LA TERCERA EDICION IMPRESA | sábado 24 de septiembre de 2011
LA NECESIDAD de aumentar la dotación del Ministerio Público debe analizarse con criterios técnicos estrictos. Para ello, es necesario despejar dudas que puedan existir. La primera es que no es efectivo que el Plan de Fortalecimiento sólo se apoye en un informe del BID. Se funda en la experiencia de todos los años que lleva implementándose el nuevo proceso penal, en ocho estudios anteriores sobre distribución y carga de trabajo, todos en conocimiento del Ejecutivo.
La segunda inquietud es que no existen cifras claras. El Ministerio Público ha entregado a todas las instancias pertinentes más de 500 páginas de cifras actualizadas, desglosadas por fiscalías. Tales cifras son las que se pueden aportar ciertamente (hay algunas que no se pueden entregar, porque no dependen sólo de este organismo. Ejemplo, la duración de audiencias dependerá de la actividad del fiscal, pero también de otros intervinientes. La tercera establece ¿a dónde irían los recursos? El Plan de Fortalecimiento (validado por el BID) tiene proyectos concretos y a cada uno se le asigna dotación y mecanismos de evaluación. A saber, unidades de análisis criminal y persecución penal focalizada contra mercados delictivos en cada región, mejora de la atención a víctimas y usuarios (incluyendo un centro de llamadas y de contacto telefónico), proyecto de control del cumplimiento de las condiciones que se fijan a imputados cuando se les suspende el procedimiento que aprueba el juez, ajuste en tramitación según complejidad y "Fiscalía Supraterritorial contra Criminalidad Altamente Compleja" (lavado de dinero, crimen organizado, gran corrupción).
La cuarta duda es ¿quién fiscaliza a la Fiscalía? Como ejemplo existen controles procesales, informes trimestrales al Congreso sobre gastos, contratos y otros, el Ejecutivo y el Legislativo asignan el presupuesto, la Contraloría registra y toma razón de diversos actos, hay firma obligatoria de convenio anual de gestión con Hacienda que evalúa una consultora externa por licitación pública, mecanismos de remoción constitucional contra el fiscal nacional y fiscales regionales, cuentas públicas obligatorias, etc. En definitiva, las normas legales que rigen el actuar del Ministerio Público permiten que todos los ciudadanos y diversas instituciones conozcan en detalle lo que se hace y lo que se gasta.
El nivel de eficiencia que mostramos (reconocido en toda Iberoamérica) se ha mantenido con el ímprobo sacrificio diario de funcionarios y fiscales. Para sostenerlo, es urgente el ajuste de dotación que venimos pidiendo. No bastan más policías para combatir la delincuencia, sin fortalecer la Fiscalía que lleva a los delincuentes a tribunales.
Como Ministerio Público, reconocemos la disposición de muchos parlamentarios que han dado su apoyo explícito al Plan de Fortalecimiento. Asimismo, el manifiesto interés del ministro de Justicia. Nuestra petición es seria, responsable, fundada y técnicamente solvente. Confiamos en que esta institución fundamental de la República debe ser robustecida. La única persecución penal efectiva en una democracia es la que hace una fiscalía robusta. Y en esa senda seguiremos.
