El último round con Transparencia

por Francisco Artaza

El jueves 29 de septiembre pasado, poco después del mediodía, el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia Avila, tomó su auto rumbo a Viña del Mar sin saber que su suerte estaba siendo sellada a esa hora. En el Congreso, el gobierno comenzaba a mover sus fichas para renovar a dos de los cuatro consejeros de la entidad, que es la responsable de velar por el acceso de los ciudadanos a la información de los organismos del Estado.

Ese día, al término de la sesión especial de la Cámara Alta destinada a aprobar la extensión del posnatal de seis meses, el ministro Cristián Larroulet se acercó a la testera para sellar un acuerdo con los senadores PPD Guido Girardi y Jaime Quintana. El titular de la Segpres buscaba el reemplazo de Urrutia y del abogado PPD Juan Pablo Olmedo, pese al respaldo que ambos consejeros tenían entre las directivas partidarias y el grueso de los senadores.

"El Presidente tiene una decisión tomada en esto y es inamovible", le habría asegurado Larroulet a los parlamentarios. Luego les ofreció proponer el nombre del reemplazante de Olmedo, en una jugada que con los días provocaría una fuerte tensión al interior del PPD: algunos parlamentarios del partido de Carolina Tohá no aceptaron que fuera Girardi quien controlara la designación y tampoco estaban de acuerdo en validar la decisión de La Moneda.

Del futuro de Urrutia ya había hablado Piñera, en una cita con la directiva de RN. "El Presidente nos dijo que por ningún motivo mantendría por otros tres años en el cargo a Urrutia. Nos planteó que era bueno la alternancia, preparar nuevas figuras", señala un miembro de la mesa de Carlos Larraín.

En el partido fue complejo dejar caer a un histórico militante de la colectividad, quien fue diputado por dos períodos. Se trataba de un viejo conocido de varias autoridades de gobierno y el Presidente. El desempeño de Urrutia al mando del Consejo, sin embargo, venía causando incomodidad en La Moneda desde que asumió el cargo, el 27 de abril del año pasado.

"Hubo muchas señales, mensajes indirectos, de que estaban molestos con el trabajo que estábamos haciendo. Con el hecho de que actuáramos con total transparencia y autonomía", señala Urrutia a La Tercera.

El personero tuvo desencuentros con la jefa de asesores del Mandatario, María Luisa Brahm, quien debió renunciar al Comité de Alta Dirección Pública, tras las críticas públicas que le hizo Urrutia por ejercer simultáneamente ambos cargos.

Los conflictos también fueron con el ministerio que encabeza Larroulet. "El gobierno trató de neutralizar la labor del Consejo", afirma Urrutia, al recordar las peleas que tuvo que dar en La Moneda a partir de 2011 por el presupuesto de la entidad. El próximo año tendrá un incremento real de un poco más del 2% y existe una disputa por el financiamiento del portal electrónico de Transparencia. Los fondos son administrados por la Segpres y no por el propio Consejo, lo que, a juicio de personeros de la entidad, mermaría la autonomía y su capacidad fiscalizadora.

Los canales de Urrutia con La Moneda terminaron por cortarse a mediados de julio pasado, justo en momentos que el organismo dictaba dos resoluciones en contra de la opinión del gobierno. En la primera, el Consejo acogió -por tres votos contra uno- un recurso del alcalde PPD de Melipilla, Mario Gebauer, quien exigía conocer los correos electrónicos institucionales entre el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y la gobernadora de la comuna. El edil quería establecer las razones por las que fueron devueltos $ 300 millones destinados a tareas de reconstrucción posterremoto.

En una decisión inédita que podía marcar precedentes para otros casos, el Consejo estimó el 14 de julio que los emails institucionales son objeto de conocimiento público y que sólo el Consejo puede evaluar si se cumple alguno de los requisitos que establece la ley para impedir divulgarlos. Por este motivo pidió a la Subsecretaría de Interior que le enviara los correos para analizarlos. La respuesta del gobierno fue un duro oficio preparado por los abogados de la Segpres y de la dirección Jurídica de Interior, en que incluso se cuestiona las atribuciones y capacidades del Consejo para tomar estas decisiones.

Dos semanas después, Urrutia fue a La Moneda a hablar con Larroulet. En sus manos llevaba un oficio recordándole que el plazo de renovación de dos de los consejeros de Transparencia vencían el 28 de octubre. La conversación fue dura. El ministro le manifestó su preocupación por el reciente dictamen sobre los correos electrónicos, el que si era aprobado finalmente, podría llevar a que cualquier persona solicitara los emails de cualquier autoridad, incluso los del Presidente de la República.

"Me hizo ver que esto lo veían como algo muy peligroso", señala Urrutia. El presidente del Consejo defendió el dictamen y, según afirma, le dio un consejo al secretario de Estado: "Si algún funcionario quiere enviar un correo personal, que use sus cuentas de correo personal de gmail o hotmail".

El tema está ahora en manos de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego que el gobierno presentara un recurso de nulidad contra la decisión de Transparencia.

En el despacho de Cecilia Morel

El conflicto por los correos se convirtió en comentario obligado en La Moneda. Hasta hoy es su principal fuente de malestar con el Consejo. Pero no el único. En el gobierno tampoco pasó inadvertido que la entidad, de manera unánime, acogiera el recurso del concejal de Calera de Tango, Marco Jofré, en contra de la Fundación Integra, que encabeza Cecilia Morel.

Jofré pidió conocer los salarios de los directivos de Integra y el destino de tres millones de dólares donados por Australia para la reconstrucción de jardines infantiles.

Fuentes de Integra afirman que no existen problemas en la ejecución del programa asociado a la donación australiana, el que ha permitido la construcción de nueve centros y la refacción de varias decenas de jardines infantiles seriamente dañados por el terremoto. El programa, añaden, está asociado a la entrega de informes periódicos a la embajada de Australia en Chile.

A través del abogado Miguel Angel Fernández, Integra presentó el 23 de septiembre en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de nulidad contra de Transparencia. En el consejo apuestan a que el fallo judicial, que se espera para mediados de noviembre, ratifique su decisión.

Más allá del caso de Integra, Urrutia cree que su salida del Consejo está claramente ligada al tema de los correos electrónicos. "En el gobierno no lo han querido dar a entender de esa forma. Nadie me ha dicho que esa es la causa de mis salida, pero no me cabe duda de que se debió a eso", asegura.

En el Congreso varios parlamentarios creen lo mismo. Por este motivo, han criticado la forma en que el gobierno procedió en el reemplazo de estos dos consejeros y la demora del Ejecutivo en dar a conocer los nombres de los reemplazantes. Hasta ahora, el gobierno no cuenta con los dos tercios de los votos del Senado que necesita para ratificar a los abogados José Miguel Eyzaguirre (RN) y Samuel Donoso (PPD).

Donoso es un cercano de Girardi y conocido por su intervención en las investigaciones por Publicamm Corfo-Inverlink y el denominado caso Spiniak. El 8 de noviembre irá junto a Eyzaguirre a la Comisión de Constitución Legislación y Justicia, que escuchará sus planteamientos frente al rol del Consejo. La designación de los abogados, sin embargo, sigue siendo incierta.