LA TERCERA EDICION IMPRESA | jueves 15 de diciembre de 2011
Fiscalía dijo que recibían millonarios bonos por utilidades logradas de forma maliciosa.
Durante la extensa jornada de formalización llevada a cabo ayer en el Centro de Justicia, la fiscalía reveló nuevos antecedentes de cómo se habría gestado el delito de lavado de activos que se les imputa a Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno.
Aseguró que entre los tres ex ejecutivos de la multitienda, los dineros provenientes del ilícito suman casi $ 8 mil millones, acumulados entre 2006 y 2010. Según detalló el fiscal José Morales, los tres imputados por este delito recibían anualmente cifras millonarias por concepto de remuneraciones, a las que se agregaba un bono por las utilidades del retailer.
Al sumarse estos montos (los de las remuneraciones y los provenientes del ilícito), se produce una contaminación de patrimonio, es decir, se mezcla el dinero lícito con el obtenido maliciosamente, sostuvo la fiscalía.
La entidad agregó que Alcalde, Farah y Moreno constituyeron diversas sociedades (inmobiliarias, de asesoría, entre otras), tanto individualmente como con sus familias, además de realizar considerables inversiones en fondos mutuos y acciones de la misma multitienda, cuyo precio llegó a superar los $ 3.000, valor que subía conforme los ex ejecutivos modificaban el real estado financiero de la empresa, haciéndola parecer rentable y con un "excelente posicionamiento".
Desde 2006 y hasta 2010, Pablo Alcalde totalizó $ 1.780.745.599 a su favor, proveniente tanto de sus remuneraciones como de los bonos; María Isabel Farah $ 2.882.072.082 y Julián Moreno $ 3.265.157.015. El menor monto que exhibe Alcalde se explica porque hay años en los que no se encontraron registros de que hubiese recibido este ingreso extra, a diferencia de Farah, que en todos los períodos recibe el citado incentivo económico.
Las operaciones
Uno de los elementos que destacaron los fiscales fueron las "operaciones sospechosas" efectuadas por Pablo Alcalde, consistentes en el retiro de abultadas sumas de dinero desde su cuenta corriente, entre el 27 y el 29 de diciembre de 2010, movimientos que "tendían a ocultar el origen ilícito de los bienes".
Esto, motivado por la reunión de directorio del 28 de diciembre de 2010, en el que se le exigió claridad sobre las provisiones y el real estado de la empresa.
Dentro de las operaciones se registran tres transferencias de la corredora Larraín Vial, movimientos entre sus empresas Maipo y Galicia, esta última figura como deudora hacia el propio Alcalde. Así, la fiscalía estableció que el 72% de los movimientos financieros del ex presidente de La Polar se realizaron en los últimos tres años. Además, tanto Alcalde como Moreno disolvieron sus sociedades conyugales para traspasar patrimonio a sus ahora ex esposas.
