La otra batalla

por Jorge Navarrete, abogado

La notable y sostenida atención que ha provocado el debate educacional, con motivo de las reiteradas y no tan desgastadas movilizaciones callejeras -a diferencia de lo que sostuvieron el gobierno y sus partidarios-, pareciera haber oscurecido otras importantes polémicas que se avecinan.
Una de ellas, que incluso tiene para nuestro país significativas remembranzas históricas, dice relación con la próxima discusión sobre la Ley de Presupuesto. Más allá de la predecible beligerancia con la que usualmente se ha teñido este proceso, hay varias razones para creer que esta tramitación será todavía más compleja.
La primera hace referencia al debate tributario. En efecto, y pese a que parecía que la necesidad de un nuevo pacto fiscal se había instalado en el sentido común de los ciudadanos y sus representantes, el ministro de Hacienda ha sido explícito en afirmar que las prioridades y desafíos que tiene el país en los próximos años serán solventadas sólo con gasto corriente. Ahora bien, pese a que la discusión de la Ley de Presupuesto no es el espacio más adecuado para viabilizar una reforma global de los impuestos, lo que sí sucederá es que la Concertación se opondrá a la disminución programada y progresiva del impuesto de primera categoría a las grandes empresas. La razón es más o menos obvia: habiéndose eliminado en forma definitiva el impuesto de Timbres y Estampillas, y de seguirse con el itinerario de las otras rebajas, para cuando termine el gobierno de Piñera los empresarios pagarían menos impuestos que cuando éste se inició.
La segunda razón, a ratos olvidada, es que este será el presupuesto de un año electoral. Los montos que ahora deben acordarse serán ejecutados en el período de las próximas elecciones municipales. Pese a que hemos avanzado mucho en transparencia y rendición de cuentas, es todavía muy relevante el poder que tiene el gobierno para influir en estos comicios, razón por la cual se discutirán muy apasionadamente aquellas partidas vinculadas a beneficios sociales, proyectos de desarrollo o infraestructura, tomando en consideración su ubicación, fecha y beneficiarios.
Por lo mismo, y en tercer lugar, todo hace prever se reinstalará una vieja disputa entre los técnicos y los políticos, cuyo epicentro estará en el propio gobierno, ya que la siempre flemática personalidad y conducta de las autoridades de Hacienda inevitablemente chocará con las prioridades y urgencias de los candidatos, parlamentarios de cada zona, e incluso altos funcionarios de la administración central.
Por último, pero no menos importante, este debate sobre el presupuesto nacional se verifica en un ambiente más enrarecido de lo habitual, específicamente en lo que atañe al deterioro de los canales formales, y también oficiosos, entre los titulares de gobierno y los interlocutores de la oposición. En un cuadro de creciente deslegitimación social de la actividad política, lo que ha ahondado en una preocupante crisis de representatividad, no es el momento, ni hay espacio, para más gustitos personales o pequeñas revanchas. Ojalá se discuta con fuerza, respeto y teniendo en la mira a esos tantos chilenos que hoy se sienten algo defraudados de sus representantes.