Iniciativa del gobierno para castigar desórdenes públicos

EL ANUNCIO, por parte del Presidente de la República, del envío al Congreso de un conjunto de reformas legales con el propósito de endurecer las sanciones penales contra los que protagonicen desórdenes públicos, ha despertado una aguda controversia sobre la oportunidad y procedencia de los cambios. Aunque las medidas del Ejecutivo apuntan en la dirección correcta de restablecer un sentido de autoridad que se ha ido diluyendo en los últimos meses, es necesario saber si La Moneda se encuentra realmente dispuesta, en el caso de que el Congreso apruebe la legislación, a invocarla y a solicitar a los tribunales que hagan caer el peso de sus disposiciones contra los eventuales infractores.
No cabe duda que una serie de fenómenos ocurridos en el último tiempo ha contribuido a crear un ambiente propicio para que grupos de violentistas, que a menudo actúan encapuchados, hayan atacado a Carabineros, saqueado comercios, protagonizado desmanes y provocado numerosos destrozos a la propiedad privada y pública. Al mismo tiempo, decenas de colegios y sedes universitarias han sido ocupados ilegalmente por sus alumnos, en tomas que en algunos casos se prolongan por meses y han provocado grave daño a las instalaciones afectadas. Aunque es verdad que en no pocas ocasiones, como señaló el Presidente de la República el domingo, el Ministerio Público y los tribunales no actúan con el celo que debieran para perseguir y sancionar a los culpables de acciones violentas, lo cierto es que, en general, estas situaciones no han encontrado de parte del gobierno una respuesta coherente. El Ejecutivo ha contribuido a minar su propia autoridad al, por ejemplo, no ser capaz de hacer respetar los trazados definidos para las marchas estudiantiles, prohibir por algunos días a Carabineros el uso de bombas lacrimógenas para enfrentar a manifestantes o tomar distancia del alcalde de Providencia luego de que éste ordenara el desalojo de los liceos en toma en su comuna. Peor aún, con sus acciones y omisiones ha contribuido a generar un ambiente social en el que, como señaló el lunes el propio ministro del Interior, las minorías amenazan con secuestrar los derechos de las mayorías.
Constituye, por lo mismo, un cambio positivo que la autoridad ahora muestre disposición a castigar la acción de encapuchados, la confección, distribución y el uso de bombas incendiarias, y las tomas de recintos educacionales, o proponga la creación de un tipo penal específico para sancionar el saqueo. Las reformas propuestas al Congreso resultan, en ese sentido, oportunas y necesarias, toda vez que en muchos casos los tipos penales que castigan varias de esas conductas son poco específicos o difíciles de configurar ante los tribunales.
Cabe preguntarse, sin embargo, si una autoridad que se ha mostrado renuente a usar las herramientas hoy a su disposición para enfrentar los desórdenes públicos tendrá en el futuro la voluntad para aplicar una legislación mucho más fuerte, incluso si ello es impopular y resistiendo el apelativo de "autoritario" que desde ya ha sido lanzado desde la oposición y el movimiento estudiantil para describir la iniciativa. El hecho de que el lunes La Moneda haya salido a calificar el anuncio hecho sólo 24 horas antes, distinguiendo de manera confusa entre tomas violentas y pacíficas, sugiere que el fantasma de la falta de convicción sigue rondando en el Palacio de gobierno.