LA TERCERA EDICION IMPRESA | martes 10 de enero de 2012
EL GOBIERNO manifestó ayer su voluntad de modificar el sistema electoral binominal. A riesgo de que se me acuse de ingenuo, quiero pensar que hoy existen condiciones que permiten abrigar la esperanza de que este cambio puede materializarse. Por supuesto que la derecha lleva 20 años negándose, pero confío en que el Presidente de la República sepa leer el escenario político y social del país y ejerza su liderazgo.
El primer objetivo de la reforma electoral debe ser abrir espacios para que puedan expresarse fuerzas nuevas y emergentes. En esta línea, hay que dejar muy claro que no puede aceptarse una reforma electoral de tipo cosmético que consista, pura y simplemente, en agregar circunscripciones o distritos binominales adicionales.
Tampoco resultaría conveniente ir al extremo de sistemas proporcionales puros. Parece razonable evitar un modelo que lleve a una proliferación excesiva de partidos, a la atomización de la representación parlamentaria y a la polarización de las posiciones. El objetivo de la proporcionalidad moderada se logra, por ejemplo, considerando distritos plurinominales, con magnitudes que oscilen entre los tres y ocho diputados por distrito. En este sentido, la propuesta de hace cinco años de la llamada Comisión Boeninger es un buen punto de partida. Por otra parte, y desde el momento en que se sigan permitiendo pactos y subpactos, seguirán existiendo incentivos importantes para la formación de grandes coaliciones.
El segundo efecto de una sustitución del binominal debe ser el establecimiento de un sistema que propenda a la competencia efectiva entre las fuerzas políticas. Es importante que haya ganadores y perdedores en las elecciones. No puede dar lo mismo sacar un 35% que un 63%. Aun cuando es evidente que el binominal no explica todos nuestros problemas de legitimidad y eficacia político-institucional, su lógica de concentrar la competencia entre los compañeros de lista propende a que proliferen los arreglos cupulares, los "blindajes" y las perpetuaciones en el poder. Los rasgos anotados debilitan la calidad de la política y son fuertemente rechazados por los ciudadanos.
La reforma debe hacerse cargo, además, de las groseras distorsiones en la representación de las distintas comunidades de nuestro país. De este modo, con pleno respeto a los espacios de representación ya existentes y reconociendo que cabe aplicar una bonificación a los ciudadanos de las zonas extremas del país, el proyecto debe avanzar en la dirección de equiparar el voto de los ciudadanos. No puede ser que los 850.000 habitantes de Maipú o los 730.000 de Puente Alto pesen lo mismo en la Cámara de Diputados que 150.000 compatriotas de otras partes. Se corregiría, entonces, la grosera sub-representación con que la dictadura (sí: dictadura) del general Pinochet "castigó" deliberadamente a los ciudadanos que vivían, entonces, en las zonas que le dieron una mayoría clara a la opción del No en 1988 (especialmente en Santiago y Concepción). La reforma debe incluir, también, un sistema de cuotas o incentivos efectivos que rompa las barreras de género, permitiendo a los ciudadanos contar con más candidatas mujeres.
La reforma debe incorporar, finalmente, un mecanismo independiente y técnico para la actualización periódica de la distribución de los escaños entre los distintos distritos. Se trata de evitar que los cambios demográficos o migratorios futuros tengan el efecto de alterar la igualdad de sufragio.
