Reforma a notarios descarta licitación y fija nuevos criterios y exigencias para designaciones

El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, espera enviar el proyecto al Congreso este año. Propondrá la exigencia de un curso obligatorio para postular a los cargos y que el Sernac fiscalice las tarifas y servicios a los usuarios. En el sector valoran que el negocio no se asigne por precio.

por Pamela Jimeno Ocares
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Casi 70 años tiene el marco legal que regula el negocio de los notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros judiciales en Chile. Y en todo este tiempo, sólo se ha modificado para fijar los aranceles y remuneraciones del sector, escalafón incluido. Nada se ha innovado en otros aspectos como el nombramiento de cargos, la creación y disolución de una notaría o un conservador, y su fiscalización.

La falta de renovación en esa industria ha sido criticada transversalmente y los gobiernos de turno han puesto el tema en sus agendas, pero sin éxito. El último intento fue en la administración anterior, que en abril de 2008 ingresó un texto al Congreso que nunca se discutió. Tras un apronte por reflotar algo de aquel cuerpo legal, el gobierno actual optó por diseñar un proyecto propio que introduce nuevas exigencias para la postulación de cargos y fija normas de transparencia para la designación. También entrega al Sernac parte de la fiscalización del negocio, adelanta el ministro de Justicia, Teodoro Ribera.

Si bien evita entregar una fecha, afirma que este año enviará el prospecto al Parlamento. Pero además, anuncia que definitivamente se cierra la posibilidad de licitar por precio la gestión de las notarías, como planteaba el texto de la era Bachelet y que mantenía -con algunos cambios- la versión que trabajó el primer ministro de Justicia de esta administración, Felipe Bulnes.

"No estamos proponiendo un sistema de licitación ni para crear una notaría ni para el cargo de notario. No tenía viabilidad política. Jurídicamente no iba a tener jamás el apoyo legislativo", asegura. Aclara que en este caso ha habido muchas presiones, "no solamente de los notarios. Incluso el Colegio de Abogados ve con pavor que (el proyecto anterior) destruya un sistema que, en términos globales, ha garantizado la seguridad jurídica en Chile".

Cuando Bulnes asumió en Justicia, en marzo de 2010, se mostró de inmediato partidario de mantener la idea de la licitación de las notarías por precios. "Le hicimos ver los riesgos y costos, que era lo mismo por lo que el proyecto de la ex Presidenta Bachelet se había caído. Pero él estaba convencido de hacerlo. Creía que no había competencia en este sector y fue bien duro", recuerda el presidente de la asociación de Notarios y Conservadores, Alfredo Martín.

Bulnes, de hecho, lo creía: "Esto es lo que se llama la competencia por la cancha o en la cancha... Yo más bien diría que lo que estaba previsto en la ley -y que nos parece una inspiración correcta- es que finalmente se ganen las notarías aquellos que ofrecen cobrar más barato", afirmó en mayo de 2010 en este diario. Finalmente su propuesta nunca vio la luz, debido a su partida a Educación.

Ribera opina lo contrario: "Yo soy un ministro absolutamente realista, pragmático y orientado al objetivo. Ese proyecto murió antes de ingresar y, por tanto, si quiero sacar uno que modernice el sistema de notarías, tengo que buscar una solución jurídica acorde con la idiosincrasia del país". Martín lo respalda: "Licitar el negocio era comprometer la fe pública y el ministro Ribera lo entendió así (...) La licitación era un riesgo, porque iba a posibilitar que cualquiera que ofreciera el precio más bajo pudiera terminar creando una notaria. Por ejemplo, sería perfectamente posible que organizaciones criminales pudieran crear una notaría a través de terceros".

En el país hay 328 notarías que operan como tales o cuyos titulares también son conservadores y archiveros judiciales, mientras que se contabilizan 63 oficinas exclusivamente de conservadores y/o archiveros.

"Lo que se les cuestiona a notarios y conservadores es, primero, el sistema de nombramientos, que es poco transparente; segundo, que las tarifas no siempre se cumplen; tercero, que su aporte a la seguridad jurídica no es suficiente, y cuarto, que se requiere mayor agilidad e incorporación de mayor tecnología", afirma Ribera.

