LA TERCERA EDICION IMPRESA | domingo 15 de enero de 2012
El miércoles, el Consejo para la Transparencia analizará el caso del ciudadano que pidió e-mails del ministro.
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A las 11.30 del miércoles, el Consejo para la Transparencia dará inicio a una audiencia que tratará un tema controvertido: si los correos electrónicos entre funcionarios públicos, desde un servidor estatal, son públicos o privados. De un lado, está el solicitante Juan Soto, quien pidió los correos enviados y recibidos de la cuenta del ministro Cristián Larroulet, entre el 18 y 21 de julio de 2011. En su requerimiento, precisa que sólo quiere los que traten del desempeño de las funciones públicas, "excluyendo cualquier e-mail que el ministro considere está bajo alero de su vida privada". Soto argumenta que los e-mails equivalen funcionalmente a los escritos. Como le fueron negados, recurrió al Consejo.
Al otro lado, el gobierno interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, defendiendo la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la privacidad . El ministro Larroulet, encargado de las tareas relacionadas con transparencia, dice: "Estamos velando por diferenciar entre una obligación pública y una privada. Y no se puede confundir. El día de mañana yo estaría afectando un derecho privado si es que entrego una información de un e-mail que tiene que ver con la vida privada de una autoridad. Distinto de lo que es un e-mail que tiene que ver con el rol público de la autoridad".
¿Pero en la solicitud se pide que excluyan lo que sea personal?
Consideramos que ahí está el problema del instrumento. ¿Cómo diferenciamos nosotros entre una información privada y una información pública? Siempre pongo un ejemplo: el e-mail hoy, tecnológicamente, equivale a una llamada por teléfono, entonces, hoy tenemos una institucionalidad en que una llamada por teléfono es una información privada. No es que nos opongamos al concepto de la entrega de un e-mail que se refiere a una tarea pública, pero hoy no está eso bien clarificado.
¿No es más fácil explicar al personal que el e-mail institucional es de uso público y que para lo personal deben tener uno privado?
¿Cómo haces la diferencia entre uno y otro? Ciertas cosas, información pública, la entregarías a través del privado, ¿cómo controlo?
¿Y cómo controla una llamada telefónica?
Ese es el problema. Hoy día no se puede hacer, sólo un juez. Creo que claramente hay un tema complejo. Al margen de este debate que está ocurriendo hoy en tribunales, lo estamos estudiando a la luz de un perfeccionamiento que estamos impulsando a la Ley de Transparencia, pero pensamos que hoy día la legislación no permite hacer entrega. Pero estamos estudiando experiencias en otras partes del mundo que han resuelto bien esta materia.
¿No cree que puede dar la sensación de que algo se oculta?
No creo. En general, hemos dado muestra como gobierno de promover enormemente la transparencia, creo que no se da esa sospecha.
Los correos que solicitan, ¿qué información tan fuerte tienen?
Ni siquiera me he preocupado de revisarlos, es un tema mucho más profundo que eso.
Después de esta polémica, ¿sigue escribiendo e-mails?
Sigo mandando mis e-mails y firmando los oficios que correspondan. Tampoco soy un gran utilizador del e-mail, soy muy bueno para hablar por teléfono.
¿Daría a conocer su e-mail?
Es público.
¿Todos sus correos electrónicos?
No tengo ningún problema, no tengo nada que ocultar, aquí hay un valor superior que la Constitución consagra y que estamos defendiendo.
En su caso, ¿le daría lo mismo mostrar sus e-mails?
Por supuesto, no tengo ningún problema, ninguno, como práctica personal no uso e-mail privado. Estoy súper tranquilo.
Suena paradójico, pero la meta que se ha fijado el ministro Cristián Larroulet es recibir 20 mil reclamos este año, potenciando así la labor de la Comisión Defensora Ciudadana. Se trata de un organismo creado en 2001, que actúa como un "Sernac" de los 338 servicios del Estado y bajo el alero de su cartera.
El ciudadano, primero, debe presentar su queja en la oficina del servicio, y de no recibir respuesta en 30 días puede pedir ayuda a la comisión, presentando su caso en persona, por mail o, incluso, en el Facebook del organismo. Será atendido por un abogado, quien tiene cuatro días para contactarse con el reclamante.
Larroulet dice que es fundamental para lograr la modernización del Estado. "La comisión es un facilitador cuando hay un inconveniente, la persona no ha sido bien atendida; la comisión, con el peso político que depende de La Moneda, se encarga de resolver el problema. Actúa frente al ministro del ramo", explica. Esta sería una guía para detectar las mejoras que deben hacerse en la administración.
Por ahora, han logrado consignar que los servicios que están presentando grandes avances en el tema son el Instituto de Previsión Social y Fonasa, mientras que las mayores dificultades se ven en los hospitales. El 2011, la comisión recibió poco más de 14 mil reclamos. Larroulet recalca que por esta vía pretende instalar que el Estado está al servicio de la gente. "Una de las tareas que más sentimos es la de llamar la atención del ciudadano para que haga presentes sus derechos. Sería una mesa coja si no tuviéramos un mecanismo de reclamo y solución de problemas. No nos extrañan ni escandalizan los reclamos, es al revés, un instrumento", argumenta.
