Educación: ¿Quién paga el daño?

por Axel Buchheister, abogado
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El movimiento estudiantil por una mejor educación se ha hecho mediante la toma de establecimientos y marchas en la calle. Ya son más de cinco meses sin clases en muchos establecimientos escolares y universitarios. También van decenas de convocatorias a tomarse los espacios públicos, que siempre terminan en violencia y destrucción.
Todo esto ha tenido un costo, que muchos identifican solamente con la destrucción que se ha visto en instalaciones públicas y privadas durante las marchas, que por cierto suman millones. Pero es mucho más. Durante la semana nos enteramos de que la rectoría de la Universidad Católica de Valparaíso decidió, finalmente, desalojar a los apenas 60 alumnos que tenían paralizadas las actividades de miles, encontrándose con graves daños en la infraestructura y en el equipamiento, amén de la simple desaparición de valiosas especies. No sólo ha quedado de manifiesto la poca civilización de quienes se supone son lo mejor de nuestra juventud, sino también pérdidas por cantidades millonarias.
El costo económico no queda ahí, porque el gobierno maneja cifras de que los destrozos en colegios y liceos a través del país ascendían a comienzos de septiembre a la no despreciable suma de $ 3.800 millones. Por otra parte, cerca de 50.000 jóvenes no se inscribieron en el plan para salvar el año y van a repetir. Felices ellos con su decisión, que sería el costo personal de mantener la lucha, pero eso obliga a tener salas y profesores para dictarles clases, afectando -al menos- la calidad de la educación de los alumnos de cursos inferiores que deberán compartirlas con ellos, que estarán más congestionadas que lo habitual. ¿Cómo se enfrentará esta sobrepoblación estudiantil en ciertos años? Eso, sin mencionar el bajo nivel de conocimiento que todos sabemos exhibirán quienes pasen clases con dicho plan.
Pero hay más, en ámbitos no imaginados: el número de voluntarios para el servicio militar este año no pasó del 70% del requerimiento, cuando en años recientes había sido el 100%. El faltante tiene que llenarse con un sorteo. El director de Movilización explicó que al estar cerrados los colegios, no hubo opción de promover la modalidad voluntaria. Una vuelta atrás en el proceso y un daño para los que no se enteraron y no se inscribieron como voluntarios (hacer el servicio tiene beneficios e incentivos que son significativos para un segmento de la población), y para los que tengan que concurrir obligadamente, lo que no estaba en sus cálculos.
El reclamo en torno a la calidad de la educación tiene base y la ciudadanía le ha dado amplio apoyo, pero llevarlo al límite y mantenerlo en forma contumaz, con pretensiones ideologizadas y extremas, no ha sido gratis. ¿Quién paga por todo el daño? A los que protestan no les importa y no tienen cómo hacerlo. Llegó el tiempo de poner fin a esta sangría con acuerdos realistas y eso compete a las fuerzas políticas. Si la misma ciudadanía que apoya el reclamo admite que se eludan responsabilidades, incluso con explicaciones olímpicas, como aquella de que durante 20 años trataron de solucionar el asunto y la derecha no lo permitió, la cuenta va a seguir acumulándose. Y entérese: la está pagando usted.

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