LA TERCERA EDICION IMPRESA | jueves 26 de enero de 2012
Economistas consideran que la nueva normativa evitará la discriminación para acceder a empleo y servicios de salud.
La aprobación de la ley Dicom fue bien valorada en general por los expertos, pero advierten que el llamado "perdonazo" puede tener un efecto negativo sobre el mercado crediticio, elevando su costo. A esa conclusión llegan los economistas al analizar los efectos que generará la nueva normativa y la eliminación, por una sola vez, de los registros de morosidad de las personas, con deudas por hasta $ 2,5 millones y publicadas al 31 de diciembre de 2011.
El investigador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, Daniel Montalva, explica que para analizar la modificación legal se debe separar lo que es la ley en general con el "perdonazo".
Sobre este último punto, subraya que al borrar los registros la falta de información aumenta el riesgo de la evaluación crediticia. Esto puede derivar en que se les cobre una tasa de interés más alta a las personas para cubrir ese riesgo mayor.
"Pueden aumentar el riesgo y las tasas (de interés) afectando el crédito (...). Si tengo una deuda de $ 2,5 millones en cada uno de los cuatro sistemas que recopilan antecedentes financieros y borro esos registros, entonces no se conocerá que el total de la deuda son $ 10 millones, lo que eleva el riesgo", afirma.
El director ejecutivo de Econsult, José Ramón Valente, lo reafirma al indicar que "mientras más información exista, más favorecidos están los buenos pagadores. Cuando uno borra información de los malos pagadores, quien da el crédito, lo hace sobre promedios y no puede distinguir entre buenos y malos pagadores, perjudicando a la gente de esfuerzo". También considera una mala señal que quien no paga quede sin penalidad.
El académico de la Universidad de Chile Alejandro Alarcón concuerda con que el "perdonazo" tendrá efectos. "La información disminuye la incertidumbre. Cuando hay incertidumbre hay más riesgo, el costo del crédito es mayor y hay menos acceso al crédito", dice.
Hernán Frigolett, de Aserta Consultores, tiene otra visión. Plantea que las críticas no tienen fundamento, "porque cualquier aspecto que apunte a una mayor regulación del comercio se ve como un riesgo, pero son excusas para seguir ajustando la tasa de interés en función de parámetros de riesgos bastante irreales".
Aspectos positivos
Respecto de la ley, en general, los expertos no ven un alcance negativo para el acceso al crédito. Montalva afirma que la nueva normativa no restringirá el acceso al crédito de las personas.
"Quizás puede afectar un poco a cierto tipo de pymes que podrían ver restringido que no están dentro del proceso de evaluación afectando el crédito comercial, pero no financiero", indica.
Frigolett plantea que "la medida que apunta a proteger los actos discriminatorios quizás dentro del sistema financiero no bancario puede meter algún elemento más de ruido, pero la ley apunta a que no sea un aspecto discriminador al acceder a un empleo".
Patricio Rojas, de Rojas y Asoc., añade que la persona, al ser dueña de sus datos, decidirá si los entrega o no y explica que la base de datos de Dicom no fue hecha para poder ingresar a un empleo o a un hospital.
Según datos que maneja el sector financiero, producto de la nueva ley se borrarán los antecedentes históricos de 3,2 millones de RUT contenidos en el Dicom y que en total suman 12 millones de registros (una persona puede tener varios registros en el Dicom). Esa cantidad de RUT equivale a 90% de todos los morosos y protestos contenidos en la base de datos y que se asocian a deudas menores a los $ 2,5 millones. El 10% restante, unos 350 mil RUT, están asociados a seis millones de registros que seguirán vigentes, porque las deudas superan los $ 2,5 millones, que establece como límite el nuevo texto legal.
Esta no es la única estimación que se ha hecho pública. respecto de los beneficiados por el llamado "perdonazo Bicentenario". La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) calcula que los favorecidos serán 2,5 millones de personas.