LA TERCERA EDICION IMPRESA | miércoles 01 de febrero de 2012
Ayer dictó el fallo que concluye que Fasa, Cruz Verde y Salcobrand se coludieron para subir el precio de 206 medicamentos.
Finalmente, el caso farmacias llegó a su fin en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en una de las aristas más emblemáticas de la causa. Ayer, la entidad decretó que Cruz Verde, Salcobrand y Farmacias Ahumada se coludieron para subir los precios de al menos 206 medicamentos entre diciembre de 2007 y marzo de 2008. Las dos primeras firmas fueron multadas con el monto máximo permitido en esa época. Cada una deberá pagar 20.000 UTA (unos US$ 19 millones). Esta cifra es el mayor valor jamás cursado por el tribunal y el monto total de US$ 38 millones supera a todas las multas de causas contenciosas determinadas por el organismo desde su creación.
El monto, dijo la entidad, es sólo 3,4% del total de los ingresos captados de manera conjunta un año antes del período colusivo, que ascendieron a $ 550 mil millones.
Fasa quedó fuera de la resolución, por haber alcanzado previamente un acuerdo conciliatorio con la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
"La colusión entre las tres más grandes cadenas de farmacias para subir los precios de a lo menos 206 medicamentos existió (...). Dicha colusión tuvo la aptitud causal para restringir gravemente la libre competencia", dice la resolución.
En el fallo más extenso dictado por el TDLC -333 páginas-, el organismo determinó que las compañías se coordinaron, principalmente, mediante un mecanismo denominado 1-2-3, a través del cual Salcobrand fue la primera en manifestar su intención de subir los precios, tras lo cual las otras farmacias se coordinaron para materializar los reajustes. Esto, mediante la intermediación de los laboratorios, los cuales comunicaban cuándo una cadena subiría los precios "y esperaba que le confirmaran que ellas también seguirían esa alza en los días acordados", dice la sentencia. "Además, fue corroborada por este tribunal la existencia de un inusual monitoreo que cada farmacia hizo respecto de los precios de venta de la otra", dice el fallo. Afirma que si lo normal es que las requeridas coticen los precios de su competencia cada siete o 15 días, en este período se hacía en dos días seguidos, justo un día antes de que se produjera cada alza o en el mismo día.
El TDLC determinó, además, que durante los meses investigados hubo un aumento "importante de los ingresos correspondientes a estos medicamentos". De hecho, si en septiembre de 2007 representaban 14,9% de las ventas totales, en abril del 2008 subieron a 15,9%. Este fenómeno responde a que los remedios en cuestión tienen una baja tasa de sustitución. El 94% se vende con receta.
Para acreditar la sentencia, el TDLC validó los correos electrónicos, los testimonios de ejecutivos y también realizó pruebas de movimientos de precios (ver claves). "Los correos electrónicos, la prueba aportada por Fasa -su confesión-, el conjunto de la prueba testimonial, así como los datos analizados de precios de venta a público son prueba fehaciente del acuerdo de las tres cadenas de farmacias", dice el fallo.
Clave para arista penal
El dictamen del TDLC será clave para la arista penal de la causa que lleva adelante el fiscal Luis Inostroza. Fuentes cercanas al proceso judicial explicaron que "es la base de la arista penal, ya que acredita la existencia de la colusión. La existencia de la colusión es la pieza clave".
Las fuentes destacan que ahora la labor del fiscal será acreditar la participación que le cabe a cada uno de los ejecutivos en la causa. Inostroza ya formalizó a 17 personas vinculadas tanto a las farmacias como a laboratorios.
La investigación se cerrará a mediados de marzo próximo. El grueso de las pruebas para acreditar el delito de alteración fraudulenta de precios ya estaría. Las fuentes puntualizan que gran parte de esos antecedentes fueron parte del fallo del TDLC. Sólo faltaría tomar declaraciones de, principalmente, personas que ya atestiguaron. "Serían en torno a siete personas", afirma un jurista vinculado a la causa, quien agrega que, hasta el momento, el proceso se cerraría en las 17 personas ya formalizadas, puesto que no hay antecedentes para incorporar a más ejecutivos.
El juicio oral se materializaría a fines del primer semestre. Si bien gran parte de los formalizados llegarían a esa instancia, Inostroza estaría conversando con algunas defensas para una salida alternativa, llamada suspensión condicional del procedimiento. Esto implica -bajo ciertas condiciones- que una persona no vaya a juicio a cambio de ser fiscalizada por un lapso para que no vuelva a cometer delito.
