LA TERCERA EDICION IMPRESA | miércoles 10 de agosto de 2011
LA ACTUAL movilización de los estudiantes ha puesto en tela de juicio la labor de los municipios como administradores de la educación pública y han conseguido la voluntad del gobierno para, en palabras del ministro Bulnes, avanzar "en la desmunicipalización de nuestra educación estatal a través de un proceso gradual", pero que "no excluya a aquellos municipios que han estado funcionando y otorgando una educación de calidad".
Uno de los grandes problemas de la educación municipal, al margen de la calidad, es que en la mayoría de los municipios no se financia, obligando a los alcaldes a destinar parte importante del presupuesto a educación en detrimento de otras necesidades sociales. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Indicadores Municipales de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para el 2010, estas entidades, vía transferencias, destinaron alrededor de 134.000 millones de pesos a educación.
Ante esto, más que el debate sobre quién administra la educación, el acento debería recaer en quién podría administrarla correctamente con los actuales recursos. El consenso respecto de la necesidad de aumentar el monto de las subvenciones es una señal alentadora. El caso de la educación municipal deja de manifiesto la limitada influencia de éstas y lo injusta de muchas críticas que se les hacen hoy.
Las atribuciones municipales en educación se centran principalmente en lo administrativo, ya que las directrices técnicas vienen definidas por el Ministerio de Educación. De hecho, y a pesar de que los establecimientos educacionales se traspasaron a los municipios en la década del 80, en la práctica es el Mineduc quien toma la mayoría de las decisiones y el municipio pasa a ser un agente que vela por el cumplimiento de las mismas.
El modelo de educación municipal se fundó en un traspaso parcial de los establecimientos educacionales a los gobiernos locales, sin las atribuciones y los recursos que le correspondían a esta entrega de responsabilidad. El informe de 2004 de la Ocde, que incluía una completa revisión al sistema educativo chileno, sostenía justamente esto: "Es importante que las funciones estén claras para que el ministerio sea capaz de tomar decisiones normativas, aplicarlas, supervisar y sancionar su implementación… y que las municipalidades sepan qué decisiones deben tomar, bajo qué criterios y con qué medidas de responsabilidad".
Entonces, ¿por qué se apunta hoy a que los grandes responsables de la calidad de la educación son los municipios, cuando en realidad somos simples administradores de un sistema vertical de prestación que necesita nuestros recursos, pero en el que tenemos un escaso margen de acción?
Es hora de reconocer que las municipalidades de Chile han realizado esfuerzos importantes en la materia, alcanzando muchas de ellas buenos resultados en educación, rivalizando tanto con establecimientos particulares como subvencionados, por lo que nos parece injusto el lapidario juicio que nos sindica. Los municipios estamos disponibles para confeccionar "una fórmula" que nos permita complementarnos, integrarnos y cooperar, para responder a las crecientes demandas por una educación de calidad.