El ministro enfatiza que el proyecto de ley modernizará el sistema de nombramientos, al aumentar la transparencia, los requisitos para ser notario y la cantidad de concursantes para los cargos de notarios y conservadores. Así es como se creará un curso previo, obligatorio y habilitante para postular a los cargos de notarios y conservadores, que el ministro espera lo haga la Corporación Administrativa del Poder Judicial (dedicada a la administración de recursos y prestación de servicios a los tribunales) o la Academia Judicial. "Para ser notario y conservador a futuro no cualquiera podrá serlo, sino que tendrá que hacer necesariamente un curso previo habilitante", añade.

El curso se sumará a la exigencia actual para acceder a dichos cargos: nacionalidad chilena, título de abogado, estar registrado, no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos y no tener más de 75 años (ver recuadro). Pese a esto, en la práctica hay notarios y conservadores que permanecen en sus puestos por arriba de esa edad, una realidad que Ribera no comparte: "Esto va a seguir siendo igual a como es ahora, es decir, los notarios y conservadores seguirán en sus cargos hasta los 75 años. Pero hay personas que hoy día, por una norma especial, permanecen en sus cargos teniendo más años y además su disposición a incorporar tecnología y hacer inversiones adecuadas para atender mejor al público es menor. Eso ya no corre más".

Otro punto es que aunque no cambiará la dinámica de los nombramientos, sí se ampliará la nómina para la postulación de los notarios, desde los actuales tres nombres a cinco y se establecerán concursos habilitantes para ello. Hoy, cuando queda una notaría vacante, porque el notario se traslada, fallece o es destituido, la Corte de Apelaciones respectiva llama a concurso notarial, los abogados postulan y luego el mismo tribunal conforma una terna que envía al Ministerio de Justicia para que el titular de la cartera proceda al nombramiento. Pero ese proceso no es abierto al público. La idea de Ribera es transparentarlo y hacerlo de acceso general, aunque aún no define si el mecanismo será a través de una página web especial o un link anexado a su cartera o al mismo Poder Judicial, como primeras opciones.

El negocio de los notarios y conservadores está regulado por el título XI del Código Orgánico de Tribunales, creado por la Ley 7.421 del 9 de julio de 1943 del Ministerio de Justicia (ver recuadro). Las tarifas de los servicios de la industria, en tanto, las fija y fiscaliza el Ministerio de Justicia. Según consta en el Diario Oficial, desde el 3 de diciembre de 1998 la cartera no actualiza los precios del sector, aunque en la práctica notarios y conservadores las han reajustado por inflación y atendiendo a los mayores costos operacionales en que han incurrido las oficinas que han incorporado tecnología.

Ribera precisa que el proyecto propondrá que el Sernac tenga injerencia en controlar los precios y la calidad de los servicios. "Queremos que el tarifado sea público, que tenga capacidad de actualizarse en el tiempo, pero que haya un control por parte del Sernac para resguardar la fe pública", sostiene.

El mercado de los notarios reporta ingresos brutos por entre US$ 150 millones y US$ 180 millones, según un estudio del gremio. Al año, la industria realiza casi 20 millones de trámites con un valor promedio de entre $ 500 y $ 6.000. Hay operaciones que pueden costar $ 30.000 y otras aún más caras, dependiendo de la dificultad o valor de la transacción y de la ubicación geográfica de la oficina.

La reforma en preparación también propondrá que notarías y conservadores estén vinculados tecnológicamente para que las personas puedan enviar sus papeles vía electrónica a la contraparte. Además, se exigirá incorporar la firma electrónica. Hoy, del total de 391 notarías y conservadores, 220 trabajan con firma electrónica para la constitución, inscripción y publicación de sociedades.

Por último, se pasará de un sistema donde el notario "sólo certifica algunas circunstancias que consideramos muy básicas, a uno en que al notario, como profesional, le vamos a certificar con mayor certeza jurídica y le traspasaremos mayores responsabilidades desde el punto de vista civil y penal".

Visiones del tema

"Un elemento clave en esta reforma es que todo lo que se haga por elevar los niveles de seguridad jurídica es conveniente".

Teodoro Ribera

Ministro de Justicia

"No conocemos el proyecto. Valoramos que se haya dejado fuera la licitación. Ponía en riesgo la seguridad jurídica".

Alfredo Martín

Pdte. Asociación Notarios y Conservadores

Las normas que regulan a notarías y conservadores

El marco legal que regula el negocio de notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros judiciales, está incluido en el Título XI del Código Orgánico de Tribunales (COT), creado en la Ley 7.421 del 9 de julio de 1943, bajo la presidencia de Juan Antonio Ríos. Además de aquel, sólo se ha legislado en materia de remuneraciones y tarifas del sector.

