Cuestionable acuerdo en sector pesquero

EL MINISTERIO de Economía ha informado que los pesqueros industriales y artesanales llegaron a un acuerdo sobre fraccionamiento de las pesquerías, en lo que el titular de la cartera calificó como una histórica transferencia al sector artesanal, cuyo monto ascendería a unos US$ 30 millones en valor actual. El acuerdo incluye el detalle de cada recurso (jurel, merluza, congrio, etc.), en todos los cuales mejoró la posición de los pescadores artesanales, en desmedro del sector industrial.
Con el cierre de este trato, se evitaría la licitación del 50% de las cuotas de captura, como había advertido dicho ministerio que sucedería si no se llegaba a un acuerdo y se enviaría a continuación un proyecto de ley que recogería sus términos, quedando asegurados los derechos pesqueros por 20 años. No obstante, una agrupación de pequeños empresarios y un inversionista extranjero se marginaron del mismo, en tanto que parlamentarios han expresado que no está garantizada la aprobación del proyecto de ley, estando dispuestos a escuchar las demandas de los últimos.
El proceso que ha desembocado en el mencionado acuerdo es cuestionable, al dejar librada la definición de la política pública y la legislación que habrá de dictarse, al resultado de la negociación de los intereses de los involucrados. La explicación que se ha dado es que sin este acuerdo no habría sido viable ninguna iniciativa legal, pero ello no puede justificar el que se haya abandonado todo intento por establecer una regulación que persiga mejorar el funcionamiento de una industria tan relevante para el país sobre bases técnicas y económicas sólidas. Más aún, todo indica que había una determinación de la autoridad de privilegiar al sector artesanal, sin fundamento en un criterio de eficiencia, sino más bien en uno político, que obligó a los industriales a ceder una porción de su actual participación, para asegurar por dos décadas el porcentaje que negociaron.
La autoridad tiene el deber ineludible de proponer la legislación, pensando siempre en la primacía del interés general sobre el particular. Pero el mecanismo empleado tampoco garantiza una aprobación expedita del proyecto de ley en el Congreso, donde pudiera prevalecer con mayor intensidad la lógica de protección de intereses parciales. Precisamente para neutralizar con eficacia este escenario, era particularmente importante que el gobierno tuviera una propuesta debidamente fundada. Las regulaciones basadas en acuerdos entre los intereses en juego suelen gozar de baja legitimidad y una reacción previsible en el Congreso será la tendencia a limitar la duración de los derechos pesqueros, lo que periódicamente agudizará los conflictos sobre el fraccionamiento de las pesquerías, lo que está lejos de entregar un horizonte de certeza para las inversiones y la explotación racional.
La definición de derechos sólidos, susceptibles de ser transados, es fundamental para el desarrollo sustentable del sector pesquero. En este sentido, la mantención de la categoría de pescador artesanal otorga un estatus diferente a determinados empresarios, muchos de los cuales distan de ser pequeños pescadores, y restringe la operación de un auténtico mercado de cuotas de pesca, de modo que nuevos inversionistas puedan ingresar al rubro, adquiriéndolas a precios razonables y que les permitan formar una base de explotación eficiente, competitiva y con las necesarias economías de escala.