprendió la magnitud de la tragedia. Aun así, tuvo que permanecer cuatro días más completamente incomunicado de sus cercanos de la zona afectada.

Tras el retorno a Chile y de llegar a su natal Constitución, Cubillos constató el daño provocado por el mar y el dolor de las familias de sus amigos, que no fueron alertados del ingreso de las olas, a las 3.49 y 5.20 de la mañana, respectivamente.

Y es que la casa en que vivía quedó literalmente en el suelo, ya que quedaba a solo una cuadra de la isla Orrego, donde 25 personas que acampaban fueron arrastradas por el mar. Tal fue la violencia con que ingresaron las olas, que en su resolución para alejarse de la causa, Cubillos reconoció que su inmueble quedó totalmente "destruido por el terremoto y posterior tsunami". Pero no fue todo lo que perdió. Según amigos, "su familia tenía un local comercial en la ciudad y además, perdieron todo lo que había dentro de su casa, que se vino abajo, al igual que las casas de sus vecinos y amigos que murieron".

Cercanos al juez dicen que tras enterarse de la formalización, el 11 de febrero, "resolvió casi de inmediato que debía inhabilitarse". El 16 oficializó su decisión, esgrimiendo la estrecha cercanía que tiene con familiares de víctimas, lo que lo hizo concluir que debía "resguardar la debida imparcialidad en la investigación", detalló mediante una resolución.

De este modo, para la audiencia de formalización, un nuevo magistrado deberá analizar los antecedentes que la fiscal Solange Huerta recabó por más de dos años. Sólo así, el juez que analice la causa podrá decidir el destino judicial del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y la ex jefa de la Onemi, Carmen Fernández, sindicados como los máximos responsables en la tragedia, producto del maremoto del 27/F.