El primer caso es de 1965, cuando se facultó al Presidente de la República para que, previo informe de la Corte Suprema, fijara los aranceles de los funcionarios. Luego, la Ley 17.570 de diciembre de 1971, estableció que anualmente -y no cada dos años- el Presidente podía modificar los aranceles, considerando especialmente la variación del valor adquisitivo de la moneda. Y la Ley 18.018, de agosto de 1981, restringió los beneficios salariales del sector, hasta esa fecha similares a los de los funcionarios públicos. En enero de 2011, la Ley 20.492 (que modificó un artículo de la Ley 16.250) dejó liberadas del pago de derechos arancelarios a las actuaciones (trámites) de los conservadores de bienes raíces por reinscripciones y cancelaciones cuando se crea un nuevo conservatorio o se modifican los territorios jurisdiccionales de los que existen.

El Código define a los notarios como ministros de fe pública y les asigna una larga lista de funciones. Entre ellas, extender instrumentos públicos, levantar inventarios, otorgar certificados, autorizar firmas en documentos privados, notificar traspasos de acciones y asistir a juntas de accionistas. " En general, dar fe de los hechos para que fueren requeridos", dice el texto.

Los conservadores son ministros encargados de los registros de bienes raíces, de comercio, de minas, de asociaciones de canalistas, de prenda agraria y de prenda industrial.

El Código señala que habrá una o más notarías en cada territorio donde ejerza jurisdicción un juzgado de letras, y un conservador en cada comuna o agrupación de comunas que constituya dicho territorio. Donde sólo exista un notario, el Presidente de la República puede disponer que éste también ejerza como conservador. Pero, además, la ley establece para la V Región un conservador para las comunas de Valparaíso y Juan Fernández, y otro para Viña del Mar.

También dispone un registro en la comuna de Santiago para el servicio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago, desempeñado por tres conservadores: del Registro de Propiedad, de Hipotecas y el del Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar. El Presidente, previo informe de la Corte de Apelaciones, puede separar de sus cargos a notarios y conservadores.

El sistema actual

* Nombramientos: Cuando una notaría queda vacante porque el titular se traslada, fallece o es destituido, la Corte de Apelaciones respectiva llama a concurso notarial. Los interesados postulan, la corte crea una terna y la envía al Ministerio de Justicia, que decide el nombramiento. En el caso de los conservadores, si falta o se inhabilita alguno, será reemplazado por los otros conservadores según el orden de antigüedad. El proceso no es abierto al público.

* Requisitos para el cargo: Para ser notario y conservador se requiere la nacionalidad chilena, título de abogado, no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos y tener hasta 75 años. La ley dispone que debe haber una o más notarías en cada territorio donde ejerza jurisdicción un juzgado de letras, y un conservador en cada comuna o agrupación de comunas que constituya dicho territorio.

* Fiscalización: El negocio de los notarios y conservadores está regulado por el título XI del Código Orgánico de Tribunales, de manera que el Poder Judicial es el que fiscaliza su operatoria en lo que se refiere a la prestación de servicios. El Ministerio de Justicia es el encargado de la fijación de las tarifas (aranceles) de los servicios del sector, pero también de la fiscalización de aquellos. Lo mismo para los conservadores.

El proyecto del gobierno

* Transparencia: El proyecto mantiene las mismas dinámicas y facultades en el proceso de nombramiento de notarios y conservadores, tanto por parte de las Cortes de Apelaciones como del Ministerio de Justicia. Sin embargo, aumenta de tres a cinco el número de la lista de postulantes a los cargos de notarios. También propone un sistema para transparentar todo el proceso, de manera de hacerlo de acceso general.

* Mayor preparación: El proyecto mantiene los requisitos para optar a los cargos de notarios y conservadores, pero establece una nueva exigencia como es la creación de un curso previo, obligatorio y habilitante para postular. El gobierno espera que el curso lo realice la Corporación Administrativa del Poder Judicial (que administra recursos y presta servicios) o la Academia Judicial.

* Mayor monitoreo: Se mantiene la facultad de regular el negocio de notarios y conservadores al Poder Judicial y del Ministerio de Justicia de establecer las tarifas por los servicios del sector. Sin embargo, el proyecto le entrega al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) la injerencia en controlar el desempeño de funciones (calidad de los servicios) y los precios que la industria cobra a los ciudadanos.

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